Más planes, menos trabajo: el legado macrista que hoy oculta Juntos por el Cambio
Cambiemos terminó 2019 con 234.000 empleos privados menos y más del doble de planes de los que recibió. Además, transfirió su administración del Estado a las organizaciones, todo lo contrario a lo que hoy dicen Larreta y sus referentes.
En una Argentina que se revuelca en su propio lodo, la discusión central de las últimas semanas pasó, una vez más, por la estigmatización de la pobreza y un intento de enfrentar a una parte de la sociedad con los que menos recursos y oportunidades tienen. De Juan Zabaleta a Horacio Rodríguez Larreta, de Luís D'Elía a Viviana Canosa, se escucharon voces de todos los rincones despotricando contra el acampe con el que organizaciones de izquierda que no forman parte del Gobierno paralizaron el centro neurálgico de la CABA durante 48 horas. La novedad fue lo lejos que llegaron esos discursos, que pasaron del plano retórico a acciones concretas como proyectos de ley para quitarle planes a manifestantes. Lo de siempre fue la hipocresía del PRO, que otra vez siendo oposición salió a disparar bengalas de humo mediáticas completamente contradictorias con lo que fue su gestión de gobierno.
Y es que durante la gestión Macri, los planes sociales no solo aumentaron a más del doble de los que había entregado CFK en 2015 sino que además pasaron a ser administrados por las organizaciones sociales en lugar del Estado. Justamente lo que criticó esta semana el Jefe de Gobierno porteño, en una de sus ya recurrentes disgresiones de memoria selectiva.
Pero no solo eso. En lo que sería la otra cara de la moneda de la discusión por los planes, su transformación en puestos de trabajo dentro del mercado laboral formal, el PRO tampoco tiene una historia virtuosa para legitimar sus posiciones actuales. Más bien todo lo contrario. Durante la gestión cambiemos se destruyeron 234.000 puestos de trabajo en el empleo formal privado y la desocupación tocó picos por encima de los 10 puntos.
La radicalización del discurso PRO no es algo novedoso. Corrido por derecha por la irrupción de Milei en el escenario político porteño y ahora nacional, ya el año pasado y de cara a las elecciones en el macrismo proliferaron los halcones en una táctica electoralista que pagó bien en las urnas. Hoy juega también el condimento de la interna, en la que el propio Mauricio Macri corre la vara todo el tiempo con declaraciones altisonantes, que parecen sacadas de las acusaciones que Daniel Scioli le hiciera en aquel famoso debate antes de las presidenciales en 2015 y de las que el ex presidente siempre intentó despegarse, hasta esta nueva faceta sincericida actual en la que por fin dice lo que realmente siempre pensó.
No es la primera vez que el macrismo incurre en esta dinámica de “júzguenme por lo que digo pero no por lo que hago”, o lo que hice. En 2021 su caballito de batalla fue una supuesta defensa de la educación, mientras que durante su gestión entre 2015 y 2019 no hicieron más que desfinanciar el sistema educativo año a año, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires y en la CABA. Por eso, repasar números y resultados de gestión se vuelve necesario para poner blanco sobre negro en una discusión estructural para el país, que no puede ser tomada superficialmente.
MÁS PLANES: EL LEGADO DE CAMBIEMOS 1
Hablar sobre la destrucción económica que significó la gestión macrista entre 2015 y 2019 debería ser una obviedad a esta altura, y lo sería si no existiese una fabulosa maquinaria política y mediática abocada a deshistorizar el pasado reciente y “lavarle la cara” a la alternativa electoral que el establishment proyecta para 2023. El ejemplo más claro es la cuestión FMI, donde las encuestas reflejan el preocupante dato de que 6 de cada 10 argentinos no saben que esa deuda la tomó Macri.
Los planes sociales surgieron como una respuesta del Estado y el sistema político a la crisis del 2001. El gobierno de Eduardo Duhalde inauguró esa herramienta para llegar con un mínimo rescate a quienes habían sido descartados a los márgenes el régimen neoliberal de los 90 y su destrucción del aparato productivo. El Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJyJHD) arrancó en 2002 y alcanzó en promedio a unos dos millones de argentinos. Con la recuperación económica del primer gobierno kirchnerista se redujeron en un 50%, apenas superando los 1.100.000 planes en 2007.
