Las resistencias que el DNU de Milei deberá superar: el Congreso, el movimiento obrero y la justicia

El Decreto de Necesidad y Urgencia con el que Javier Milei intenta modificar buena parte de las bases del funcionamiento legal y económico del país cosechó fuertes rechazos en su primer día de discusión pública. A los masivos cacerolazos y protestas en las calles de la noche del miércoles, que tuvieron su epicentro con la miles de personas que se acercaron al Congreso de la Nación, este jueves se plegaron contundentes resistencias por parte de dos actores que serán determinantes para el futuro de la medida: el Poder Legislativo, que puede invalidarlo con una votación negativa en ambas cámaras, y el movimiento obrero, que puede volcar su poder de fuego en un paro general con movilización que ponga en las calles un freno al mega decreto del Gobierno.

A pesar de excusar todas sus decisiones en un contexto de emergencia económica, el Gobierno no incluyó en el DNU un artículo que especificara su inmediata entrada en vigencia. A raíz de esto, el plazo formal para que el decreto esté vigente es de ocho días tras su publicación. Se especula con la posibilidad de que el oficialismo dicte otro DNU enmendando este error y estableciendo la entrada en vigencia en los próximos días. Mientras tanto, posturas contrarias a la medida, por cuestiones de forma y de fondo, empiezan a configurar un escenario en el que parece complicarse el futuro de la primera gran jugada política de Milei como Presidente.

CONGRESO

El plano institucional, el DNU puede encontrar un límite definitivo en Congreso. Para eso, la mayoría simple de ambas Cámaras debe fallar contra su implementación. Con el posicionamiento que fueron expresando distintos actores del arco político y parlamentario, los números se le complican a Milei y preanuncian negociaciones calientes.

La Libertad Avanza tiene 37 de 257 diputados y 7 de 72 senadores. Hasta ahora, sólo al ala dura del PRO, encabezada por Mauricio Macri, manifestó su acompañamiento. “Las medidas anunciadas por el presidente requieren respaldo total y una prolijidad fiscal de hierro. Por mi parte, quiero dejar en claro públicamente mi apoyo a la desregulación de la economía” expresó el ex presidente en sus redes, y pidió a la dirigencia política “actúen con la responsabilidad que requiere este momento”. Milei necesitará mucho más que eso para que el DNU sobreviva al Parlamento.

De hecho, parte del PRO ya salió a marcarle la cancha a Milei y a Macri con contundencia. Horacio Rodríguez Larreta publicó un mensaje titulado “Así no”, en el que afirmó “la Argentina necesita reformas pero no por decreto. El instrumento para que esto suceda es una ley del Congreso. Tenemos que evitar que en 4 años otro presidente, con un DNU similar, pueda dar todo marcha atrás. La división de poderes es la pieza central de nuestra República”. El ex jefe de gobierno porteño tiene llegada a un grupo de legisladores del PRO y su postura exhibe que Milei no podrá contar con las 37 bancas el partido.

Otro de los cuestionamientos centrales provino del bloque Cambio Federal, que cuenta con desprendimientos del PRO y legisladores que responden a los gobernadores. El líder de ese espacio, Miguel Ángel Pichetto, tuiteó “las cuestiones de formas y fondo del DNU podrían ser cuestionadas fuertemente ante la justicia. No está justificada ni la NECESIDAD NI LA URGENCIA, podría haber convocado al Congreso a sesiones extraordinarias” y agregó que “esto es una República. El Presidente debe gobernar con el Congreso no contra el Congreso”.

Compañero de Pichetto en Cambio Federal, el ex jefe de bloque del PRO, Nicolás Massot, también se pronunció en contra de la movida de Milei y comparó la situación con un antecedente de Macri: “Es una herramienta muy difícil de acompañar, no tanto por el fondo, sino por las formas. Durante el gobierno de Mauricio Macri se dictó un decreto similar para ‘desburocratizar’ el Estado, pero luego el Gobierno lo replicó en tres proyectos de ley que se discutieron luego en el Congreso”.

