A través de una resolución del Ministerio de Economía publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno echó a 367 empleados estatales, entre ellos 286 del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La medida se tomó minutos después de que el Senado de la Nación rechazara el Decreto 462/25 que pretendía cerrar el organismo. 

Además de los despedidos del INTA, la administración de Javier Milei pasó a disponibilidad a 49 trabajadores del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), 8 empleados del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y 97 de la Agencia de Seguridad Vial. 

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) aseguran que la decisión del Gobierno nacional es una represalia por la derrota que sufrieron en el Congreso, luego de que el Senado convalidara el rechazo a cuatro decretos de facultades delegadas y un DNU; entre ellas el desguace del INTA. 

La resolución del Ministerio de Economía, firmada por el propio Caputo, fue registrada a las 19.28 del pasado jueves, justo una hora después de la votación en la Cámara Alta. 

X de Rodolfo Aguiar

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, denunció que Milei “desafía a dos poderes del Estado” al “desobedecer” una sentencia judicial que impide la eliminación o reestructuración del INTA y con la definición del Congreso Nacional. 

“La Resolución 1240 del Ministerio de Economía aumenta el deterioro democrático de nuestro país”, exclamó del dirigente gremial. “Están facturando el Estado de Derecho”, sentenció. 

Para Aguiar, “el Gobierno actúa al margen de la ley” y su accionar revela “una grave persecución sindical, porque el listado de los agentes pasados a disponibilidad son casualmente los delegados sindicales y aquellos que participaron de los reclamos y se movilizaron”.

“Se trata de un acto administrativo viciado, es inaplicable. Es evidente que hay mala fe y que el Gobierno actuó con malicia”, enfatizó y adelanó que ATE recurrirá a la Justicia para intentar revertir los despidos.  

Finalmente, el sindicalismo no descartó nuevas medidas de fuerza en la administración nacional.