El Gobierno nacional dispuso esta semana un recorte de 100.000 millones de pesos en el Fondo Especial de Asistencia para Emergencias destinado a Bahía Blanca, a menos de una semana de las elecciones provinciales, donde La Libertad Avanza ganó. La medida, oficializada en el Boletín Oficial mediante la Decisión Administrativa 23/25, reduce a la mitad el monto previsto por el Decreto 238/25, que había creado un fondo específico para asistir a los damnificados por el temporal de marzo.

El fondo original surgió como una respuesta puntual a la catástrofe climática que afectó a Bahía Blanca: más de 400 mm de lluvia en menos de ocho horas provocaron la muerte de aproximadamente veinte personas y daños masivos en infraestructura, viviendas y bienes. En las inmediaciones del centro de la ciudad se vieron autos, muebles y postes arrastrados por corrientes que convirtieron las calles en verdaderos ríos con rápidos y remolinos.

Aunque el decreto había previsto aportes directos a las familias afectadas y recursos para obras de reconstrucción, no todos los solicitantes lograron acceder al auxilio, lo que generó críticas locales sobre la eficacia y alcance de la asistencia. Con la reducción oficializada, quienes sí estaban en condiciones de cobrar el fondo tendrán ahora una distribución significativamente menor de los montos disponibles.

El recorte llega en un contexto político tenso: La Libertad Avanza se impuso en Bahía Blanca y Coronel Rosales, dos distritos relevantes de la Sexta sección, y las decisiones del Ejecutivo nacional -incluido el veto presidencial a una ley de ayuda aprobada por unanimidad por el Congreso el 4 de junio- son un claro distanciamiento del drama bahiense. En el veto argumentaron que las medidas ya adoptadas por decreto eran suficientes y que, en un marco de estrechez presupuestaria, un auxilio financiero adicional no resultaba necesario.

La nueva decisión administrativa que reduce a la mitad el monto disponible -dejándolo en 100.000 millones de pesos- profundiza la percepción local de desatención por parte del Gobierno nacional, sobre todo frente al mayor involucramiento de la Provincia y otras jurisdicciones en tareas de reconstrucción. Para la población afectada, la disminución de recursos significa menores subsidios directos e indirectos y menos capacidad para impulsar obras de infraestructura necesarias para mitigar futuros riesgos y recuperar el tejido urbano y social dañado.