El gobierno parece dispuesto a responder a la polarización económica, vinculada con la polarización política, con mensajes de polarización discursiva. Esto a todas luces es un acto de irresponsabilidad.

Nuestro país, si quiere romper con los ciclos en los que mejora la igualdad social y baja la pobreza, seguidos de períodos en los que cae la industria, sube el desempleo, la deuda y sube la pobreza, requiere de acuerdos productivos, fiscales, monetarios, comerciales entre todos los sectores. Porque el gran problema de fondo de la Argentina es la desigualdad y el penduleo cíclico producto de sectores con intereses y comportamientos muy distintos.

En efecto, en la Argentina conviven

-Un campo con una fuerte ganancia por exportaciones;

-una industria que requiere dólares para crecer pero que es deficitaria en divisas;

-sindicatos históricamente fuertes y con capacidad de daño a todo el sistema productivo;

-sectores populares que sin la redistribución del ingreso desde el Estado, no alcanzan mínimos básicos de calidad de vida;

-un Estado que se hace más fuerte cuando crece la industria;

-sectores transnacionalizados, sobre todo en alimentos y energía, que apuntan más al mercado externo que al local;

-bancos extranjeros preocupados por mostrar negocios en sus casas matrices antes que en financiar la producción transable del país;

-un mercado interno que gana vigor cuando baja el desempleo, lo cual se relaciona con mejoras industriales;

-gobiernos que no resuelven la tensión de largo plazo entre legitimidad social y defícit fiscal.

Todos estos actores viven en constante disputa política (para imponer su interés) y estructural (según la disponibilidad de divisas).

Estos sectores están en un equilibrio catastrófico, un equilibrio débil que se rompe cíclicamente con cada restricción externa. Que se rompe con cada gobierno que tiene orientaciones extremas sobre las medidas que tomaban gobiernos de base de representación distinta. De alguna forma se puede ver que o se representa al pueblo o a los trabajadores, con sectores transnacionalizados que juegan de modo desleal sobre el modelo de acumulación, o se apoya a estos sectores extranjerizantes que generan una fuerte disputa y pauperización social.

Se suele decir que el Estado se retira y desregula el mercado para que éste último asigne recursos de una manera eficiente. Pero toda la historia económica de la Argentina está signada por grandes beneficios otorgados para sectores concentrados cuando el Estado no interviene con medidas que destruyen la equidad social.

Como para muestra alcanza un botón, cabe recordar los momentos en que el Estado "desreguló la economía" tales como la época de la dictadura o los famosos noventas, donde además primaron lógicas monetaristas. Lo que puede verse es que en realidad esa "desregulación" teórica significó un marco de reglas, que en la práctica beneficiaron grandes grupos económicos, sectores de ganancias extraordinarias y empresas transnacionales (por ejemplo recordar la licuación de deudas que se dio con el seguro de cambio en la dictadura, que benefició, entre varios otros, al Grupo Macri, y las privatizaciones que durante la convertibilidad, le otorgaron ingentes beneficios, entre varios otros locales y extranjeros, -¡epa, de vuelta!- al Grupo Macri).

Para sostener estos ciclos de apertura, los gobiernos se endeudan de una manera feroz, creando una verdadera herencia de dependencia en el futuro, que muy pocas veces puede romperse, tal como se vivió en los 10 años de 2003 a 2013

En este sentido, hay un factor determinante que se repite en la dictadura, en los noventas, y de manera incipiente en la actualidad gobiernos que adoran la deuda, que toman deuda externa para el Estado promoviendo altas tasas de interés, que se sitúan por encima de las tasas internacionales, y de esta forma favorecen la institucionalización de la valorización financiera y la fuga de capitales. Lejos de una libertad económica que brinde salud a la economía, se trata de un libre mercado intoxicado por una deuda pública que apunta a destruir su tejido productivo en el contexto de la apreciación cambiaria (sostenida con deuda), apertura, y caída del mercado interno con el consecuente aumento del desempleo.

El Estado no debe retirarse, ni desregular, por el contrario, debe planificar. ¿Cuál es el problema de fondo de la Argentina, más allá del modelo dominante?

La notable incapacidad para lograr una combinación de coerción y consenso de largo plazo entre todos los actores mencionados. Esa combinación de coerción y consenso, que podríamos llamar hegemonía de largo plazo, que permitió políticas productivas de Estado, es lo que lograron los países desarrollados del mundo. De esa forma, en base a diagnósticos realistas, lograron estabilidad macroeconómica, niveles crecientes de distribución del ingreso equitativo pero, a su vez, cuidando de no presionar la inflación, se endeudaron en niveles que no ponían en juego la capacidad del Estado para sostener esa hegemonía, muy vinculada a la independencia económica.

Acá este tema se conoce bajo la idea de políticas de Estado. Que no las hay en nuestro país. No sólo deben buscarse para lograr un desarrollo de largo plazo, además deben ser políticas orientadas al desarrollo (tautológico pero crucial), y eso se logra con hegemonía de largo plazo distributiva, inversora, fiscal, monetaria, industrial y de asignación de recursos con un plan.

Nadie dice que fuera fácil. No lo logró ni el kirchnerismo (aunque coqueteó en varios momentos con políticas aceptables), ni lo está logrando Cambiemos (con un combo de deuda y dependencia que sabemos dónde termina). Es muy difícil, por eso no salimos de nuestras crisis cíclicas. Depende de la voluntad política, no es imposible.

Una forma de empezar a transitar este camino es con un plan de crecimiento que sea autosustentable, con estrategias industrialistas, de menor a mayor, con financiamiento desde la promoción estatal, con una pensada protección comercial de sectores industriales claves, poniendo en el tablero el hecho de que nuestro país tiene una buena cuota de recursos naturales per cápita (aunque menos que Chile, Canadá o Australia), y redistribuyendo la renta de los sectores más competitivos hacia los que generan mayor demanda local, más actividad y por tanto empleo, con mejoras en el consumo y la recaudación.

La solución no es polarizar, sino la búsqueda de acuerdos multisectoriales (trabajadores, industria, campo, servicios, empresas transnacionales y Estado).