El juez federal Sebastián Casanello ordenó al Gobierno distribuir de “modo inmediato” las cinco mil toneladas de alimentos que tiene almacenadas. Por decisión del magistrado, el Ministerio de Capital Humano tiene 72 horas para presentar un plan para cumplir con lo dispuesto por la Justicia. 

Sin embargo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó que el Ejecutivo apelará el fallo de Casanello y consideró que la decisión judicial es una intromisión “en la política pública”. 

El juez federal también ordenó un operativo para este mismo lunes en los depósitos del Ministerio de Capital Humano para tener un inventario detallado de todos los alimentos que el Gobierno tiene guardados y se niega a entregar. 

Desde Casa Rosada aseguran que los alimentos no serán dados a intermediarios, pero tampoco los entregan de forma directa a nadie. En cambio, deja que se acumulen en depósitos mientras los comedores denuncian faltantes y cada vez más gente que se acerca a pedir comida. 

En ese contexto, la Justicia Federal encomendó "al Ministerio de Capital Humano a que, en el marco de sus competencias y de las obligaciones antes descriptas, elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas”. 

"El derecho humano fundamental a la alimentación está estrechamente ligado al derecho a la vida, a la dignidad y a la salud, los que están expresamente reconocidos en los tratados y convenciones de derechos humanos que integran el denominado ´bloque de constitucionalidad´. Los mandatos también contemplan la especial protección de determinados grupos de personas en función de alguna condición de vulnerabilidad”, argumentó Casanello en su fallo. 

A su vez, el magistrado señaló que según el último relevamiemto del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), “el 57,4% de la población argentina se encuentra en situación de pobreza, dentro del cual se encuentra más del 60% de los niños, niñas y adolescentes, cuyo 32% padece inseguridad alimentaria -el 14% de forma severa”.

Sin embargo, el juez rechazó el pedido de la fiscal Paloma Ochoa para que los alimentos se entreguen a todos los comedores que están inscriptos en el Registro Nacional de Comedores bajo el argumento de que “corresponde a la Administración elegir, según su enfoque, los medios más adecuados para asegurar el derecho fundamental a una alimentación adecuada y, en este caso puntual, distribuir los alimentos almacenados”.

Sin embargo, el Gobierno no tiene ninguna intención de cumplir con la orden judicial y adelantó que apelará el fallo. El portavoz de Casa Rosada, Manuel Adorni, afirmó que los alimentos almacenados “son reservados de manera preventiva para emergencias o catástrofes” y aseguró que “no hay un solo alimento que vaya a ser tirado a la basura”.

“Vamos a presentarnos para mostrar que lo nuestro es algo serio y no hacemos populismo. Por un lado, tenemos la política de asistencia y por otro la mercadería para futuras catástrofes. A algunos les molesta que hayamos terminado con los intermediarios”, aseguró. 

“Siempre fuimos respetuosos de la Justicia, lo que no quiere decir que utilicemos instrumentos legales cuando no estemos de acuerdo. Vamos a apelar. Consideramos que esto no es una cuestión de índole judicial sino de política pública. La Justicia no se puede entrometer en la política pública”, completó el funcionario.