Tras su viaje al exterior, el presidente Javier Milei regresó a la Argentina y retomó la motosierra. A pocos días de que se venzan las facultades delegadas que le otorgó el Congreso de la Nación, el mandatario firmó una serie de decretos que profundizan el ajuste y el desguace de organismos y políticas públicas. 

Con la firma del Decreto 396/2025, el jefe de Estado disolvió el Instituto Nacional del Agua (INA) y fusionó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) con el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). 

El INA era un ente autárquico que se dedicaba al estudio, capacitación y difusión de conocimientos sobre los recursos hídricos. Ahora, esas tareas estarán centralizadas en una unidad organizativa bajo la órbita de la Secretaría de Obras Públicas.

Por su parte, el INPRES, creado por ley en 1972 y con sede en San Juan, generaba normativa antisísmica y estudiaba riesgos geológicos. Tras la firma del DNU, el organismo se fusionará con el SEGEMAR.

Los gremios estatales y los trabajadores temen que, como pasó en otras ocasiones, estas medidas se traduzcan en fuertes recortes presupuestarios y despidos de personal. 

Además, a través del Decreto 415/25, el Gobierno Nacional disolvió el Fideicomiso Individual PPP Red de Autopistas y Rutas Seguras y el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de GLP; herramienta destinada al financiamiento del Programa Hogar de ANSES para repartir garrafas de gas entre familias de bajos recursos. 

A su vez, el Ejecutivo eliminó 5 regímenes de promoción y desarrollo de algunas economías regionales: el Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas; el Programa de Promoción y Producción del Gusano de Seda; el Régimen para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina; el Régimen de Promoción de la Ganadería Bovina en Zonas Áridas y Semiáridas; y el Programa para el Fomento y Desarrollo de la Producción de Bubalus Bubalis o Búfalos de Agua.