Juliana Andora tiene 45 años y es madre de tres hijos de 10, 8 y 6. Es Trabajadora Social,  Especialista en Políticas Sociales, Magíster en Trabajo Social, doctoranda en Trabajo Social y Docente en la universidad. “Todo mi expertise y mi carrera fueron desarrolladas en este área, la implementación de políticas sociales y la atención de las necesidades de la población. Muchos años dedicados a eso”, le cuenta a Diagonales junto con su historia de 20 años como trabajadora del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, hoy devenido en una Secretaría del Ministerio de Capital Humano. Desde este lunes, Juliana será una de los 800 trabajadores de planta permanente despedidos por Sandra Pettovello y Javier Milei en su cruzada por destruir el Estado. “Lo único que logran con esto es que nuestras vidas se deterioren, no están aportando nada a salir de esta situación en la que está el país, más bien están haciendo todo lo contrario”, cuenta angustiada.

El 19 de marzo de este año Pettovello dio un paso más en un proceso de destrucción que había comenzado en los albores del gobierno libertario. Unos 800 trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) recibieron un mail oficial en el que se les decía lo siguiente: “Por medio de la presente le notifico que en virtud de lo dispuesto por la Resolución 130/2025 del Ministerio de Capital Humano, publicada en el Boletín Oficial el día 14 de marzo de 2025, ha sido incluido en la situación de disponibilidad, como consecuencia de la supresión de unidades organizativas dispuestas por el Decreto 151/25 y los fundamentos expresado en la resolución mencionada. El período de disponibilidad se extiende por seis meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de la resolución en el Boletín Oficial”. Fue la manera de informarles a esos 800 trabajadores que este domingo 14 de septiembre se quedarían en la calle.

La “supresión de unidades organizativas” que menciona esa comunicación oficial se traduce en un desmantelamiento feroz de toda una estructura de capilaridad territorial del ex Ministerio de Desarrollo Social. Desde Ushuaia hasta La Quiaca, cada provincia del país contaba hasta el año pasado al menos con un Centro de Referencia del ex Ministerio, desde donde se desplegaban múltiples políticas de atención social. “El pueblo argentino pierde una estrategia de desarrollo a nivel nacional que articulaba todas las políticas sociales de ese Ministerio. Yo trabajaba en el de La Plata y atendíamos a toda la región en una oficina a la que la gente podía acercarse, o los y las trabajadoras sociales teníamos tareas que desplegábamos en el territorio: visitas domiciliarias, informes ambientales, visitas a cárceles, a comunidades, trabajo con comedores comunitarios, el trabajo con niñez y adolescencia, articulando con otras áreas del Estado por localidades”, explica Juliana.

El resultado de esa decisión política es doble. Por un lado, junto a la destrucción mencionada se materializó una centralización de todo el Ministerio de Capital Humano en la CABA, marginando al interior del país. Por otro, se incrementó el drama social del desempleo, afectando a cientos de familias: “La población se queda sin asistencia directa y las y los trabajadores nos quedamos sin trabajo. Pasamos a estar del otro lado, a ser personas desocupadas con muchos años de carrera y formación”, sintetiza Andora.

LA CRUELDAD QUE PERSISTE

Detrás de cada trabajador despedido hay una historia, una familia, muchos años de formación y dedicación al servicio social que este Gobierno elige desconocer y despreciar. En la comunicación en la que les informaron su pase a disponibilidad, desde Capital Humano le plantearon a los laburantes que debían “permanecer accesible durante su horario laboral, y concurrir a toda convocatoria que le sea cursada”.

“Nunca nos convocaron a nada, no tuvimos ninguna respuesta, no se les movió un pelo”, comenta Juliana en relación a supuestos cursos de formación y actividades a las que iban a ser convocados y a los reclamos que efectuaron. Las y los trabajadores quedaron sin tareas, con sus espacios laborales cerrados y en una espera angustiante hasta que se cumpliera el período de disponibilidad. Desde el Gobierno no les comunicaron más nada.

