El ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y el ex secretario de Coordinación de esa cartera, Roberto Baratta, abandonaron el penal de Ezeiza esta madrugada. Fue luego que la Cámara Federal de Casación le indicara al Tribunal Oral Federal 7, a cargo de la causa de los cuadernos de las coimas, que haga efectiva las excarcelaciones dictadas a última hora de ayer.

El TOF 7 había rechazada la excarcelación pedida por sus  abogados, pero Casación tuvo en cuenta que De Vido y Baratta "llevan más de dos años de prisión y no está fundamentado ni el peligro de fuga ni el peligro de entorpecimiento de una investigación".

Es por eso que ahora, De Vido y Baratta ya se encuentan en sus casas, donde deberán cumplir con la prisión domiciliaria. 

Fuentes ligadas al exministro confirmaron a Télam que "está en su casa de Zárate acompañado por su compañera Alessandra Minnicelli y de su hijo" desde hoy a alrededor de las cinco de la madrugada.

Pese a haber abandonado el penal de Ezeiza, el ex ministro De Vido deberá cumplir con una detención domiciliaria que le fue impuesta por el TOF 1 en el marco de la causa en la que se investigan supuestos desmanejos con dinero público que debía destinarse a la mina de carbón de Río Turbio. Por su parte, Baratta, si bien no tiene dictada la prisión domiciliaria, cumple con el requisito de una tobillera electrónica, a sólo efecto de monitoreo, y se encuentra en su domicilio del barrio porteño de Belgrano, indicaron a Télam fuentes de su defensa.

La Justicia entendió que tanto De Vido como Baratta son dos personas claves para explicar el funcionamiento de recaudación ilegal que implementó el kirchnerismo mientras Cristina y Néstor Kirchner estuvieron en la Casa Rosada, más conocido como los cuadernos de las coimas. Ambos fueron procesados por el juez Claudio Bonadio como organizadores de la asociación ilícita que describió el chofer Oscar Centeno.

Pero la situación procesal de los detenidos dio un vuelco cuando los jueces Diego Barrotaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa de la Cámara de Casación pidieron revisar la situación de los imputados ante los nuevos parámetros fijados por el Congreso y cuestionaron que tribunal oral no haya explicado por qué mantuvo la prisión preventiva sobre los procesados y, en cambio, no aplicó otras medidas menos nocivas.

"La sala I de la Casación entendió que no se había efectuado un análisis adecuado de los motivos por los que los jueces del tribunal se decidieron por la medida cautelar más severa, es decir, la prisión preventiva. Ello, en virtud de la reciente implementación -parcial- del nuevo procedimiento acusatorio en materia penal", explicaron los jueces Barrotaveña y Petrone mediante un comunicado emitido este viernes.