La ONU advirtió sobre "el grave deterioro" de las libertades fundamentales en la Argentina de Milei
Un grupo de relatores de Naciones Unidas denunció y pidió información al Estado argentino sobre el accionar de las fuerzas represivas en manifestaciones pacíficas, ataques a la libertad de expresión y medidas que consideraron una avanzada sobre la independencia del Poder Judicial
Paradójicamente, el gobierno de La Libertad Avanza quedó en la mira de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) luego de que un grupo de nueve relatores del Consejo de Derechos Humanos del organismo multilateral expresara su “seria preocupación” ante “el deterioro grave de las libertades fundamentales y del espacio cívico en la República Argentina desde diciembre del 2023”.
El informe sobre el accionar de las fuerzas federales y del propio Gobierno nacional fue lapidario. En mayo de este año, la ONU envió una carta al Poder Ejecutivo para requirir información sobre una serie de medidas que podrían representar un "ataque a la independencia judicial" y un deterioro de la democracia.
En el texto, los relatores del organismo denunciaron graves casos de represión a la protesta social, hostigamiento a jueces y uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas federales. La misiva advierte sobre hechos y situaciones “alarmantes” luego de la aprobación del Protocolo Antipiquetes, actitudes que atentan contra la libertad de protesta y de expresión, y diversas denuncias sobre hostigamientos a jueces y fiscales que investigan el accionar represivo.
Sin embargo, a pesar de la gravedad de lo descrito en el informe, el Gobierno nacional no brindó ninguna respuesta ni la información requerida. Por eso, tras dos meses de silencio e indiferencia, los representantes de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU difundieron públicamente la carta que habían enviado a las autoridades argentinas.
A partir de ello, recién esta semana el ministerio de Relaciones Exteriores solicitó una prórroga al organismo "con el fin de dar respuesta” a los requerimientos.
LA CARTA DE LA ONU
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU sostuvo que el accionar del Estado nacional frente a las diversas protestas y manifestaciones opositoras implicó “violaciones a la libertad de expresión, libertad de reunión pacífica y asociación", “uso desproporcionado de la fuerza” y “detenciones arbitrarias en el contexto de asambleas pacíficas”; "así como violencia y tratos crueles, inhumanos y degradantes en el contexto de detenciones arbitrarias, y acciones que impiden la independencia judicial y, por lo tanto, el acceso a la justicia por los hechos cometidos, incluyendo graves violaciones a los derechos humanos”.
“Los Estados no solo tienen la obligación negativa de abstenerse de interferir indebidamente en los derechos de reunión pacífica y de asociación, sino también la obligación positiva de facilitar y proteger estos derechos de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos”, señaló la carta de los relatores.
En el documento, advirtieron puntualmente sobre la utilización de “tácticas disuasorias” en asambleas y concentraciones como el bloqueo de ingresos a la ciudad de Buenos Aires, el “encierro” de manifestantes, el despliegue “desproporcionado” de vehículos y agentes de fuerzas federales, el uso “permanente" de gases, la existencia de “personas heridas que no han recibido la atención médica necesaria”, y la detención arbitraria de manifestantes, periodistas, reporteros, camarógrafos en base a cargos "vagos”.
La carta del organismo multilateral hace especial mención a las represiones de todos los miércoles a las manifestaciones de jubilados frente al Congreso nacional y en particular a la ocurrida el 12 de marzo pasado, cuando el reportero gráfico Pablo Grillo recibió el impacto de una granada de gas lanzada por la Genderamería en la cabeza.
Por otro lado, en relación a la indepencia de la Justicia, los relatores de la ONU expresaron su "profunda preocupación por lo que parece ser un esfuerzo organizado y deliberado para hostigar y castigar a jueces en represalia por su labor judicial”.
“Nos preocupan especialmente los informes sobre procesos penales y disciplinarios contra jueces, en lo que parece ser una represalia por el contenido de una decisión tomada en el ejercicio normal de sus funciones judiciales”, expresaron.
Finalmente, el informe señaló que el accionar y las medidas represivas “habrían estado acompañadas por discursos hostiles de altos funcionarios, tanto del gobierno nacional como de gobiernos provinciales y locales, contra organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales, colectivos y personas que hacían llamados u organizaban movilizaciones pacíficas”.
“Expresamos nuestra preocupación por la calificación política de las protestas por parte de las autoridades como actos de terrorismo o delitos contra la seguridad nacional”, completaron.