Tomando como punto de partida la década del 90, se sabe que en esa década la cantidad de conflictos laborales descendió fuertemente con respecto a la década anterior, debido a las políticas públicas y a las sucesivas situaciones de crisis socioeconómicas, desfavorables para los trabajadores. Cabe recordar que, por las políticas estatales implementadas, en esa década el mercado de trabajo se deterioró drásticamente: se consolidó una alta tasa de desempleo, y crecieron la informalidad, las relaciones laborales precarias, etc. En tal contexto los sindicatos optaron mayoritariamente por defender su organización, antes que generar situaciones conflictivas.

El colapso del 2001 encontró al país envuelto en protestas vinculadas a actores en situación de informalidad o desocupación, reclamando políticas estatales que les aseguren algún ingreso. Estos conflictos “sociales” venían creciendo desde fines de los 90, y relegaron a los conflictos laborales a un lugar secundario.

A partir del año 2003 esta situación comenzó a revertirse, cuando se desplegaron políticas públicas que buscaron fomentar el crecimiento del empleo y reactivar el papel de los sindicatos en la definición de los ingresos de los trabajadores a través de la realización de las reuniones “paritarias”. Y a partir del 2006, en un contexto socio-económico en recuperación, las reuniones “paritarias” retomaron una rutina autónoma, ya sin intervención estatal, al tiempo que los conflictos laborales retomaron la importancia que tuvieron décadas atrás, mientras que los conflictos “sociales” se encontraban en retirada. Esto confirmó una vez más la hipótesis, contraria al "sentido común", de que los conflictos laborales aumentan cuando aumenta la bonanza socio-económica, y no al revés.

Entre el 2010 y el 2015 los conflictos laborales alcanzaron su “esplendor”, en donde tanto el papel de Ministerio de Trabajo de la Nación, como gran parte de la Justicia Laboral, se rigieron por el principio de “proteger al más débil”.

Desde el 2016, tras el cambio de orientación de la política estatal con respecto al empleo y los salarios, y en particular tras la crisis socio-económica que se desató en el 2018, los conflictos laborales llegaron a registrar los niveles más bajos en dos décadas.

En el año 2020, el nuevo Gobierno generó expectativas favorables para los trabajadores, pero la pandemia del coronavirus obstaculizó su realización. Sus políticas orientadas a proteger la salud de la población, impactaron negativamente en un mercado laboral maltrecho. De todos modos se buscó sostener los ingresos de la población y amortiguar los inevitables efectos adversos sobre el mercado de trabajo. En ése año los conflictos también registraron un punto bajo pero con rasgos novedosos por las demandas referidas a la protección ante la pandemia.

El año actual también arrancó con incertidumbres. Se reactivó la llamada “puja distributiva”, en la cual los trabajadores buscan recuperar el poder adquisitivo perdido por el Gobierno anterior. Esta tendencia estaría apoyada por el Gobierno actual cuando dice que aspira a que "los salarios le ganen a la inflación". Y los conflictos laborales expresaron esta situación, aunque de una manera más moderada que en otros años.

Pero el final está abierto, ya que avanza la “segunda ola” del coronavirus, y aunque el Gobierno sostenga que no va a volver a restringir las actividades económicas, resulta razonable pensar que esa decisión estará ligada a la gravedad del impacto de la pandemia durante el año. Pareciera haber capacidad de aprendizaje, y tal vez sea posible cumplir con estos objetivos.

Los conflictos laborales de 2021 estarán marcados por estas dos tendencias de alcances inciertos.

*Lic. en Sociología, Investigador Principal en Relaciones del Trabajo, Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social (MTEySS)