“Igualmente no nos quedamos de brazos cruzados. Tomamos el centro de referencia, encaramos un proceso de lucha para que nos vuelvan a restituir en nuestros puestos. Luchar lleva mucho tiempo, tuvimos casi seis meses de toma del centro, fue una pelea que nos llevó mucha energía y no nos fue gratuito”, relata la trabajadora social en referencia a una lucha colectiva que hoy parece perdida.

La mayoría de esos trabajadores y trabajadoras empezaron inmediatamente a buscar otros trabajos o algún pase dentro del Estado para no quedar desempleados. Pero la decisión política de reubicarlos nunca existió y el contexto económico y social tampoco es el más favorable para trabajadores con la trayectoria y el campo de desempeño como el de Juliana: “Una empieza acciones de lucha, y a la par a buscar trabajo. Todavía no lo conseguí, cuesta mucho en este momento. Y más con una trayectoria con la que venimos nosotros, con 20 años de expertise y antigüedad, con actividades como la nuestra del trabajo social que están en retroceso”, comenta a Diagonales.

Hay otro sesgo en la crueldad con la que se manejó y se maneja el Gobierno nacional: el de género. “La mayoría de las que fuimos afectadas somos trabajadoras sociales y mujeres, el 90%, y somos sostenes del hogar”, relata Juliana. La nueva despedida por Milei y Pettovello agrega dimensiones al drama que viven hoy miles de familias a lo largo y ancho del país: “hay muchos problemas atrás de esto, porque se afecta a una carrera, una identidad profesional, a un sector de la población muy amplio, a las mujeres en nuestra lucha histórica por la conquista de espacios socio ocupacionales de relevancia, a la Universidad, porque indirectamente están diciendo que sus títulos no sirven para nada, que nuestras carreras y nuestras historias no valen, no sirven”.

Los 800 trabajadores despedidos por Milei y Pettovello quedaron además condenados a la incertidumbre. Nadie en el Gobierno les brindó información sobre cómo seguirán sus situaciones, si serán indemnizados y cómo, etc. Juliana lo narra con angustia: “No tengo idea de cómo es burocráticamente el proceso, tengo 20 años de carrera y es la primera vez que me pasa algo así. No sabría cómo sigue esto, supongo que me llegará un mail con una liquidación final. Pero no creo que nos den así nomás la indemnización que nos corresponde tampoco, nos van a regatear, no es gente que se caracterice por su generosidad ni su buen trato”.

Como muchos otros trabajadores del Estado, Juliana Andora pasó la gran mayoría de sus dos décadas en Desarrollo Social como contratada. Ingresó al Ministerio en 2025 y recién en 2023, luego de haber concursado tres veces, obtuvo su pase a planta permanente. “Cuando concursante tantas veces, demostraste tu idoneidad, tu formación etc, el Estado debería garantizarte la estabilidad laboral”, sostiene a horas de que el Gobierno ejecute todo lo contrario con ella. Con una demanda judicial en curso, su horizonte es pelear por que al menos se le reconozca toda su antigüedad a la hora de calcular una indemnización por la que también sabe que deberá batallar.

EL EFECTO DE LA MOTOSIERRA: “UNA ENFERMEDAD AUTOINMUNE”

“Yo creo que todavía no se ve ni se entiende el nivel de impacto que esto tiene en la población y en las distintas instituciones del país”, responde Juliana ante la consulta por el impacto del desmantelamiento de Desarrollo Social, particularmente en el interior del país. “El mensaje es el abandono, vas a cualquier lugar de la periferia y lo que te encontrás es una carencia absoluta de recursos y vulneración de derechos. La propuesta de destruir al Estado no va a resolver ninguno de esos problemas y conflictos, porque además ellos no se están ocupando de eso, no recorrieron nunca un barrio que se salga de la zona céntrica, y cuando quisieron ir en campaña muy bien no les fue”, remata, dando cuenta de la verdadera profundidad del daño producido por el ajuste insensible e irracional del Gobierno.

