El gobierno de Javier Milei, en el marco de la emergencia pública declarada en el Decreto de Necesidad y Urgencia 170/24, implementó una serie de recortes en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) como parte de su plan de reducción del Estado.

Estos recortes incluyen la cancelación de contratos de trabajadores, la eliminación de gastos en horas extra y desplazamientos, así como la reducción de fondos destinados a la realización de festivales de cine. 

A través de una resolución interna denominada "Suspensión de Erogaciones Económicas en el marco de racionalización de recursos", se ordenaron una serie de medidas en 12 artículos, entre las que se encuentran la finalización de todos los contratos que vencen el 31 de marzo, la suspensión de pagos de horas extras, compra de alimentos, gastos en telefonía celular y pasajes al extranjero.

Además, se anunció la eliminación de aportes económicos e institucionales para estrenos de películas y festivales, así como la retirada del apoyo económico a las provincias. 

En total, se prevé la cancelación de 138 contratos, de los cuales 90 finalizaban en marzo y 48 se interrumpen de manera inmediata. 

Esta medida genera preocupación y malestar entre los trabajadores del INCAA, quienes temen por la continuidad de sus puestos laborales y por el impacto en la industria cinematográfica nacional.