“Las deudas se pagan, las estafas no” dice el actual Director del Banco Nación, que llevó a la Justicia en dos oportunidades las irregularidades cometidas en la toma del crédito con el FMI y su utilización para sostener un proceso de fuga de capitales. Diagonales conversó en profundidad con el referente de Unidad Popular sobre la decisión de AF y su potencialidad, el estado de las denuncias vigentes y la posibilidad de llevar un planteo a la ONU sobre la responsabilidad del Fondo.  

Alberto Fernández anunció que impulsará una querella criminal para investigar responsabilidades de ex funcionarios macristas en el endeudamiento con el FMI. Hace tiempo que venís insistiendo en investigar a fondo la deuda argentina y sus responsables. ¿Qué opinión te merece el anuncio del Presidente?

-Me pareció una decisión muy importante y que puede ser histórica. Si se lleva a fondo, además de permitir identificar responsabilidades de funcionarios que van a tener que dar cuenta y seguramente exponerse a sanciones penales, teniendo que responder con su patrimonio, también va a fortalecer la posición de la Argentina con el FMI. Desde que comenzó la institucionalidad democrática en la Argentina, nunca el Estado trató de avanzar en revisar, evaluar y responsabilizar a los funcionarios que en tantas oportunidades endeudaron al país sin tener que dar cuenta nunca de lo que habían hecho. En este sentido creo que es muy importante y tiene mucho que ver con las denuncias que encaramos nosotros durante la etapa del macrismo.

"Va a fortalecer la posición de la Argentina con el FMI".

En qué consistieron esas denuncias?

-La primera, en agosto de 2018, fue una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por abuso de autoridad. Macri no tenía facultades para poder llevar adelante el acuerdo, porque debía pasar por el Parlamento y no lo hizo. La única variante para que el acuerdo no pasara por el Parlamento era aplicar un párrafo del artículo 60 de la Ley de Administración Financiera que habla de la delegación de esa facultad por parte del Parlamento al Ejecutivo. Ese párrafo de ese artículo no está vigente porque necesitaba ser prorrogado y Macri no lo prorrogó, por lo tanto no estaba en capacidad de firmar el acuerdo sin el Parlamento. Esto sumado al hecho que todo el resto de los procedimientos administrativos y jurídicos para llevar adelante un endeudamiento del Estado también habían sido violentados. No hubo dictamen de la procuración del Tesoro, no hubo dictamen del Banco Central, ningún análisis sobre la capacidad de pago que existía sobre este crédito, te diría que no existió expediente administrativo del Estado argentino respecto de un acuerdo de la magnitud que implicaba endeudar al Estado en más de 50 mil millones de dólares. Nuestro señalamiento es que no tenían facultades para endeudar así a la Argentina, y por eso violaron los deberes de funcionarios públicos e incurrieron en un abuso de autoridad.

¿Y qué pasó con esa denuncia?

-El fiscal Di Lello nos dio la razón en ese momento imputandolo penalmente a Macri y pidiéndole al juez Ercolini que pusiera en marcha una investigación y que citara a los funcionarios a declarar. El juez Ercolini no dio lugar al pedido del fiscal, Di Lello apeló la decisión, y el juez sin ningún tipo de argumentación cerró la causa. Luego, en noviembre de 2019, insistimos con el Dr. Jonatan Baldivieso en una presentación en donde repetimos el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, pero agregamos el delito de la administración fraudulenta de los recursos públicos y la malversación de fondos, a la luz de lo ocurrido con los desembolsos por 44 mil millones de dólares. Entre junio de 2018 y septiembre de 2019, del mismo modo que ingresaron 44 mil millones de dólares, se fugaron 36 mil millones. Y si llevamos esto hasta el final del mandato de Macri la fuga ascienda a 46 mil millones. Es decir, la totalidad de los dólares que entraron de la mano del Fondo se fueron de la Argentina. Ahí está la administración fraudulenta y la malversación de fondos públicos, que son los cargos con los que el Presidente avanzó en la apertura de sesiones, y que nosotros denunciamos en 2019.

¿En qué estado está la denuncia de 2019?

