El pasado 4 de junio el Congreso de la Nación había sancionado la Ley de Emergencia para Bahía Blanca, que creaba un fondo especial de $200.000.000.000 para reconstruir la ciudad y asistir los afectados por las inundaciones de marzo. Sin embargo, este martes el presidente Javier Mileo vetó la legislación a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial. 

La medida lleva las firmas del mandatario, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. 

La ley preveía medidas de alivio económico, suspensión de obligaciones contractuales y acceso a créditos blandos para la reconstrucción de viviendas para los habitantes de las zonas afectadas, además de apoyo a sectores productivos. A su vez, preveía obras de infraestructura, priorizaba la contratación de recursos locales en obras de infraestructura y contemplaba la articulación con el Gobierno bonaerense para eximir de impuestos y tasas a los afectados.

Pero para el Gobierno nacional todo ello se “torna innecesario”, en un marco de "estrechez presupuestaria como el de la emergencia que se está transitando”. 

Es que para el Ejecutivo la asistencia propuesta por la ley ahora vetada ya estaba contemplada en el Decreto 238/25, dictado tras el temporal del 7 de marzo en Bahía Blanca. Dicha medida creó un fondo especial de $200.000 millones gestionado por el Ministerio de Seguridad. 

Asimismo, la administración libertaria justificó su decisión de vetar la emergencia para la ciudad bonaerense debido a que la misma "no indica cuál ha de ser la fuente de financiamiento para hacer frente a las erogaciones que por medio de él se disponen, requisito necesario de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, que dispone que las leyes que autoricen gastos no previstos en el presupuesto general deben especificar las fuentes de los recursos que las financiarán“. 

Se trata del mismo argumento que utilizó Milei en cada una de las oportunidades que vetó otras leyes como la Ley de Financiamiento Universitario. 

“Por medio del artículo 5° de la Ley Nº 24.629 se establece que toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos y que, en caso contrario, quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional", remarcaron desee Cada Rosada.