La política social, otra de las diferencias clave ante halcones y palomas en el Pro

La Cámara de Diputados prorrogó este jueves una vieja ley de 2018 que prohíbe los desalojos forzosos en los más de cinco mil barrios populares, villas y asentamientos que tiene el país. La norma fue votada casi por unanimidad, y en la oposición se impuso la lógica: el texto había sido impulsado durante el gobierno de Mauricio Macri, por lo que el bloque de Juntos, salvo una sóla excepción, acompañó tal y como se esperaba. Pero la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, decidió subirse por derecha a la discusión y lanzó una dura crítica contra el resto de los legisladores de su propia fuerza.

"Si sos okupa, no te pueden embargar. Si pagás impuestos y alquilas una propiedad, te destruyen. No entiendo, ¿a quién defendemos? Esto hay que explicarlo”, dijo Patricia en sus redes sociales.

Tocada por lo que considera parte de su rol como funcionaria y hasta de sus convicciones políticas, la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, María Migliore, salió inmediatamente a cruzarla. “Patricia, nuestro espacio siempre se propuso como norte resolver los problemas de Argentina. La ley que sacamos en 2018 para la integración de los barrios populares viene a dar respuesta a 5 millones de personas que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad”, le respondió, también vía redes sociales.

Migliore expresa la política social de Rodríguez Larreta. A diferencia de las gestiones de Macri en la Ciudad, el jefe de Gobierno cambió las topadoras por la política de “integración socio-urbana”, de la mano del sector privado, bajo una metodología conocida como “Impact investing”, sobre todo en la urbanización de la Villa 31. Ese proceso, incluso, fue profundizado en su segundo mandato.

Migliore tuvo un rol protagónico hace tres meses cuando los “equipos de gestión” que trabajan en las distintas plataformas de un hipotético gobierno larretista se juntaron en La Matanza para discutir el futuro de los planes sociales. El documento resultante expresa su mirada del problema: el programa Potenciar Trabajo debe ser reemplazado por un nueva política de asistencia y las organizaciones sociales no deben ser perseguidas, sino integradas, aunque subordinadas al Estado y no con el rol protagónico en el diseño de las políticas que ostentan hoy. Así, de hecho, funciona en la Ciudad.

Lo curioso es que el Potenciar Trabajo fue una medida implementada también durante el gobierno de Macri. Ya entonces había sido fruto de polémica: mientras Patricia Bullrich, como ministra de Seguridad, pedía reprimir las manifestaciones en la 9 de julio y recortar los planes, Larreta contestaba que la Policía la manejaba él y que prefería no pagar ese costo. Esos conflictos entre Patricia y Larreta previos a 2019 fueron la antesala de los cruces que se ven hoy.

En el larretismo proponen cambiar la política social, pero reconocen que no va a ser nada fácil, sobre todo frente a la crisis de ingreso que desató la inflación y porque no desconocen el poder de presión de las organizaciones. Fue la UTEP la que consiguió, en 2016, la Ley de Emergencia Social que creó el Potenciar Trabajo, luego de amenazar con pasar las fiestas en el Puente Pueyrredón y gracias a su buena relación con la ex ministra del área, Carolina Stanley, hoy funcionaria de Larreta como asesora tutelar. Esa encerrona les deja poco margen para profundizar “a fondo”, como pide Patricia y también el propio Macri, incluso en tono autocrítico.

UNA MASA CRÍTICA POR DERECHA, CONTRA LOS PLANES Y MAPUCHES 

Uno de los que votaron en contra de la prórroga de la ley que protege a los barrios fue el diputado por el Pro por Neuquén, Francisco Sánchez, el mismo que pidió “pena de muerte” para Cristina Kirchner.

Sánchez busca su candidatura a gobernador por esa provincia y, luego de la votación en la Cámara baja, compartió este viernes un asado en Puerto madero junto a Eduardo Bolsonaro, el hijo del actual presidente brasileño, Jair Bolsonaro, quien está de visita en el país. Del encuentro participó también Miguel Pichetto, del Peronismo Republicano, uno de los dirigentes que con más dureza ataca por igual a mapuches, piqueteros y dirigentes sociales.

Otra de las diputadas que votó en contra de la prórroga es la devenida en libertaria Carolina Píparo, del bloque de José Luis Espert. Junto al Bullrich, Pichetto, los republicanos de López Murphy y el espacio de Javier Milei, conforman una suerte de masa crítica que construye sentidos por derecha de criminalización de los sectores populares.

Al tándem habría que sumar, aunque con matices y contradicciones, al propio Mauricio Macri. “Aquellos que reciban la ayuda solidaria del resto de los argentinos deberán saber que su duración en el tiempo será limitada. Deberán capacitarse para estar en condiciones de ingresar lo más rápido posible en el mercado laboral formal”, dice uno de los capítulos difundidos a forma de adelante de su nuevo libro, “Para qué”, que repasa de forma autocrítica los principales hitos de su paso por la Rosada y con el que intenta marcar la cancha hacia adelante.

Con el conflicto y la represión en Villa Mascardi todavía fresco, otro de los párrafos de promoción del libro de Macri va más allá y en sintonía con Patricia apunta que "tendremos que replantearnos, la sociedad y sus líderes, la política en materia de cortes de calles y rutas. No existe ninguna posibilidad de que continuemos asistiendo al triste espectáculo de fuerzas de seguridad que no actúan”.