La pista del dinero y la responsabilidad del Gobierno nacional. Por esas dos líneas de investigación, que tanto preocupan a la Casa Rosada y a sus diversas terminales, avanza el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en la causa por la red de espionaje y extorsión que involucra al abogado trucho Marcelo D’Alessio y que salpica al fiscal Carlos Stornelli y a otros nombres de la política, la justicia, los servicios de inteligencia y la prensa.

El magistrado ya inició una pesquisa derivada del expediente central, donde de forma específica buscará determinar el posible lavado de activos provenientes de las operaciones ilegales que realizaban D’Alessio y sus eventuales socios. Es una escena clásica: transferencias millonarias de fondos opacos hacia paraísos fiscales donde nada se pregunta. Para el juez, las maniobras que produjeron ese dinero que luego fue enviado al exterior sólo son posibles gracias a múltiples complicidades necesarias, ya sea por acción u omisión. Y es ahí donde el gobierno entra en la hipótesis de Ramos Padilla, a través del rol puntual de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que dirige el amigo presidencial Gustavo Arribas, junto a la subdirectora Silvia Majdalani.

En concreto, en sus últimos fallos, el juez viene haciendo foco en la actuación de la AFI, a la cual ya le reclamó todos los datos de los que disponga sobre los sospechosos. Como mínimo, el magistrado considera muy extraño que un sujeto como D’Alessio se haya podido pasear por estudios de TV, haciendo gala de contar información privilegiada, mientras extorsionaba a empresarios en causas federales, sin que al jefe de los espías le haya sonado alguna alarma. “La actuación de D’Alessio fue tan pública  que, al menos, debiera haberse activado algún mecanismo tendiente a averiguar si el nombrado pertenecía o no a los organismos con los que él mismo públicamente se identificaba”, sostuvo Ramos Padilla en su resolución del 12 de abril, donde también concluyó que, como mínimo, “ha existido una enorme impericia por parte de aquellos que debían controlar y evitar que organizaciones de estas características se desenvolvieran con total impunidad”.

Por si el mensaje no había llegado hasta Arribas, una semana después y a instancias del fiscal federal de Dolores, Juan Pablo Curi, el magistrado solicitó a la AFI los registros de llamados o mails que pudieran haberse intercambiado entre la central de inteligencia y el falso abogado, los policías bonaerenses retirados Ricardo Bogoliuk y Aníbal De Gastaldi, y el exespía Rolando Barreiro.

Los reproches a la conducción de una Agencia que parece ser el último en enterarse de hechos que son de su natural incumbencia, también salieron a la luz cuando se filtró en los portales de noticias la versión taquigráfica entera de la visita de Arribas y Majdalani al Congreso. El 4 de abril, los funcionarios habían mantenido una intensa reunión la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, donde varios de los integrantes les enrostraron su llamativa falta de información. “Yo digo: el personaje andaba por las calles de Buenos Aires con una sirena. Este es un hecho público; muchos testigos lo acreditan de esa manera. ¿Nunca lo detectaron, digamos, vendiendo humo? Porque vendía humo, estamos de acuerdo. Pero ¿nunca lo embocaron? Es raro que no lo hayan embocado a este personaje”. Ese fue el planteó que les hizo el senador Miguel Ángel Pichetto, uno de los más moderados en la Bicameral. En su defensa, Arribas y Majdalani abundaron en cuestiones formales, pero hicieron agua en lo político. Fue otro acicate para la preocupación que crece en Balcarce 50, donde saben que en cuestiones de poder es más tolerable una sospecha sobre la conducta que la etiqueta de incompetente.

La avanzada sobre las puertas de la AFI y, por extensión inevitable, de la presidencia de la Nación, no es ya sólo una iniciativa de Ramos Padilla, sino que cuenta con el novedoso respaldo del fiscal Curi, que en un principio se había manifestado en contra del juez, al que incluso cuestionó en su competencia territorial, proponiendo llevar el caso a los tribunales de Retiro, en sintonía con las defensas de Stornelli y D’Alessio. Pero la postura de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, que una y otras vez ratificó y respaldó lo hecho por el Juzgado de Dolores, dio paso a un cambio de actitud en Curi, que incluso recuperó la iniciativa. Por ejemplo, son de su autoría el pedido de datos a la AFI y las acciones que ponen la lupa sobre Stornelli por posibles tareas de espionaje a un exnovio de su actual pareja.

Incluso, cuando varias de las partes en el expediente intentaron recusar a Curi, el magistrado lo respaldó de forma definitiva. “La diferencia de criterios en torno a cuestiones jurídicas que se pudieren suscitar entre las partes o con el Tribunal a lo largo del expediente, no permite inferir una pérdida de objetividad o un temor de parcialidad que autorice el apartamiento de ningún magistrado”, concluyó el juez.

Era un buen momento para aprovechar el asedio a un funcionario que lo contrariaba, pero Ramos Padilla, de nuevo, se mostró mesurado y metódico. Es el mismo estilo, poco frecuente en la justicia de alta exposición, con el que hasta ahora logró inclinar múltiples escenarios adversos, a pesar de las resistencias –cuando no, de los ataques– de Comodoro Py, la Casa Rosada y los principales medios de comunicación. Esta solvencia es otra gran fuente de malestar para la mesa chica del presidente Mauricio Macri, que ya tiene suficientes problemas en resolver el día a día de la gestión y su propia encrucijada electoral.