La Libertad Vigila: Milei lleva gastados $165 millones para “monitorear” a medios y periodistas

Para decirlo amablemente, a Javier Milei la opinión de los periodistas le “resbala”. Eso dice, aunque 26 licitaciones consecutivas delatan lo contrario: ya son decenas de ministerios, secretarías y organismos nacionales los que encargaron “monitoreos de medios" por cifras altísimas. Es que puede que el Presidente odie a la prensa, pero eso no significa que le dé igual lo que dice: una investigación exclusiva de Diagonales descubrió que el Gobierno lleva gastados $165 millones para conocer hasta el más mínimo detalle de su reputación mediática – y no hay motosierra que lo detenga.

TV, radio, streaming, diarios nacionales e internacionales, prensa gráfica, portales web, newsletters, redes sociales – nada escapa a la vigilancia del Gobierno de La Libertad Avanza (LLA), que ordenó recortes en todos los programas, planes, asignaciones, partidas presupuestarias y transferencias, mas no en los “monitoreos de medios” que contrata. Fruto de ello, en casi un año y medio de mandato Milei y sus funcionarios ya ordenaron 26 licitaciones y contrataciones directas para averiguar qué se dice y cómo sobre el Ejecutivo por un módico precio acumulado de 165 millones de pesos.

Patricia Bullrich, Luis “Toto” Caputo, Guillermo Francos, Daniel Scioli, Luis Petri y Gerardo Werthein son solo algunos de los miembros del Gabinete que encargaron para sus áreas los servicios que, por lo demás, incluyen exigencias llamativas: desde “resúmenes escritos” hasta alertas push up cuando algún funcionario salga en primera plana, pasando por seguimiento en tiempo real en TV y radio, cobertura de artículos web e incluso informes especiales a las 6 de la mañana y atención 24/7 todos los días del año; en fin, una central de monitoreo inmensa y de elevadísimo costo para un Gobierno que exige odiar a la prensa pero la mira bien de cerca.

Qué y cómo: Las exigencias de la central de monitoreo libertaria

El 12 de marzo pasado, Petri (ese que festejó un astronómico Black Friday con fondos públicos en 2024) le puso la firma al procedimiento 2025-06467753 para adquirir un “Servicio de monitoreo de medios” para Defensa. La operación se concretó por $6,6 millones y fue la más reciente de una larga nómina de adjudicaciones prácticamente idénticas en numerosos sectores del Poder Ejecutivo Nacional. Como gran parte de sus antecesoras, esta contratación se extiende por 12 meses con opción a prórroga a libre disposición del organismo, que en este caso instrumentó la orden a través de la Dirección General de Prensa y Comunicación Institucional del Ministerio.

El 28 de noviembre, Bullrich había autorizado una operación parecida, si bien por un monto más abultado: $16,1 millones. Se trata del procedimiento 2024-99667868, también cerrado por 12 meses. Los detalles del pliego señalan que el servicio debe indagar en “menciones al Ministerio de Seguridad, su Ministro [sic] y sus funcionarios”, reportar “toda información sobre las fuerzas de seguridad dependientes del Ministerio: Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Servicio Penitenciario Federal y Prefectura Naval Argentina”, y dar cuenta de “toda información referente a seguridad, justicia y derechos humanos” que aparezca en la prensa.

Cabe mencionar que los medios y periodistas a observar no son fijos, sino que surgen de una preselección realizada por la empresa adjudicataria y pueden ser ampliados por los organismos contratantes. Por lo demás, tanto la operación de Defensa como la de Seguridad contienen en sus detalles técnicos la misma descripción sobre las características y requisitos de las auditorías, a saber:

• “Monitoreo online de radio y TV” con “cobertura en tiempo real de los programas y segmentos de mayor audiencia y envíos por mail de los contenidos del seguimiento con resumen escrito de lo emitido al aire”.
• “Monitoreo de web e internet” con “cobertura online de los sitios web de noticias más importantes en términos de audiencia” y “envíos por mail de los contenidos del seguimiento al instante posterior a la publicación en el sitio”.
• “Monitoreo de gráfica” con “cobertura de medios gráficos (diarios y revistas) de mayor circulación de la Ciudad de Buenos Aires” y un “resumen completo a las 6 de la mañana con todas las tapas de los diarios”.
• Newsletters “desde primera hora de la mañana” y “generación de informes editados” para que las autoridades puedan organizar y filtrar el contenido relevado.
• La utilización de una “app de desarrollo propio” que trabaje con “alertas ‘Breaking News’”. Este servicio aparece en otras operaciones bajo la forma de un sistema de notificaciones push up para teléfonos móviles.
• “Servicio de atención al cliente en doble turno 24/7 con disponibilidad incluso fines de semana y feriados”.

La lista completa y los casos destacados: “Toto”, Scioli y la obsesión por la reputación

No todas las 26 operaciones son iguales. El Ministro de Economía, por ejemplo, aprobó la más cara de todas: “Toto” Caputo gastó $18.026.400 en su servicio de monitoreo, que probablemente se encareció porque el titular de Hacienda pidió cubrir “medios nacionales e internacionales”. Bajo su cartera se dispuso también otra contratación especial: la de la Secretaría de Energía que conduce María Tettamanti, que por $13.687.200 pidió contemplar además “redes sociales” en la auditoría.