-Ingresó en el juzgado Nº 2 del Dr. Sebastián Ramos, luego pasó al Juzgado Nº 5 de la Dra. Capuchetti, y ahí fue integrada con otras causas que tienen que ver con la misma temática y está siendo activada a través de la intervención del fiscal Picardi, que ha hecho algunos pedidos de información y requerimientos. En eso está, en el marco de la reconocida lentitud que la Justicia tiene para este tipo de cosas.

"Una intervención lógica del Fondo hubiera sido decirle a Macri que tenía que reestructurar su deuda y modificar la política económica".

¿Qué rol tuvo el préstamo del FMI en el proceso de fuga de capitales durante el macrismo?

-Su rol fue haber garantizado mantener el régimen de acumulación financiera y fuga de capitales que Macri tenía vigente en la Argentina y que había estallado a comienzos del 2018 porque ya no existía capacidad de endeudarse con acreedores privados para seguir sosteniéndolo. Cuando Macri va al Fondo, llega con una economía en default. Una intervención lógica del Fondo hubiera sido decirle a Macri que tenía que reestructurar su deuda y modificar la política económica que lo había llevado al default, que era el régimen de apertura y desregulación que inició en 2016. El FMI en lugar de hacer esto, lo que hace es darle un crédito que agrava el default porque incrementa el endeudamiento de la Argentina, y le permite mantener la política económica con fuga de divisas que estaba implementando. Macri tenía dos años de gestión por delante, y reconocer que había puesto a la Argentina en default en sólo dos años implicaba prácticamente derrumbar su perspectiva política. Por razones de carácter geopolítico, el delegado de los Estados Unidos al interior del FMI forzó un crédito cuya magnitud y objetivo poco tenía que ver con lo que el Fondo podría o debería haber hecho frente a esa situación. La función que cumplió ese crédito fue seguir sosteniendo la fuga de divisas.

En el macrismo dicen que ellos tomaron deuda para pagar deuda...

-Por el acuerdo entraron 44.900 millones de dólares y se fueron 46 mil millones. Y en ese período se pagaron no más de 28 mil millones de deuda. En realidad, Argentina tenía dólares propios para pagar por el ajuste que se implementó a partir del acuerdo, que generó un saldo comercial en divisas sumamente positivo. Se pasó de tener un saldo negativo en 2018 a tener un saldo positivo en 2019, que le hubiera permitido afrontar pagos de deuda con recursos propios y no endeudarse. Lo que pasó es que usaron el saldo comercial para pagar la deuda y el crédito del Fondo para sostener el proceso de especulación financiera y salida de divisas, asociado a la necesidad de darle salida a capitales que habían ingresado a la Argentina y que habían quedado atorados en el marco del default por el corte del financiamiento externo.

"Ampliar el consenso político y ponerlo en el plano internacional le daría un espaldarazo muy importante al país para fortalecer su capacidad de negociación".

Planteaste que establecer responsabilidades locales era un primer paso para avanzar en una denuncia contra el FMI en las Naciones Unidas. ¿Ves posible que la Argentina denuncie al FMI ante la ONU? ¿Qué impacto internacional podría tener esa denuncia?

-Argentina ya tuvo una experiencia en ese sentido, cuando fue el conflicto con el juez Griesa durante el final del gobierno de CFK. Aquel tema era incluso más complejo porque se trataba de capitales privados. En este caso estamos hablando de un organismo internacional que fue creado por los Estados, y por lo tanto es absolutamente razonable llevar a consideración de las Naciones Unidas el caso argentino y el comportamiento del Fondo. Porque no solo el crédito es irregular e ilegal desde la perspectiva argentina, sino también desde las funciones del Fondo. A pesar de que su propia carta constitutiva le prohíbe prestarle a un país en situación de fuga de capitales, el Fondo le otorgó el préstamo a Macri y le sostuvo el financiamiento cuando incluso la fuga de capitales, a partir del crédito, lejos de interrumpirse, se aceleró. En argentina, hasta el ingreso del Fondo se estaban fugando en promedio 1400 millones de dólares por mes. A partir del acuerdo se comienzan a fugar 2500 millones por mes. Otro aspecto es la magnitud del crédito, absolutamente insólita para la historia del propio organismo, que involucraba más de la mitad de su cartera crediticia, e incluso tenía plazos de pagos y vencimientos que eran absolutamente incumplibles desde el momento en que se establecieron. Todo este conjunto de irregularidades obligan a que esto se lleve a la consideración de la ONU. Estamos en presencia de un crédito absolutamente irregular que merece una solución distinta. El Fondo no puede decir ahora que no puede extender plazos de financiamiento o que no puede reducir el capital adeudado porque su estatuto se lo prohíbe, porque casualmente violentó su estatuto para llevar adelante este crédito. Ampliar el consenso político y ponerlo en el plano internacional le daría un espaldarazo muy importante al país para fortalecer su capacidad de negociación.