La Coalición Cívica tiene seis diputados. “No me sorprende tanto que el presidente de la Nación no evalúe la vialidad institucional del DNU, sí me preocupa que no comprenda la precariedad jurídica de las transformaciones que propone- muchas de ellas necesarias- porque de eso depende que el cambio se consolide. Sin seguridad jurídica no habrá confianza” afirmó el jefe de la bancada, Juan Manuel López, marcando otro rechazo que encontraría Milei en la Cámara Baja.

La UCR, por su parte, también salió a ponerle un límite a la avanzada del Presidente sobre el las atribuciones del Poder Legislativo. “Ninguna crisis se resuelve avasallando la institucionalidad democrática” afirmó la mesa nacional del partico en un comunicado mediante el cual instó al Presidente a llamar a sesiones extraordinarias y pasar todos los temas del DNU por el Congreso. A su vez, el flamante presidente del radicalismo, Martín Lousteau, fue tajante al afirmar que “el respeto a la institucionalidad evita abusos que dañan la sociedad”. El senador nacional agregó que “el presidente debería reemplazar este inválido DNU por una ley espejo que se pueda votar por capítulos, y convocar a extraordinarias para darle tratamiento urgente”.

Mientras tanto, el peronismo cuenta con la primera minoría de ambas cámaras y ya expresó un fuerte rechazo al decretazo de Milei. No sólo eso, sino que este jueves ambas bancadas recibieron en el Congreso a las centrales obreras para discutir los pasos a seguir. En Senadores, con apenas cuatro votos provenientes de otros sectores Unión por la Patria podría rechazar el DNU. En Diputados UP tiene 101 bancas, a las que habría que sumar el rechazo de las cinco de la izquierda. Así, quedaría a 23 votos de la mayoría simple. Allí podrían acudir buena parte de las 34 bancas de la UCR, las 9 de Cambio Federal o las 6 de la Coalición Cívica.

Con esos números parece difícil que el DNU de pueda lograr la aprobación que necesita en al menos una cámara. El procedimiento formal establece que una Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, conformada por 8 diputados y 8 senadores, debe analizar la constitucionalidad del decreto en un plazo máximo de 10 días, luego de lo cual el texto pasa al recinto.

TRABAJADORES

La calle será otro de los grandes escollos a superar para Milei. Los cacerolazos y las movilizaciones espontáneas del miércoles por la noche marcaron una senda que en los próximos días se profundizará por parte de las organizaciones populares y de trabajadores. Este viernes, sin ir más lejos,  la CTA convocó junto a otras organizaciones sociales como la UTEP a una jornada de asambleas y ollas populares a lo largo del país para visibilizar el conflicto en torno al precio de los alimentos. Uno de los epicentros será el obelisco, donde desde las  de la mañana se realizará una olla popular.

Las centrales obreras (CGT, las 2 CTA, Corriente Federal) se reunieron este jueves con senadores y diputados de Unión por la Patria en el Congreso para combinar estrategias. Por la tarde, la CGT reunió a sus principales dirigentes en la sede de la UOCRA, donde se acordaron acciones concretas en rechazo al DNU que afectó seriamente el derecho a huelga, que amenaza el sistema de obras sociales a partir de la desregulación y la competencia con las prepagas, que equipara una asamblea en un ámbito de trabajo con una huelga y declara a los bloqueos sindicales como una injuria laboral grave por la que los trabajadores pueden ser despedidos. La reforma laboral que el macrismo no logró implementar quedó contenida en el decretazo de Milei.

