En pleno marco de discusión por la judicialización de la política, la Oficina Anticorrupción impulsa ahora una denuncia penal contra Patricia Bullrich, Marcos Peña y Gerardo Milman. La acción legal se dio en el marco de una investigación sobre presuntas irregularidades en el direccionamiento de una compra de sistemas de seguridad de pasos fronterizos realizada en 2016, en plena etapa de gestión de Cambiemos.

La denuncia alcanza a la ex ministra de Seguridad de la Nación, el ex jefe de Gabinete y el actual diputado de la Nación de Juntos por el Cambio. La acusación es por una licitación irregular en la que el Gobierno de Cambiemos habría optado por la opción más costosa en perjuicio de las arcas estatales por 5 millones de dólares, entre otras irregularidades.

“No quedan dudas respecto de la voluntad de la entonces Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y del Secretario de Coordinación Planeamiento y Formación de dicho Ministerio, Alberto Fernando Föhrig, de favorecer a las firmas ganadoras en perjuicio de la administración pública”, expresa la presentación judicial de 26 páginas que la Oficina Anticorrupción presentó ante la justicia.

Al igual que Bullrich, Peña y Milman, también quedó implicados en la causa por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” el mencionado Fernando Alberto Fohrig.

En el documento de la denuncia se explica que “las numerosas irregularidades administrativas descriptas confirman la decisión de obrar en beneficio del consorcio IAI-ELTA/Rafael Ltd. en forma rauda y expedita, despreocupándose por siquiera disimular mejor la maniobra”.

En ese sentido, la “maniobra” que señala la OA consistió en direccionar la compra de sistemas de seguridad para pasos fronterizos a una empresa a la que Cambiemos le pagó 35 millones de dólares, 5 millones más de lo que ofrecían las demás competidoras en la licitación.

Según agrega la denuncia, Bullrich “resolvió adquirir el millonario sistema de seguridad de fronteras a Israel Aeroespace Industries Ltd. (IAI), es decir a una de las firmas representadas por Barr Eitamar, mediante un procedimiento que exhibe las irregularidades que se describirán a continuación”.

Cabe recordar que la administración de Bullrich frente al ministerio de Seguridad de Mauricio Macri ya había quedado envuelto en polémicas por diversos motivos. Entre ellos, se destaca la adquisición de un robusto cargamento de pistolas eléctricas Taser, elementos cuestionados por organismos de derechos humanos y que no están aún validados para su uso en las fuerzas de seguridad.