Macrismo y literatura

El Gobierno buscará que su impacto no se expanda socialmente y cuenta para eso con una tradición literaria y periodística como escudo. Sin embargo, es probable que ciertas relaciones entre los servicios de inteligencia, la prensa y actores políticos se resientan. Hay cosas que nunca cambien y cosas que nunca vuelven.

El juez federal Alejo Ramos Padilla le pegó al corazón del sistema judicial. La trama que reveló con elementos probatorios contundentes involucraría al fiscal Carlos Stornelli, quien lleva la investigación de la causa por las fotocopias de los cuadernos de Oscar Centeno, el abogado y agente de inteligencia Marcelo D’Alessio, quien está acusado de extorsión por el empresario Pedro Etchebest para que Stornelli lo exima de cualquier imputación en el caso que trabaja, las diputadas Elisa Carrió y Paula Olivetto Lago, quienes recibían información de parte del letrado dicharachero, y periodistas como Daniel Santoro, que luego publicaban como hallazgos noticiosos un caldo podrido con datos que surgían de las catacumbas que conectan Comodoro Py con la Embajada norteamericana.

El magistrado del juzgado de Dolores, que se hizo cargo de la causa porque el lugar de los hechos denunciados es Pinamar, apeló a la caja de resonancia de la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados ante la posibilidad de que le quitaran la investigación. Solícito y veloz, su par Julián Ercolini había levantado la mano para asumir esa responsabilidad, unido por lazos familiares al gabinete macrista.

La respuesta del Gobierno, torpe y tardía, fue la de pedir el juicio político a Ramos Padilla en la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura. Sin fecha precisa para reunirse, el carácter hirviente del tema podría convertirse en un catalizador de la urgencia pero para una de las fuentes que fatiga los pasillos judiciales no dejaba de ser sorprendente que el diputado Pablo Tonelli, el mismo consejero que ensayó la maniobra sin fundamentos consistentes, solicitó también esta semana toda la documentación sobre los allanamientos instruidos por el juez Claudio Bonadío contra la treintena de detenidos del 18 de diciembre de 2017, en ocasión de la represión contra los manifestantes que se oponían a la reforma previsional. Los abogados que denunciaron a Bonadío sostuvieron entonces que se ordenó para esos procedimientos la sustracción de objetos, símbolos y literatura política, un gesto típico de gobiernos dictatoriales o, por lo menos, prestos a la suspensión de garantías constitucionales.

A su vez, la Corte Suprema de Justicia, para dolor de cabeza de la Casa Rosada, concedió los recursos que reclamó Ramos Padilla para el desarrollo de la investigación. El texto que publicara una semana antes en su blog Ricardo Lorenzetti, ex mandamás del máximo tribunal, acerca de la mediocridad reinante en el terreno político cobra otro sentido después del capítulo escrito el último miércoles. “Lorenzetti no da puntada sin hilo y no sería sorprendente que estuviera adelantando este dardo contra Carrió”, reconocen en el cuarto piso del palacio de Tribunales. En ese sentido, fue curioso que la diputada chaqueña no lo cruzara ese martes de carnaval en que el juez santafecino se despachó con ese panegírico crítico con la situación institucional del país.

La impugnación oficialista contra la presentación de Ramos Padilla, basada en el supuesto carácter político o sus eventuales links con el kirchnerismo, son tan patéticas como insuficientes pero operan sobre el núcleo duro de la sociedad que apoya a Cambiemos. El trending topic sostenido durante la exposición del juez en la Cámara baja por referentes de Unidad Ciudadana abre el flanco para que entre esa daga macrista, lo mismo que el grupo de Facebook en apoyo al magistrado, pero no anulan la gravedad de la pieza que está escribiendo.

La letra y la sangre

Así las cosas, la historia de estos días no tiene nada que envidiarle a las grandes obras literarias de estas pampas. Para un presidente casi ágrafo y poco proclive a la lectura, la circunstancia redundaría en una paradoja: si la literatura argentina arranca con una violación, tal como acuñara David Viñas en referencia al libro El Matadero, de Esteban Echeverría, la novela que protagonizan distintos personajes de la coalición de su gobierno no le va a la saga. Porque Echeverría narra una muerte en la casilla de un juez en 1838 y la publica recién en 1871, configurando el primer relato nacional sobre la percepción de la justicia o la ley en estas latitudes.

La incógnita, en un año electoral en el que sus asesores le recomendaban jugarse los porotos sobre el issue de la corrupción porque no habría buenas nuevas en economía, es cómo impactará socialmente el escándalo judicial. Crece la pregunta por la sustentación que puede acreditarse al combate contra la corrupción si el sujeto de esa enunciación se yergue sobre extorsiones, lazos con presuntos agentes de la CIA y diputados y periodistas que venden lo que en la jerga se llama “pescado podrido”.

En su tesis de doctorado por la Universidad de Boston, la licenciada en Letras por la UBA Daniela Dorfman aborda el estudio de la “potencialidad jurisgenética de la literatura” y “la relación de los argentinos con la ley y la de la literatura con los argentinos cuando se trata de la ley”. Titulado “Ante la Ley: cultura legal y estado en la literatura argentina (1871-2004)”, el trabajo indaga sobre el anclaje de los textos emblemáticos de la patria letrada a partir de escenas como la de Martín Fierro y el sargento Cruz, contra la partida que el uniformado comandaba para capturar al gaucho retobado. Desde los orígenes institucionales por estas latitudes, en consecuencia, habría una reticencia popular al respeto de la norma o una legitimidad reconocida al sistema de justicia, lo cual deriva en el debate alrededor de la anomia.

Visto de esa manera, el problema estriba en que nada vale. Y se sabe que, a río revuelto, ganancia de pescadores pero en una Argentina sin demasiadas cañas habría que detenerse en la relectura del prólogo que escribiera Rodolfo Walsh a la edición de 1973 para Caso Satanowsky, el libro que reconstruye el asesinato del abogado Marcos Satanowsky en 1957, en medio de la disputa desatada en plena Revolución Libertadora por la propiedad del diario La Razón: “Los mecanismos que la Libertadora estableció en los campos afines del periodismo y los Servicios de Informaciones siguen vigentes después del triunfo popular del 11 de marzo, y no es una política conciliadora la que ha de desmontarlos”.

Después de la bomba neutrónica de Ramos Padilla, ningún trabajador de prensa se sentirá demasiado cómodo publicando textuales de quienes, como Carrió u Oliveto Lago, vocean las versiones que elucubran en las sombras los agentes oscuros de poderes innombrables para los cuales el orden resplandece y la transparencia impera.