Los alimentos vuelven a motorizar la inflación, que pega cada vez más a los sectores populares

El rubro alimentos pegó un nuevo salto y volvió a posicionarse como uno de los factores clave que explican el nuevo incremento de 6 por ciento en el índice de precios al consumidor (IPC) publicado ayer por el INDEC. Incluso estuvo casi un punto por encima de la inflación promedio, con un 6,8 por ciento en enero. 

Si bien “Alimentos y bebidas no alcohólicas” ocupó el tercer lugar en el ranking de rubros con mayor inflación (se ubicó por detrás de “Recreación y cultura”, dadas las subas por la temporada de verano, y de los alquileres y las tarifas), lo cierto es que la canasta básica alimentaria en particular volvió a situarse como el principal impulsor de la inflación en general. “El aumento de Alimentos y bebidas no alcohólicas (6,8%) fue lo que más incidió en todas las regiones”, reconoció el organismo. 

Esta nueva suba, que revierte una leve tendencia a la baja que se había registrado hacia fines del año pasado, con un 4,7 en diciembre, pone de vuelta en el centro del debate económico y político la situación de los sectores populares, los más perjudicados por el alza de los alimentos.

“Durante todo el 2021 el rubro alimentos fue el motor de la inflación, pero se había dado una suerte de cambio de tendencia durante los últimos dos meses. Si bien en enero hubo otros sectores que crecieron más, como los servicios y el turismo, ahora la alimentación vuelve a figurar como uno de los impulsores fundamentales, con una incidencia importante que golpea sobre todo a los sectores sociales que tienen que ir a comprar semanalmente o diariamente al chino o al almacén de barrio, donde no entran los acuerdos de precios”, explicó a Diagonales Isaak Rudnik, director del Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana (ISEPCi). 

De acuerdo al INDEC, la inflación interanual en los alimentos trepa al 98 por ciento a nivel nacional, pero en distritos como el conurbano bonaerense incluso ya está por encima del 100 por ciento. De ese porcentaje está más cerca la medición del ISEPCi, que realiza todos los meses un relevamiento de los precios de la canasta básica alimentaria en los comercios de cercanía también en el conurbano. 

La última medición del instituto da un 102,15 por ciento entre enero de 2022 y el mismo mes de este año. Desagregadas, las subas se dieron en un 118 por ciento en almacén (llenar un changuito con lo básico para una familia tipo costaba poco más 33 mil pesos), un 58 por ciento en carnicería (los aumentos recientes impactarán a partir de febrero) y la friolera de un 150 por ciento interanual en las verduras. 

El último informe del INDEC coincide en que la verdura encabezó fuerte los aumentos, pero desde Economía le echaron la culpa únicamente a “factores estacionales y efectos climáticos adversos”, como la sequía que golpea al campo desde hace meses.

Desde Economía también salieron a remarcar que pese a los datos del INDEC, “los acuerdos de precios firmados registran un elevado grado de cumplimiento”, por lo que, dijeron, confían “en que la extensión de los mismos a muchos más rubros y productos nos permitirán ir reduciendo márgenes y los mencionados factores inerciales”.

Para Rudnick, sin embargo, la explicación es mucho más amplia y tiene que ver con la relación entre el Gobierno y los formadores de precios. “(Sergio) Massa llegó con un 7 por ciento de inflación y a partir de su relación con los grandes grupos económicos se generó una expectativa positiva. Durante sus primeros meses al mando de Economía había logrado ir bajando el índice, sumado a algunos acuerdos concretos que parecían funcionar. Pero este nuevo índice comprueba a las claras que esos mismos grupos no parecen dispuestos a dejarle asomar la cabeza del todo”, reflexionó.    

Para el director del ISEPCi, el dato inflacionario “reafirma la dificultad de un Estado debilitado y de un Gobierno con concenso acotado para imponer acuerdos de precios”. 

“Los grupos económicos presionan para que el ajuste continúe fuerte más allá incluso del acuerdo con el Fondo, y buscan que la parte sustancial de ese ajuste la  haga este Gobierno antes de salir, para dejarle el camino más aliviado al que venga después”, agregó. 

Según el relevamiento en los barrios de ISEPCi, llenar el changuito en un chino del conurbano (donde no llegan los acuerdos de precios) sólo para el rubro almacén (fideos, aceite, polenta, leche, etc) costó en enero unos 33 mil pesos. El número está muy por encima de lo que paga, por ejemplo, el principal plan social con que cuenta el Gobierno, el Potenciar Trabajo, lo que augura aún mayor conflictividad social, sobre todo en un año electoral. 

A fines del año pasado, la relación entre la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y las organizaciones sociales que integran la UTEP llegó a un punto de casi no retorno por la distancia entre los valores de los programas y la inflación, que por entonces estaba a la baja. El nuevo dato de inflación volverá a tensionar las negociaciones.  

“Si la inflación está motorizada por alimentos, entonces los sectores populares son los más perjudicados, y los ingresos no estuvieron a la par”, concluyó el investigador.