Las demandas por un activo involucramiento del Estado para afrontar la crisis global producida por la pandemia, da cuenta de un renovado acuerdo sobre la relevancia de la intervención estatal para contener el COVID, para el desarrollo de tratamientos para combatir el virus, para atenuar los efectos socioeconómicos, así como para asumir los retos de la pospandemia. Pero, ¿a qué Estado se apela?

Enfrentarse a una problemática desconocida y novedosa conllevó a la búsqueda de soluciones con los recursos y conocimientos disponibles, que luego se fueron ajustando en función del desarrollo de la pandemia, de los aprendizajes, de los avances científicos y de la propia experiencia. Las diversas y variadas políticas públicas llevadas adelante, reflejaron las potencialidades del accionar estatal, pero también pusieron de relieve falencias, limitantes y debilidades históricas de las capacidades efectivamente adquiridas por el Estado.

Se evidenció, una vez más, que las apelaciones por un Estado eficiente, activo, competente, innovador, requieren del desarrollo de capacidades estatales para el exitoso involucramiento estatal en la resolución de las problemáticas públicas. 

Por capacidades estatales aludo a dos dimensiones. Por un lado, al denominado aparato estatal es decir, a la cualidad de sus estructuras organizacionales, a la dotación de recursos financieros, a la cualificación de sus recursos humanos y a su autonomía conceptual–esto es, diseñar políticas públicas endógenamente, en consonancia a nuestros problemas y realidades y no replicar recetas importadas-. Asimismo, me refiero ala coordinación intraministerial y a la articulación escalar, esto es entre las diversas instancias estatales nacionales, provinciales y municipales. Aspectos que posibilitan formular e implementar políticas públicas para afrontar la actual crisis, y para configurar y hacer viable un proyecto estratégico de desarrollo nacionalmente articulado con protagonismo regional.

Por otro lado, ello se complementa,con diversas modalidades de vinculación del Estado con el resto de los actores que operan en el territorio, ya sean locales, nacionales o trasnacionales. Relaciones que implican retroalimentaciones, construcciones de consensos, cooperaciones para el diseño de la estrategia pero también direccionamiento y condicionamiento a los comportamientos para que se ajusten al camino definido.

El examen sobre esos aspectos dela organización, del accionar estatal y de los modos de vinculación con el resto de los actores, nos permiten indagar sobre el estado del Estado, sobre sus límites y sus potencialidades de acción (luego de décadas de transformación y reformas) y debatir qué Estado queremos/necesitamos y para qué. Esa desafiante tarea se conjuga con otra no menos ardua y conflictiva: la conformación de un sólido y amplio consenso -y la voluntad de acción- en diversos sectores políticos, sociales, económicos y académicos sobre la necesidad de colocar como aspecto central en un proyecto de desarrollo nacional, la construcción de capacidades estatales.

Sin la superación de las limitantes y debilidades del Estado no será posible afrontar la crisis de la pandemia y menos aún los desafíos que requiere la construcción de un proceso de desarrollo e inclusión. Sino colocamos entre las prioridades la reconstrucción del Estado y el fortalecimiento de sus capacidades nos encontraremos una vez más con proyectos fallidos y con el agravamiento de la crisis social y económica. Escenario propicio para la emergencia de aquellas voces que atacan y cuestionan al Estado como un legítimo actor en la resolución de los problemas colectivos y en la construcción de sociedades más justas. 

* Doctora en Ciencia Política (UNR), Magister en Administración y Políticas Públicas (UDESA)  y Licenciada en Ciencia Política (UNR). Docente e investigadora de la UNL y docente de la UNER