En el primer mandar de CFK y como respuesta a la crisis global que inició 2008, en el año 2009 se crearon dos instrumentos de asistencia social con un enfoque diferente al PJyJHD: la Asignación Universal por Hijo (AUH), que es un derecho social y no debería ser tratado como un plan; y el Programa de Inclusión Social con Trabajo (PRIST), más conocido como el Argentina Trabaja (AT), que buscó organizar en cooperativas a quienes no habían ingresado al mercado formal en aquellos años de aumento de la actividad y caída del desempleo. En 2013 se sumó el Ellas Hacen para cooperativas de mujeres, y paulatinamente ambos programas fueron reemplazando al PJyJHD. CFK dejó el gobierno en 2015 con poco más de 207.000 beneficiarios activos.
Con la llegada de Cambiemos al gobierno llegaba también el ajuste a la economía argentina. Pero el macrismo sabía muy bien del poder de fuego de las organizaciones, capaces de complicarle la gestión desde el primer día si el ajuste recaía sobre sus bases. Con un pragmatismo que descolocó a buena parte kirchnerismo en ese momento, Cambiemos negoció una paz social con organizaciones de las que hoy reniega, mientras descargaba tarifazos que pegaban fuerte sobre la clase media.
En diciembre del 2016 se sancionó la Ley 27345 que prorrogó la emergencia social hasta fines del 2019, creó el Consejo de la Economía Popular (CEP), el Registro Nacional de la Economía Popular (RENATEP) y el Salario Social Complementario (SSC), la nueva figura que iría reemplazando los planes anteriores. Las principales organizaciones sociales pusieron sus representantes en el CEP y pasaron a ser los entes ejecutores del SSC a partir de su inscripción en el RENATEP. La medida significó una cristalización de sus demandas y su empoderamiento, a la par que les arrancó el compromiso de contener la conflictividad social.
“Usan a la gente, ¿a alguien se le ocurre que la gente vino en forma espontánea? (...) Los traen, y los traen extorsionados que si no vienen les sacan el plan. Porque el plan en vez de manejarlo el Estado, como tiene que ser, lo manejan organizaciones que los extorsionan” dijo Larreta esta semana, desconociendo que fue el propio macrismo el que sacó la gestión de los planes sociales de la órbita de los municipios para pasarlo a las organizaciones. El gobierno de cambiemos terminó con más de 551.000 beneficiarios del SSC y el Hacemos Futuro, otro programa lanzado en esos años. La cifra es más del doble de lo que recibió de CFK.
MENOS TRABAJO FORMAL: EL LEGADO CAMBIEMOS 2
Mientras aumentaba los planes que ideológicamente siempre dijo combatir, el macrismo destruía el trabajo formal privado que siempre dijo defender. En enero del 2020 el Ministerio de Trabajo emitió un comunicado en el que afirmó que “entre noviembre de 2015 y noviembre de 2019, 234 mil trabajadores perdieron sus empleos asalariados en empresas privadas. Sólo la expansión del monotributo y del empleo público, logró compensar este proceso de destrucción del empleo asalariado”. Los datos surgieron de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) y del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Efectivamente, el sector público tomó unos 105.000 trabajadores en ese período luego de un fuerte proceso de despidos al inicio de la gestión, y 177.000 trabajadores se registraron como monotributistas consolidando la precarización del empleo que se evidenció también con un fuerte aumento del trabajo en negro durante la gestión Cambiemos.
La tasa de desempleo según el INDEC, intervenido de 2007, era de 5,9% al final del segundo mandato de CFK en 2015. Tras el fuerte ajuste macrista en sus primeros meses de gestión, en el segundo trimestre de 2016 el INDEC publicó los primeros números de esa nueva etapa tras un período que Cambiemos caracterizó como una normalización del instituto de estadísticas. El primer indicador de desempleo en ese trimestre arrojó un 9,3%, en el que preciso ubicar a los miles de trabajadores despedidos tanto en el sector público como el privado en los primeros meses del gobierno de Macri. Con el pico de 10,6% en el segundo trimestre de 2019, la gestión Cambiemos terminó el 2019 con un 8,9% de desempleo.
EL GOBIERNO DEL FRENTE DE TODOS
El par planes sociales/trabajo registrado se movió en los años del FDT al calor de la crisis producida por la pandemia. En junio del 2020 se creó el programa Potenciar Trabajo, que incluyó en un mismo plan al SSC y el Hacemos Futuro. En ese momento 580.000 trabajadores percibían alguna de esas dos asistencias. En los casi dos años de ese momento a la fecha, el número de beneficiarios casi se duplicó, alcanzando 1,2 millones de personas.