Trabajadores y trabajadoras con décadas de formación y experiencia en el despliegue de políticas públicas de asistencia social quedarán arrojados al desamparo a partir de este domingo, con todo lo que eso significa en pérdidas para el Estado argentino, que invirtió en esas formaciones, como también para esas familias que deberán recomponerse como puedan en un momento crítico del país. Pero, además, el mensaje al resto de la sociedad es preocupante. Ya ni la formación profesional, ni la trayectoria, ni la experiencia ni la vocación de servicio parecen valores a ser destacados en la Argentina libertaria.

“¿Qué te dicen toda la vida cuando vas a la escuela? Que lo mejor que podés hacer para tu vida es estudiar, formarte, seguir estudiando, no bajar nunca los brazos, generarte una casa, una familia. Y de repente tu propio Estado empieza a atacar todo eso que sos, todo lo que construiste y todo lo que generaste para otros. Es como si fuera una enfermedad autoinmune contra su propia población, contra lo que siempre se promovió y ahora se destruye desde adentro”, sentencia Juliana.

EL PAÍS DE LA LIBERTAD QUE EXPULSA

Miles de familias argentinas sufren hoy, de múltiples maneras, el ajuste y la crueldad oficialista. El drama se traslada puertas adentro de los hogares, con proyectos de vida que se desploman, trayectorias que quedan truncas y futuros que se oscurecen. En la casa de Juliana el problema se duplica. Su esposo es abogado y trabajaba en la Secretaría de Derechos Humanos hasta diciembre del año pasado, empleo al que renunció luego de que le bajaran el 70% su salario. “Lo hostigaron con eso y lo obligaron a renunciar. Desde entonces estamos viendo cómo vamos a resolver nuestra vida, porque teníamos una profesión, una carrera, un laburo, y de repente nos quedamos sin nada. Nos cambió todo de un día para el otro”, cuenta la trabajadora social.

Juliana oscila en su relato entre la potencia por pelear hacia adelante y la angustia ante la incertidumbre a la que la arrojó la motosierra de Milei: “tengo 45 años, de acá a 10 años yo tengo que proyectarme en una jubilación, tenía que estar pensando en mi doctorado y terminar mi carrera de la mejor manera posible, porque ya había logrado el espacio de trabajo por el que batallé. Y ahora es como empezar de cero pero con una familia, hijos que mantener, una casa que sostener, una economía del hogar que soportar y que se deterioró brutalmente”.

El testimonio de Juliana podría ser el de muchos trabajadores y trabajadoras argentinas. El país en el que estudiaron y se formaron para construir una sociedad mejor, destinando su tiempo y su fuerza laboral en la implementación de políticas sociales, parece girar violentamente a una faceta individualista donde lo común y lo colectivo ya no importan. “Para nosotras las mujeres es una lucha traer hijos al mundo, el Estado lo promueve, y de repente te quedás sin ningún recurso para sostenerte a vos ni a los tuyos. Creías que tenías un proyecto para vivir acá, porque te mataste estudiando, tenés los títulos, llegaste a un determinado lugar y de pronto todo eso se desdibuja, se esfuma. Y después de tanto tiempo de dedicarte a asistir a otros es realmente muy doloroso y frustrante”, concluye la trabajadora social.

La crueldad y la irracionalidad del ajuste de Milei no parecen estar en duda ni aunque la sociedad le haya puesto frenos en las urnas al Gobierno nacional en 8 de las 10 elecciones en este 2025. El oficialismo acelera su curso en medio de una crisis económica que se profundiza y materializa en la caída de los salarios, la producción y el consumo, y el aumento permanente del número de desocupados. En lugar de intentar dinamizar la economía y contener la crisis, el Estado la incentiva dejando aún más familias a la intemperie. La destrucción es el único registro que maneja el oficialismo. El topo está efectivamente rompiendo desde adentro no sólo al Estado, sino también a miles y miles de historias familiares y personales condenadas a la angustia y la incertidumbre. Es el verdadero rostro del “mejor Gobierno de la historia”.