En ese marco esta tarde en la UOCRA la dirigencia cegetista determinó una secuencia de medidas para la próxima semana.  El martes se desarrollará una conferencia de prensa en la que se explicará la presentación judicial en la que la central solicitará la impugnación por inconstitucionalidad a la reforma laboral incorporada por el DNU. Para el miércoles al mediodía convocarán a una movilización a las puertas de tribunales. A su vez, el jueves se reunirá el Comité Central Federal, máximo órgano ejecutivo de la central, en lo que se supone que podría ser el llamado al primer paro general contra el nuevo Gobierno.

El propio Héctor Daer dijo en las puertas del Congreso en la previa a la reunión con UP que la lectura de la central es que “el Presidente ayer rompió todos los valores republicanos, institucionales y lo que plantea la Constitución”. Daer calificó de ilegítimo el DNU por no tener “necesidad ni urgencia” en muchas de las reformas que plantea. Trascendidos indicaban que el ministro del Interior, Guillermo Francos, intentó desactivar la reunión de esta tarde y un posible llamado al paro y la movilización, algo que finalmente no ocurrió. Los próximos días serán de frenéticas negociaciones, y habrá que ver si la semana que viene la CGT profundiza su resistencia con la convocatoria a un paro.

JUSTICIA

Otra gran barrera que deberá atravesar el decretazo de Milei es la catarata de recursos judiciales en su contra que empezarán a llover desde distintos sectores afectados por la decisión. Este jueves, de hecho, ya se presentó el primer amparo solicitando la suspensión del mismo. La acción fue impulsada por el Observatorio por el Derechos a la Ciudad, y su Presidente, Jonatan Baldiviezo, explicó a Diagonales los fundamentos de la presentación y el posible recorrido del amparo.

“Este DNU excede la competencia del Presidente. Cuando la Constitución estableció la facultad de equiparar un decreto a una norma del Congreso lo hizo pensando en situaciones excepcionales cuando el Congreso no se puede reunir y se necesitan soluciones legislativas en días. No es la situación que estamos viendo, el Congreso ha funcionado normalmente este año y el Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarios para tratar cualquier proyecto, y además hay muchísimas leyes que se modifican o se derogan en el DNU que no tiene ninguna relación con la emergencia económica, por ejemplo el Código Civil. No tienen la urgencia y la necesidad que plantea la Constitución” expresó Baldiviezo en diálogo con Diagonales.

Profundizando, el Presidente del Observatorio por el Derechos a la Ciudad planteó que Milei “se está arrogando facultades extraordinarias y esta es una decisión insoportable para el sistema democrático argentino. Se está imponiendo un modelo económico y de organización social y estatal que no fue debatido democráticamente por los representantes del pueblo. Esa facultad pertenece al Congreso”.

Baldiviezo resaltó que el Poder Judicial fue muy estricto en su tratamiento de los DNU, y recordó el caso del 690/20, mediante el cual Alerto Fernández decretó como servicios públicos, esenciales y en competencia a las telecomunicaciones. Hace menos de un mes la justicia federal declaró la nulidad de ese DNU, considerando que no existía la urgencia en la pandemia como para la decisión de establecer como servicios públicos el acceso a internet y la telefonía celular. “Tenemos los precedentes jurisprudenciales a favor” sentenció Baldiviezo, quien además opinó que “nunca en los 40 años de democracia un presidente se arrogó la concentración de tanto poder”.

Junto con la presentación judicial se pidió una medida cautelar, para evitar la espera del proceso y la sentencia de fondo. La causa fue sorteada en el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2, que deberá solicitar al Ejecutivo su descargo y resolver en principio la medida cautelar.

Javier Milei inició un gobierno de impronta ultra presidencialista, atribuyéndose el poder para determinar un resteo total del país sin la necesidad de acordar y consensuar con otros sectores el rumbo elegido y sus límites. A las pocas horas de su decretazo, buena parte de la sociedad argentina se hizo oír en un cacerolazo que encendió alertas. Con el paso de las horas, cada vez más actores y poderes de la vida nacional se plantaron en un firme rechazo al atropello del Presidente. Antes de que termine el año se sabrá para dónde termina inclinándose la balanza.