La Justicia consideró que la licitación por el Gasoducto NK se realizó "conforme a las normas"
De esta manera, el juez Rafecas resolvió archivar la causa y aseguró que las acusaciones de presunta corrupción no eran ciertas
El Juez Federal Daniel Rafecas archivó hoy la causa que se abrió tras las acusaciones públicas del ex ministro Matías Kulfas sobre presuntas irregularidades en los procesos de licitación para la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner.
El ex funcionario fue citado a declarar frente al magistrado en Comodoro Py, donde negó que se hubiera favorecido intencionalmente a empresa alguna y argumentó que sus dichos anteriores habían sido proferidos en medio de una discusión política.
Además, Antonio Pronsanto, ex interventor de Energas, declaró en el mismo sentido y negó conocer hechos de corrupción o delitos en la licitación.
Tras estas declaraciones y luego de analizar la documentación requerida, Rafecas concluyó que “el proceso licitatorio se viene realizando conforme a las normas”.
El juez federal sostuvo que las acusaciones iniciales fueron descartadas “por no ser ciertas”, y concluyó que “la Justicia Federal no está llamada a entorpecer o interferir en políticas estratégicas, a partir de denuncias apresuradas que, a poco de andar, se muestran inconducentes para sostener un caso penal”.
En su fallo, el magistrado explicó que la premura en resolver la polémica en el ámbito judicial se debió a la importancia de la obra y afirmó que no quería provocar dilaciones innecesarias.
“Este Tribunal ha actuado con la máxima premura en pos de desentrañar los sucesos y arribar a una conclusión, puesto que, como representante del Poder Judicial de la Nación en esta causa, tuve plena conciencia, desde el primer momento, de la enorme trascendencia del asunto, de la importancia estratégica que este gasoducto tiene desde el punto de vista energético y para la economía nacional (debido a la sustitución de importaciones de gas)".
En ese sentido, agregó: "Si hay algo que nunca debería hacer la Justicia, es constituir un factor de distorsión, de entorpecimiento o de interferencia en políticas públicas, cuando sea llamada a intervenir a partir de la formulación de denuncias que, a poco de andar, se revelan como inconducentes para sostener un caso penal”.
