El presidente Javier Milei encabeza una reunión de Gabinete en Casa Rosada para analizar el fallo de la justicia norteamericana por la expropiación de YPF que pretende obligar a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de la petrolera a los fondos buitres.

Después de casi dos meses sin presidir una reunión de su equipo de Gobierno, el mandatario volvió a convocar a sus ministros y funcionarios en Casa Rosada para evular cuáles serán los pasos a seguir de la Argentina. 

Ayer, la jueza estadounidense Loretta Preska, falló a favor de los fondos buitres Burford Capital y Bainbridge en la causa por la expropiación de YPF y ordenó que el Estado argentino les transfiera el 51% de las acciones de la empresa. 

La decisión de la justicia norteamericana cayó como un baldazo de agua fría en el Gobierno, que estaba convencido de que las relaciones carnales de Javier Milei con Estados Unidos y Donald Trump podían inclinar la balanza a su favor.  

Como primera reacción, con una publicación en redes sociales, el Presidente le echó la culpa del fallo a Axel Kicillof por haber sido el ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner cuando se expropió la petrolera. Por su parte, el ahora gobernador bonaerense aseguró que la decisión de Preska es “un disparate jurídico” y una “intolerable intromisión sobre nuestra soberanía”. 

Por su parte, Milei anticipó que Argentina apelará el fallo. Al seguir la vía judicial, el Estado argentino debe actuar rápido dado que Preska estableció un plazo de 14 días para entregar el capital accionario de YPF.

Para analizar las posibles alternativas y los pasos a seguir, el Presidente reunió a su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación), Mario Lugones (Salud), Luis Petri (Defensa), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano). También convocó al vocero presidencial, Manuel Adorni y otros funcionarios clave de la cúpula presidencial.

En este escenario, el Gobierno considera clave el rol de la Procuración del Tesoro, el equipo de abogados que se encarga de representar al Estado Nacional ante los litigios locales e internacionales. Sin embargo, su titular Santiago Castro Videla no podrá ser parte de esa estrategia debido a que el funcionario, puesto en el cargo por Santiago Caputo, integraba el estudio de abogados de Alberto Bianchi, que fue uno de los expertos que presentó Burford Capital en el juicio, y tuvo que excusarse del caso.