Un tercer caso destacado es el de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que sumó condimentos particulares al servicio de seguimiento. Además de la cobertura “básica” ya mencionada, Scioli pidió monitorear “el impacto de las acciones llevadas a cabo por los funcionarios” del área “y sus repercusiones en el público”. Como para terminar de aclarar que lo importante es su reputación en la opinión pública, el neolibertario agregó: “También es necesario realizar un seguimiento de noticias y apariciones en los medios de comunicación por parte del titular de la Secretaría”. La operación costó $14.760.000.

Por lo demás, la lista de licitaciones y contrataciones directas es realmente extensa. Entre el 11 de abril de 2024 y el 12 de marzo de 2025 -es decir, en solo once meses-, el Gobierno de Milei autorizó y adjudicó 26 operaciones por un monto total de $165.368.988 para conocer cómo hablan los medios sobre los siguientes organismos de la administración:

• Ministerio de Economía ($18.026.400).
• Ministerio de Seguridad ($16.146.000).
• Jefatura de Gabinete de Ministros ($14.400.000).
• Ministerio de Relaciones Exteriores ($13.615.200).
• Ministerio de Defensa ($6.600.000).
• Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes ($14.760.000).
• Secretaría de Energía ($13.687.200).
• Agencia Nacional de Seguridad Vial ($11.700.000).
• Comisión Nacional de Valores ($8.708.400).
• Acumar ($6.600.000).
• UIF ($6.222.000)
• ANSES ($5.916.000 )
• Gendarmería Nacional ($5.589.000).
• ENACOM ($5.400.000, ampliada por $ 1.575.000 más).
• Junta de Seguridad en el Transporte ($5.256.000).
• Agencia Nacional de Discapacidad ($5.244.000).
• INDEC ($5.179.800 ).
• Superintendencia de Riesgos del Trabajo ($4.680.000).
• SEDRONAR ($4.160.400).
• SIGEN ($3.600.000 ).
• Administración de Parques Nacionales ($3.599.988).
• Comisión Nacional de Regulación de Transporte ($3.480.000).
• Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social ($2.880.000).
• Procuración del Tesoro ($2.520.000).
• Superintendencia de Servicios de Salud ($2.520.000)
• Autoridad Regulatoria Nuclear ($720.000, ampliada por $240.000 más).

¿Qué se puede hacer con 165 millones de pesos?

Desde luego, LLA no inventó los monitoreos de medios. Licitaciones de este tipo se registran hace largo tiempo -el Gobierno precedente encargó más de cien, por caso-. Las 26 de Milei, como muchas que las antecedieron, fueron adjudicadas a la firma EJES S.A., una reconocida consultora y agencia de clipping contratada por múltiples organismos públicos. Lo que llama la atención es el timing: en medio de un régimen de ajuste que jubilados, docentes, médicos e industrias como las de Tierra del Fuego sufren sin auxilio de la gestión nacional, Milei y su Gabinete se patinaron $165 millones para averiguar cómo hablan los periodistas sobre el Gobierno. Ahí no corta la motosierra.

Esta semana, el vocero Manuel Adorni -dueño de una gigantesca estructura institucional repleta de designaciones a dedo- anunció la degradación de la Secretaría de Derechos Humanos (DDHH) al rango de Subsecretaría para ahorrar fondos. De acuerdo con un reciente informe de Chequeado, el año pasado el sector había destinado $16 millones al seguimiento de “Procesos judiciales contra delitos de lesa humanidad” (cuestión que implica directamente a varios diputados de LLA). Es una cifra diez veces más pequeña que la utilizada por Milei para vigilar a la prensa.

Otras partidas presupuestarias de la flamante “Subse” de DDHH son todavía más austeras. En 2024, el presupuesto para la manutención de la “Muestra permanente del Museo de Sitio de Memoria de la ESMA” demandó $10 millones, mientras que la “Puesta en valor de sitios y espacios de memoria” requirió $4,8 millones. Este año, el Gobierno libertario no les asignó ni un solo peso. Por otro lado, apenas hace falta comparar el gigantesco monto de $165 millones a la jubilación mínima de $366 mil en mayo (podrían pagarse 450) o al bono de $70 mil (podrían entregarse 2.360).

Hace un mes, el Presidente alegó que “la gente no odia lo suficiente a los periodistas”, y poco después un importante conductor opositor fue atacado en la vía pública. Dos semanas atrás, el Gobierno duplicó la apuesta y denunció penalmente por calumnias e injurias a tres reporteros que lo cuestionaron. Este miércoles, la Policía detuvo violentamente a dos fotógrafos, a uno de los cuales los efectivos le pisaron la cabeza para retenerlo, durante la cobertura de la marcha de jubilados. En materia discursiva, política, de seguridad y hasta judicial, la gestión libertaria detesta a la prensa; en la práctica, Milei la mantiene vigilada cueste la plata que cueste.