Las caras ocultas de los despidos en la era Milei (I)
Decenas de funcionarios de La Libertad Avanza son denunciados en las redes sociales por el avance de cesantías en toda la administración pública nacional. Los “segundas líneas” apuntados de cada dependencia, su procedencia política y su rol como encargados de dejar en la calle a miles de personas.
El Gobierno nacional se golpea el pecho con orgullo por los 15 mil despidos de esta última semana, que incluyen a trabajadores de organismos centralizados y descentralizados. Son 70 mil las familias que podrían quedarse sin ingresos si prospera el plan “motosierra” que el presidente Javier Milei tiene en carpeta, y que asegura en cada oportunidad que tiene la palabra que “se van a caer”.
Según un monitoreo del gremio nacional ATE, actualizado al 4 de abril, el organismo con más despidos fue ANSES con 1.200 personas en todo el país, seguido por Agricultura Familiar donde echaron a 900 de los 1.080 trabajadores que había. De la Secretaría de Trabajo, fueron desvinculadas 560 personas, de Producción fueron 360 y en Educación, 300. Estas son las cifras más grandes de una larga y triste lista que parece no terminar.
Todo esto comenzó a rebalsar luego del fin de semana largo por Semana Santa, cuando miles de empleados públicos estatales, cientos con antigüedad de muchos años, debieron hacer filas para saber si efectivamente estaban habilitados a ingresar a sus espacios de trabajo o si debían considerarse despedidos.
Otros, como los pertenecientes a ATE, lo hicieron por la fuerza, sorteando el megaoperativo policial que el Gobierno montó para su show mediático, como si se trataran de criminales.
Desde la entidad, sostienen su plan de lucha nacional, y esta misma semana hicieron paro en todo el país. Durante la manifestación del viernes en el Microcentro, en la que hubo empujones con la policía que buscaba llevar adelante el protocolo “antipiquetes”, reiteraron su pedido de aumentos salariales “por encima de la inflación”.
“Si el Gobierno no publica un listado con los supuestos ñoquis, tiene que determinar la reinstalación y el inmediato pago de las remuneraciones a todos los despedidos, porque hasta aquí no ha podido acreditar en ningún caso la causal invocada de la "no prestación de servicios", señalo el titular de ATE Rodolfo Aguiar en su cuenta de Twitter X, en la que se mostró preocupado por la represión de las fuerzas policiales de Patricia Bullrich.
Detrás de todo esto, que es el desenlace de los procesos masivos de despidos, existen “micro” situaciones de cesantías en cada dependencia, con nombres propios encargados de ejecutarlos. Además del impacto económico y emocional que esto significa para las familias directamente afectadas, cada mail o aviso impersonal de remoción, tendrá consecuencias en las prestaciones de los servicios públicos afectados.
“PRIMERA TANDA” DE CESANTEADORES
ANSES es el caso más grave por la cantidad de despidos. Las 1200 familias que se vieron desafectadas del organismo, que dirige Mariano De Los Heros, se enteraron de la notificación que tiene la firma de la directora general de Recursos Humanos, Marcela Jarvis.
La exfuncionaria PRO recorrió distintas administraciones del Gobierno de la Ciudad y en la Nación, siempre ligada a ese espacio político. Con una larga trayectoria como administrativa contable, formó parte del equipo de Mauricio Macri en el área de planeamiento de Recursos Humanos (RR.HH).
Durante la presidencia del fundador del partido amarillo, fue directora de Capacitación y Relaciones Laborales en el Ministerio de Producción. En la segunda administración de Horacio Rodríguez Larreta en CABA, fue la directora general en Técnica, Legal y Administrativa de Asuntos Estratégicos; y, gerente operativa de RR.HH en la Secretaría de Ambiente.
“A partir de la fecha prescindimos de sus servicios y cesa su vinculación con ésta Administración Nacional. Liquidación final y certificados de ley a su disposición en el plazo establecido por la normativa vigente”, plantea cada telegrama, fríamente bajo su rúbrica.
En el caso del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), que fue intervenido esta semana por el gobierno nacional, se estiman 900 despidos, En el decreto 285/2024 se acusa a los trabajadores del organismo de entregar beneficios de forma discrecional a las familias productoras de alimentos. Sin tapujos, el desguace en el ente fue casi total.
Allí hay otra cara visible del PRO duro. La interventora por 90 días es Inés Liendo. La dirigente del PRO en Salta es otra figura cercana a Mauricio Macri, y pertenece a una familia de funcionarios de la última dictadura y del menemismo.
La nieta del represor de sindicalistas y primer ministro de Trabajo de Jorge Rafael Videla durante la última dictadura militar es una abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, especializada en derecho administrativo.
Durante el macrismo fue funcionaria del PAMI. Trabajó como coordinadora de la Gerencia de Administración, dedicada a controlar los procesos de compras y contrataciones del organismo entre diciembre de 2015 y enero de 2020. Entre abril y noviembre de 2015 fue asesora legal del Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires. En 2023 fue la candidata a diputada nacional por Salta, elegida por el expresidente para representar a Juntos por el Cambio.
Los alfiles de Techint que Paolo Rocca se aseguró en la cartera de Trabajo también son piedra angular del desfalco en esta área. El secretario Julio Cordero dio el OK decisivo para la lista que le confeccionó Ernesto Rona.
Este último actúa como funcionario aunque aún no tiene nombramiento oficial. Pero se encargó de dar forma a los 560 despidos en la cartera. Su experiencia en despidos es de larga data. Estuvo 38 años en el Grupo Techint dedicado al área de RR.HH. Al igual que Cordero, goza de una relación directa con la ministra de Capital Humano Sandra Petovello, jefa jerárquica de la cartera de Trabajo.
La lista de despidos continúa, y los números son escalofriantes. Cada caso, tiene un apellido como verdugo.