Los escandalosos recursos de CABA que hacen insostenible el reclamo ante la Corte por la Coparticipación

A juzgar por las declaraciones públicas vertidas esta semana por parte de los principales interesados, el fallo de la Corte Suprema respecto a los fondos coparticipables que debe recibir la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estaría al caer. Este martes, el ministro de Interior, Eduardo Wado de Pedro, se refirió al tema mediante un tuit en el que acusó a los supremos de estar preparando una sentencia que aportaría “fondos para la campaña” de Horacio Rodríguez Larreta el año próximo. El Jefe de Gobierno, por su parte, aprovechó un encuentro con abogados de la Procuraduría de la Ciudad para mostrarse “confiado” en que la decisión final “defenderá los recursos de todos los que viven y visitan la ciudad”.

El reclamo original del Ejecutivo porteño contra Nación ronda los 200 mil millones de pesos, casi el doble del superávit primario estipulado en el presupuesto de la Ciudad aprobado hace diez días en la Legislatura. El Jefe de Gobierno se aseguró unos $97.892 millones de diferencia entre los ingresos y los gastos del distrito que gobierna para el año próximo, en el que buscará llegar a la Rosada catapultado en parte por su gestión local y al que llegará más que holgado en términos financieros.

El presupuesto de la Ciudad prevé para 2023 contar con unos $2 billones 164.001 millones en ingresos, de los cuales $246.074 millones corresponden al 1,4 por ciento de la Coparticipación Federal. Ese número fue fijado por el Congreso a fines de 2020, luego de que el presidente Alberto Fernández hiciera un primer recorte vía decreto. Buenos Aires había sido beneficiada por un DNU de Mauricio Macri de inicios de 2016 en el que subía ese porcentaje del 1,4 histórico (estaba fijo desde la época de Eduardo Duhalde) al 3,2 por ciento, con el argumento del traspaso de la Federal, que durante ese año se fusionaría con la Metropolitana (que era financiada con recursos propios) para la Policía de la Ciudad.

Durante el debate parlamentario de aquél año, la entonces secretaria de Relación con las Provincias del ministerio de Interior, Silvina Batakis, había presentado un informe que daba cuenta de que aquél DNU del ex presidente Macri implicaba una transferencia discrecional de recursos en favor de la Ciudad y en desmedro del resto de las provincias de unos 80 mil millones de pesos entre 2016 y 2019. Ese monto representaba un excedente irregular que desbordaba los recursos necesarios para el funcionamiento de la policía traspasada. Fue apoyada por prácticamente todos los gobernadores peronistas del interior del país.

Desde que Larreta decidió apelar a la Corte y solicitar una cautelar para voltear la ley que le recortaba esos fondos, prefirió optar por discutir más en términos políticos que de números concretos. Más a las formas que a la cuestión de fondo del litigio. Este lunes, cuando volvió a referirse al tema, aseguró que aquella decisión del Gobierno fue “unilateral y arbitraria”, pero eludió referirse, otra vez, a los recursos concretos. Si bien Nación recortó la coparticipación, estableció transferencias mensuales para pagar los sueldos de los agentes traspasados, unos 19 mil, mediante un cálculo atado a la inflación establecido por el Ministerio de Economía.

La “función Seguridad” del presupuesto porteño, entendida como todo el gasto que excede específicamente a los sueldos de la fuerza, tiene además recursos holgados. Ese gasto total asciende a 332 mil millones para 2023, solventados por demás entre todos los fondos que directa e indirectamente aporta la Nación. También hay previstos gastos en equipamiento policial (chalecos, comunicación, y cámaras) por $24.700 millones, y para la compra de nuevos patrulleros, por otros $7.750 millones. No es una policía de vacas flacas.

LOS PRIVILEGIOS DE SER LA CAPITAL

Si se habla de plata, la Ciudad sale perdiendo en la discusión. El 31 por ciento del gastos totales del Tesoro Nacional durante lo que va de este año tuvo como destino a la Ciudad de Buenos Aires, según lo indica un informe realizado por el legislador porteño del Frente de Todos, Franco Vitali, que fue difundido a los medios por los equipos de prensa del Ministerio de Interior.

Ese 31 por ciento representa los gastos en sueldos de empleados públicos, subsidios varios y distintos contratos con empresas para distintas obras que el Tesoro destina a todos los distritos del país, sin contar ANSES y el resto de la coparticipación, que se cuentan aparte.

Es una torta de aproximadamente 16 mil millones. La Ciudad encabeza el ranking nacional, incluso por encima de la Provincia de Buenos Aires, que se lleva el 20 por ciento. El gasto nacional en la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo al informe, “es un 22,6% mayor que la suma del gasto en todas las provincias”, excluyendo únicamente al distrito que gobierna Axel Kicillof.

De acuerdo a lo pautado en el presupuesto nacional del año próximo, el Estado en su conjunto tiene previsto gastar en la Ciudad casi 6,4 billones de pesos, de acuerdo a la ubicación geográfica del gasto. En resumen, Nación gasta “1500 veces más presupuesto por km2 en la CABA que en la Provincia de Buenos Aires”, dice el informe. Además, si se toma esa distribución por la cantidad de habitantes, supera por 4 a la Provincia. Por cada habitante de la Ciudad, el Tesoro Nacional deja $2.075.000.

“No está justificado que haya una necesidad de más dinero de coparticipación para la Ciudad”, apuntó Damiani a Diagonales. “Está claro que ese dinero lo que reclaman lo van a utilizar para la campaña, porque si se miran algunas áreas sociales, como Salud, el presupuesto hoy está por debajo de cuando el Pro asumió en la Ciudad hace 15 años. Pero en publicidad pasa al revés, crece todos los años”, agregó.

El informe también señala que el 17% de los gastos provenientes de operaciones de financiamiento externo se hacen en la Ciudad y que el mismo porcentaje de los gastos que hace la Nación provenientes de financiamiento externo quedan en la CABA. Son créditos del BID o la CAF.

Una de las perlas que dejó la negociación del presupuesto porteño para el año próximo fue la reducción en el impuesto a los sellos y a la transacción de compra venta de inmuebles que el larretismo cedió frente al mini bloque que se referencia el Patricia Bullrich y que terminaron en un costo fiscal de unos mil millones de pesos.

La Ciudad, además, dejó de cobrar otro porcentaje de ingresos brutos luego del pacto fiscal de 2018, lo que es presentado por los funcionarios porteños como una concesión, en términos de incentivo, a la producción del interior del país. Este año serían unos 90 mil millones de costo fiscal, según la presentación realizada por el oficialismo en el debate en la Legislatura. De todos modos, sigue siendo una fuente inagotable de ingresos, gracias a los servicios que otorga la Ciudad por ser la capital del país. Ese ítem, el de “servicios”, explica el 70 por ciento de su actividad económica y el 79 por ciento los ingresos totales del presupuesto.