En relación al empleo, el parate económico de la pandemia llevó desempleo en el cuarto trimestre de 2020 al 11%, cifra que superó los registros macristas. Pero la recuperación de la actividad durante 2021, que llevó a un crecimiento de la economía superior al 10% durante ese año, ubicó la tasa de desempleo para el último trimestre registrado en el 7%, la marca más baja desde fin del gobierno de CFK en 2015.
PROPUESTAS
En este contexto, tanto la derecha como las organizaciones sociales identifican la necesidad de modificar la situación de los planes sociales, pero desde ópticas muy diferentes. Tanto el partido de Javier Milei como el ala dura del PRO presentaron proyectos de ley para atacar la protesta social, articulándola con los programas de asistencia. Los dos coinciden en su mirada porteñocentrista y su avance contra las organizaciones.
Ramiro Marra, Legislador de la CABA por La Libertad Avanza, presentó en la legislatura porteña un proyecto para prohibir la presencia de menores de 16 años en piquetes. Su iniciativa propone que las fuerzas de seguridad sean las responsables de identificar a las que organizaciones lleven menores a esas protestas y que el Gobierno de la Ciudad les retire toda ayuda económica a modo de sanción. En sus fundamentos, Marra afirma que en la CABA se llevaron adelante 8000 piquetes en los últimos 10 años.
Ese mismo número lo utilizó el Diputado nacional del PRO Waldo Wolff en los fundamentos de su propuesta, en los que también incluyó el costo para la CABA de 3,5 millones de pesos en promedio por limpiezas y reparaciones luego de cada protesta. Wolf dice también que las organizaciones sociales “se han politizado, desatendiendo el fin altruista y social que les dio origen”. El “lobo” del PRO propuso suspender “toda prestación económica y/o subsidio de cualquier especie que reciba de parte del Estado Nacional el autor de delitos o contravenciones cometidas en ocasión de manifestaciones públicas y/o la persona jurídica a la que pertenezcan”.
Por su parte, desde la UTEP rescatan el concepto de la Economía Popular y destacan que la componen 7 millones de argentinos y argentinas, de los cuales 4 millones están inscriptos en el RENATEP y sólo 1,2 millones perciben el Potenciar Trabajo. Desde allí discuten con la idea de “transformar planes en empleo”, argumentando que la economía popular es un sector distinto al del mercado formal de trabajo, pero que tiene su propio y relevante lugar en la economía del país, por lo que debe ser atendida con medidas específicas.
La radiografía de ese sector muestra, según la UTEP, tres segmentos distintos: quienes forman el núcleo de pobreza estructural; quienes pueden recuperar la empleabilidad en el mercado formal; y la gran mayoría que son quienes se inventan su propio trabajo. Desde esta mirada, empleo y trabajo no son sinónimos, y lo que reclama el sector es una mayor y más focalizada asistencia al trabajo que genera la economía popular.
Sin desestimar un ingreso básico necesario para el primer segmento, ni la capacitación y la articulación con el mundo PyME del segundo, algunas de las ideas que UTEP despliega para que el Estado empuje la economía popular son: ampliación del monotributo social para la formalización y valoración de esos trabajos; créditos no bancarios a unidades productivas para potenciar la producción en escala; y un “compre estatal” a este sector junto a una integración a las cadenas de valor del mundo PyME.
La problemática de los planes sociales en la Argentina es de larga data, profunda y compleja. Surge de la raíz de la pobreza estructural que el país no puede resolver desde el establecimiento del neoliberalismo como sistema hegemónico y los paréntesis que intentaron mitigarlo, con buenos e insuficientes resultados. La posibilidad de encauzar definitivamente esta deuda del país para con los más desprotegidos no provendrá, sin ninguna duda, de los cantos de sirena neoliberales que hoy se baten al viento preelectoral desde las bocas de quienes hicieron todo lo contrario a lo que pregonan y que no dudarían en volver a hacerlo. El enfrentamiento entre la clase media y los sectores populares sólo puede resultar beneficioso para quienes pretenden sostener las desigualdades estructurales. La sociedad argentina se debe y merece un debate más profundo.