¿Y cómo debería ser un acuerdo con el Fondo para que pueda calificarse como beneficioso para el país?

-Lo lógico sería lograr una quita de capital, una reducción sustantiva de los intereses, y al mismo tiempo evitar la condicionalidad que normalmente el Fondo le pone a todos aquellos países a los que financia. Tiene que incluir una quita de capital, porque lo que ingresó se fue, el Fondo se debería hacer cargo de parte del capital adeudado.

¿De cuánto?

-Si fuéramos razonables en la discusión, si se fugó todo no nos corresponde afrontar el pago. Para nosotros sigue siendo válida la consiga desde que las deudas se pagan pero las estafas no. De ahí en adelante comienza la discusión. Por lo menos,  sería importante reducir en un 50% el capital adeudado, y que el Fondo se haga cargo de la mitad. A eso hay que agregarle que las tasas del Fondo hoy están muy por encima de las tasas internacionales, por lo tanto también allí hay cosas para discutir. Y otra cosa importante es evitar cualquier tipo de condicionalidades fiscales, monetarias o de reformas estructurales, como laboral o previsional, de signo regresivo que el Fondo suele incluir en la agenda de todas sus estrategias de financiamiento. Argentina no puede aceptar condicionamientos de esta naturaleza, porque el Fondo es tan corresponsable de la crisis como el gobierno de Macri. Así como los funcionarios que intervinieron en este acuerdo deben pagar en términos penales y patrimoniales frente a lo ocurrido, de la misma manera el fondo debería hacerse cargo.

Sostuviste siempre que había que negociar con firmeza con los acreedores y el Fondo, y expresaste sobre la reestructuración del año pasado que hubiera sido necesaria una investigación como la que ahora se anuncia para fortalecer la posición argentina en la negociación. ¿Cómo ves los movimientos del Ministro Guzmán en la relación y la negociación con el FMI hasta ahora?

-Hasta el momento la estrategia que siguió el Ministro no es una estrategia que yo comparta. Hubiera sido conveniente mantener la suspensión de pagos en la que había incurrido la Argentina, porque ya no era una cuestión de declarar el default, que lo había planteado el propio Macri. El criterio que tomó el Ministro fue pagar mientras se negocia, yo creo que esto no fue una buena decisión, creo que especuló con que esa actitud amigable para con el mercado iba a tener resultados positivos, y si miramos la reestructuración con los privados, desde la primera oferta del Ministro hasta lo que se terminó pagando hubo una gran distancia, y eso muestra que el ser amigables no funcionó. Haber mantenido la suspensión de los pagos y haber puesto en marcha la investigación en ese mismo momento, tanto con el Fondo como con los privados, hubiera permitido una negociación diferente. El otro punto de la estrategia de Guzmán fue tomar como socio al Fondo en la primera parte de la negociación, y yo creo que de entrada era imprescindible cuestionar el acuerdo. En este sentido, creo que la decisión presidencial que se acaba de tomar es una buena manera de comenzar a tener un vínculo de discusión con el Fondo mucho más preciso. La recuperación económica depende de cómo se resuelva la discusión con el Fondo. Si esa resolución no nos permite aprovechar el oxígeno obtenido en la negociación con los privados de acá a 2025, vamos a estar en  problemas. Y para poder aprovechar eso es que necesitamos que no haya restricciones fiscales ni monetarias que limiten la intervención del Estado en la recuperación de la actividad económica.

