Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia Pediátrica
El Gobierno argumentó que la ampliación de fondos “incrementa desproporcionadamente el gasto” y no especifica el método de financiamiento. El Congreso sesionaría la semana próxima para diagramar el rechazo.
Como había prometido, este miércoles el presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario sancionada días atrás por el Congreso de la Nación. Horas después, el Ejecutivo también publicó el rechazo a la Ley de Emergencia Pediátrica, que garantizaba más fondos para el Hospital Garrahan.
En el caso del financiamiento para las universidades, el Gobierno argumentó que la medida "incrementa de manera desproporcionada el gasto público sin que existan recursos suficientes para solventarlo" y reiteró que el proyecto no detalla las fuentes de financiamiento de la ampliación de fondos para las casas de estudio.
Como informó el Ejecutivo en el escrito de nueve páginas donde promulgó el veto, los fondos para las universidades “incrementan de manera desproporcionada el gasto público sin que existan recursos suficientes para solventarlo”, lo que genera "un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica" y acarrea "perjuicios concretos para la población, especialmente para los sectores más vulnerables".
Además, el Gobierno alegó que la ampliación demandaría un desembolso total de $1.069.644 millones para el Presupuesto 2025 e insistió con la idea de que el gasto "no tiene respaldo real" y por ende debería financiarse “con emisión monetaria”. Tras ello, volvió a mencionar que "la fuente de financiamiento prevista es manifiestamente insuficiente" para cubrir los montos que exige la normativa.
En el Congreso, la oposición ya se prepara para dar la lucha y voltear la derogación, tal como ocurrió, por primera vez en 20 años, con la Ley de Discapacidad la semana pasada. Por el momento, los legisladores esperan convocar a una sesión especial el miércoles próximo para comenzar a diseñar la estrategia parlamentaria.
En el caso de la Emergencia Pediátrica, el argumento fue similar y podría resumirse en “no hay plata”.
La normativa que había sido sancionada por unanimidad en el Congreso de la Nación el 21 de agosto pasado, con el objetivo de destinar recursos para reforzar la atención en hospitales y centros de salud pediátricos de todo el país.
En concreto, la iniciativa buscaba aumentar el financiamiento de los hospitales pediátricos, como el Garrahan, y asignar partidas especiales para la compra de insumos, equipamiento médico, además de permitir una recomposición salarial del personal de salud especializado en pediatría, un sector gravemente afectado por la crisis y el éxodo de profesionales.
Sin embargo, para la administración libertaria la ley no contaba con el "sostén presupuestario necesario" y, por ende, su implementación “afectaría el equilibrio fiscal”.