La justicia le dio la razón a Ofelia Fernández y rechazó la cautelar que pretendía bloquear el Mapa de la Policía
La plataforma había sido presentada hace un mes por Ofelia Fernández. Arietto la denunció por “abuso de autoridad” e intentó censurarla, pero un fallo del juez Pablo Casas entendió que la iniciativa solo busca “la defensa y promoción de derechos individuales”.
En un fallo ejemplar, el juez penal porteño Pablo Casas desestimó este jueves el intento de censurar el “Mapa de la Policía” (www.mapadelapolicía.com), una plataforma lanzada hace poco más de un mes por la legisladora Ofelia Fernández con el objetivo de denunciar los abusos de las fuerzas de Seguridad en la Ciudad de Buenos Aires.
Ofelia había sido denunciada penalmente por la dirigente de Juntos por el Cambio Florencia Arietto, ex asesora de Patricia Bullrich y operadora de Diego Kravetz. La semana pasada, la fiscal Celsa Ramírez —de estrecho vínculo con el Pro porteño— le había dado curso a la presentación de Arietto e incluso había solicitado la “clausura o bloqueo preventivo” de la plataforma.
Tanto la legisladora como las organizaciones sociales y de Derechos Humanos que lanzaron la plataforma denunciaron ayer que detrás de la denuncia de Arietto y la resolución de la fiscal se escondía un “intento de censura” del Mapa y una “persecución política y mediática”.
Arietto había iniciado la demanda con el pretexto de que varias de las funciones de la plataforma —entre ellas proporcionar información sobre las distintas dependencias de la Policía de la Ciudad y sus autoridades, además de un canal abierto para la recepción de denuncias— constituían un “abuso de autoridad” y pretendían “generar confusión en la población” sobre el accionar de esa fuerza. El principal argumento era que el Mapa puede “sustituir o reemplazar” algunas funciones del ministerio de Seguridad porteño, que conduce Marcelo D´Allesandro.
Casas entendió que la denuncia de Arietto “carece de sustento”. “Si alguna confusión pudiera caberle a la ciudadanía en general, la responsabilidad por ese estado de cosas sería atribuible a las autoridades públicas que tienen una deuda con la autonomía de la Ciudad hace casi 28 años, antes que a una legisladora de la Ciudad que tiene 22 años, o a las organizaciones y asociaciones de derechos humanos con las que milita", fue una de las la conclusiones fulminantes del fallo.
Para el juez, “la iniciativa no está orientada a desplazar la actuación de los organismos judiciales que detentan la competencia constitucional para investigar y juzgar presuntos delitos y/o contravenciones cometidas por funcionarios/as policiales, ni tampoco a sustituir la actuación de los organismos administrativos que han sido normativamente instituidos para sustanciar actuaciones administrativas respecto de los/as funcionarios/as policiales denunciados/as”.
El “Mapa de la Policía” contiene además investigaciones periodísticas sobre el origen y la constitución de la fuerza, y también una geolocalización con cada caso de gatillo fácil cometido por la Policía de la Ciudad dentro del territorio porteño entre 2016 y 2022.
En total, fueron 38 los casos de gatillo fácil cometidos por la fuerza que conduce Horacio Rodríguez Larreta, de los cuales dos tercios del total se dieron en los barrios de zona sur y uno de cada tres en zonas aledañas a los barrios populares.
“No podemos ignorar que el temor que genera a la ciudadanía denunciar formalmente esta clase de hechos se debe principalmente a la falta de confianza en el funcionamiento de las instituciones públicas, lo que conforma una gran “cifra negra” de criminalidad, que dificulta la adopción de políticas públicas adecuadas para la prevención y sanción de la violencia institucional, sobre todo en nuestra región”, dijo Casas.
“Otros motivos que generan la cifra negra de hechos no denunciados son las bajas expectativas en relación a los resultados de la denuncia, y el temor a quedar expuestos a eventuales represalias. La falta de confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia penal es una barrera además para proporcionar información que podría ser útil para la investigación y en consecuencia de la resolución de los delitos”, agregó.
“En este contexto, la publicidad de los datos vinculados con asuntos de interés públicos, más aún si es consentida por las personas afectadas, tiene la potencialidad de contribuir a completar la información de los organismos públicos, proporcionando una estimación de los delitos no denunciados y aportando una herramienta de diagnóstico para evaluar el vínculo entre la ciudadanía y el sistema de seguridad pública”, dice otro de los tramos.
"El sitio web tiende a la defensa y promoción de derechos individuales, como de otros bienes jurídicos supraindividuales vinculados con el regular funcionamiento de la administración pública y la legalidad de los actos de las personas encargadas de ejercer la función pública", concluyó.