"Es la primera vez que el propio Estado decide a través de su Presidente investigar lo ocurrido en un acuerdo de endeudamiento".

¿Sentís que todo el FdT tiene la misma voluntad de avanzar a fondo en esta investigación?

-Nosotros como Unidad Popular en el FdT trabajamos en ese sentido, y respaldamos fervientemente la decisión del Presidente, y si esto efectivamente se concreta y se va a fondo, es una decisión histórica. Obviamente todos sabemos que en estas cuestiones intervienen factores de poder, algunos con contacto con el FdT. Ya hubo sectores que intentaron asimilar la discusión sobre el dólar futuro con el endeudamiento de la Argentina. Es ridículo. Creo que es hora de trazar un límite que le ponga fin a la impunidad por la que en distintos momentos y hasta los mismos funcionarios endeudaron al Estado argentino, destruyeron las condiciones de vida de nuestro pueblo, y no rindieron cuentas nunca.

¿Te preocupa que el planteo de la querella criminal termine siendo un nuevo Vicentín, que el Gobierno anuncie un avance y termine retrocediendo?

-Es la primera vez que el propio Estado decide a través de su Presidente investigar lo ocurrido en un acuerdo de endeudamiento, sobre lo cual dice que se ha producido un daño patrimonial para el Estado, para identificar quiénes son los responsables de eso. No hay ningún precedente histórico de esto. Por eso digo que existen todas las condiciones para desarrollar docencia pública o pedagogía política, explicitando todo lo ocurrido, poniendo blanco sobre negro en el modo en que ingresaron y salieron esos capitales, y de consumarse esto se construirían condiciones de consenso importantes como para que sea muy difícil para el Poder Judicial no terminar dándole curso a la investigación que hay que llevar adelante.

¿Con Vicentín no estaban dadas esas condiciones o se cometieron errores desde el Gobierno entonces?

-En el caso Vicentín lo que el Gobierno no hizo fue explicar lo ocurrido, utilizar todos los medios, buscar el acuerdo con los sectores que habían sido claramente agredidos por Vicentín, productores, cooperativas, trabajadores y demás. Podría haber construido una alianza social respaldatoria de su decisión, y no lo hizo. De todas formas, hoy ya comienzan a verse en la  provincia de Santa Fe presentaciones hechas por los propios productores, acompañados hasta por la bolsa de Rosario, diciendo que es conveniente resolver el tema Vicentin separando a la conducción de la empresa, capitalizar las acreencias y con intervención del Estado nacional y provincial. Los propios productores están reclamando una intervención del Estado para evitar que se consume un fraude que está golpeando a los productores y a la banca pública. En un primer momento se sobreestimó el conocimiento social de la cuestión. Yo creo que en el caso del endeudamiento macrista con el Fondo hay mucho más consenso desde el vamos en la población respecto a lo que esto significó, y si esto se explicita públicamente con todas las herramientas de difusión que el Estado tiene y se avanza en términos judiciales con toda la potencia que el Estado puede desplegar, yo creo que hay condiciones para que esto no quede en el limbo. Y si se lo acompaña con una presentación internacional creo que aún más. Sí creo que si se retrocede, como siempre, se pagarán costos en legitimidad política, con la propia base electoral que pretende una solución diferente, y se pierden condiciones para poder llevar adelante las políticas que corresponden. Por ejemplo, con Vicentín, por haber retrocedido nos perdimos la oportunidad de poner una empresa del Estado en el complejo exportador de granos, y a fines del año pasado tuvimos una presión desestabilizadora en donde actuaron aquellos que manejan el comercio de granos.

¿Te llamaron del Gobierno para participar de esta nueva denuncia?

-Sólo me llamaron del Banco Central, asesores de Miguel Pesce, la semana anterior al anuncio del Presidente para pedirme la denuncia penal que presentamos en noviembre de 2019. No me informaron para qué, y luego me encontré con un planteo presidencial que tiene muchos puntos de contacto con la denuncia. Fue el único contacto que tuve.