Las réplicas del terremoto político que significó la caída de la ley ómnibus recién empiezan a sentirse. Sacado y en modo troll, Javier Milei se despachó esa misma noche en su cuenta de X con un sinnúmero de ataques y agravios contra quienes responsabilizó por su primer gran fracaso político. Sin distinción y en una práctica de tinte fascista, fueron señalados tanto por el Presidente como por La Libertad Avanza y la Oficina del Presidente diputados y gobernadores que en la mirada del oficialismo “traicionaron” un acuerdo que en lo concreto nunca estuvo sobre la mesa.

Los diputados y diputadas vieron sus nombres y hasta sus rostros expuestos en posteos oficiales de la Oficina del Presidente, o de cuentas que Milei reposteó. Primeras listas negras por parte del Gobierno que dijo venir a instaurar “el respeto irrestricto por el proyecto de vida del otro, basado en el principio de no agresión”. Contra los gobernadores, las amenazas comenzaron a menos de una hora de caída la sesión del Congreso: “La traición se paga cara y La Libertad Avanza no va a permitir que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios” tuiteó la cuenta oficial de LLA. Todo muy democrático.

Los principales apuntados por el oficialismo son los mandatarios de Córdoba, Santa Fe, Misiones, Jujuy, Neuquén y Salta, tal como dejaron trascender desde el propio Gobierno, con quienes supuestamente se habían alcanzado acuerdos para la votación de la ley que sus diputados habían acompañado en general. Con el paso de las horas, las amenazas fueron subiendo de tono.

En un panel televisivo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo “yo podría sacar a toda la Gendarmería de Rosario y arreglátelas, comparando una cuestión tan sensible como la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad con la votación de una ley. El nivel de extorsión es preocupante. En paralelo, el Gobierno filtró versiones sobre la posible salida de funcionarios que responden a las provincias señaladas. La salteña Flavia Royón en  (Minería) y el cordobés Osvaldo Giordano (ANSES) fueron los primeros nombres apuntados. Este jueves el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que Milei “no evalúa ninguna renuncia” pero habrá que esperar a su retorno de Israel para confirmarlo. El enojo, está claro, existe y es profundo.

Cerca del mediodía del jueves se conoció la primera represalia concreta con la que Milei se vengó de los gobernadores. El Ministerio de Economía informó la reducción de subsidios a las empresas que prestan servicio de transporte público, algo que afectará particularmente al interior del país donde las tarifas siempre fueron más elevadas que en el área metropolitana. La explicación oficial habla de “disminuir el subsidio a las empresas prestatarias (oferta) de Jurisdicción Nacional, para concentrar la ayuda a los usuarios que más lo necesitan de forma directa, canalizando la asistencia a través de SUBE”.

En paralelo a “terminar con el congelamiento de tarifas que se había heredado de la gestión anterior en trenes y colectivos del AMBA”,  el Gobierno decidió eliminar el “Fondo Compensador del Interior, cuyas sumas también eran percibidas por empresas del resto del país”. El Fondo significaba unos $102.000 millones que ahora los gobernadores deberán cubrir con recursos propios.

La cartera que conduce Luis Toto Caputo remitió a la anterior participación del ministro durante la gestión de Mauricio Macri y afirmó que “estas decisiones guardan coherencia con el Pacto Fiscal que Gobernadores Provinciales y Gobierno Nacional firmaron en 2017 y 2018”. Lo cierto es que, junto al golpe al bolsillo que esta medida representa para toda la población del país, representa también un desafío político a los mandatarios provinciales, especialmente aquellos que tienen una larga trayectoria de denuncia sobre las asimetrías en las tarifas entre el AMBA y el interior. Para botón de muestra basta recordar el énfasis de Schiaretti en los debates presidenciales en torno a este tema, planteado desde las provincias como una injusticia sufrida en el interior.

El Gobierno informó que la asistencia seguirá corriendo a través de la tarjeta SUBE en forma individual y directa. “La decisión del Estado Nacional es que los lleguen directamente a los ciudadanos, sin intermediarios de ningún tipo, y beneficiando a las personas que más lo necesitan”. La decisión remite al papelón de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, cuando invitó a ir una por una a cada persona que tuviera hambre a su oficina para ser atendida individualmente. Pettovello no cumplió, el hambre sigue castigando sin asistencias del Gobierno, y habrá que ver qué pasa en materia del subsidio a la demanda de transporte que el oficialismo hoy propone.

¿SE PUEDE GOBERNAR PELEADO CON TODO EL PAÍS?

Los Gobernadores, sin abandonar el tono propio de un mandatario, a diferencia del Presidente, se expresaron con firmeza tras los ataques del oficialismo en una misma línea: defender los intereses de sus provincias en paralelo a ayudar al crecimiento del país. Martín Llaryora publicó un fragmento de su discurso ante la legislatura cordobesa el 1º de febrero, en el que se lo escucha decir que “del mismo modo en que vamos a acompañar el proceso de reconstrucción y reparación de esta querida Argentina, también vamos a defender los intereses de Córdoba y los cordobeses”.

El salteño Gustavo Sánez publicó un extenso hilo en X en el que resaltó  su “voluntad de acompañamiento al gobierno elegido por el pueblo, y a favor de que se le otorguen al Presidente las herramientas que considere necesarias para avanzar en su plan de gobierno”, pero también aclaró que nunca fue convocado a discutir la ley ómnibus. “Todos saben que he expresado permanentemente mi negativa a apoyar medidas o normas que, a mi juicio, perjudican los intereses federales y, sobre todo, a los salteños” remató dejando en claro cuál es el límite del apoyo a las medidas del Gobierno Nacional en el interior.

El radical Maximiliano Pullaro había ido más a fondo el mismo día del tratamiento en Diputados. “Siempre voy a defender SantaFe, basta de retenciones al campo y a la industria. El cambio que la Argentina necesita, requiere decisión y coraje, pero también requiere respeto. Respeto por el interior productivo, al que el kirchnerismo siempre expropió. Respeto por las instituciones, a las que el kirchnerismo siempre avasalló y respeto por nuestra gente, no gritándoles, como siempre les gritó el kirchnerismo” fue su  mensaje, en el que combinó una crítica a aspectos concretos del proyecto de ley con una crítica a la gestión política del oficialismo para sacarla adelante.

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X de Maximiliano Pullaro

A su vez, los gobernadores de Juntos por el Cambio también respondieron a los agravios por parte del oficialismo con un comunicado que se conoció  las pocas horas de caída de la sesión, y en plena catarata de tuits y retuits agresivos por parte del Presidente contra todo el sistema político por fuera de LLA y una parte del PRO.

“No corresponde que nos responsabilicen a todos por igual ni que nos falten el respeto aduciendo poca vocación de diálogo e incapacidad de nuestra parte, cuando en realidad trabajamos incansablemente para lograr los consensos necesarios para que se apruebe la Ley Bases” expresaron en un comunicado Jorge Macri (CABA), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

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X de Martín Llaryora

La pregunta que sobrevuela es qué está pensando Javier Milei para los próximos tres años y diez meses que aún le quedan de gobierno. El ejercicio de la democracia implica la posibilidad del disenso y requiere la negociación y el diálogo para la construcción de consensos. El Presidente de ninguna manera puede encapricharse cual adolescente que considera un enemigo y un traidor a todo aquel que no haga lo que él quiera.

La respuesta de este jueves con la inmediata eliminación de subsidios al transporte en el interior parece más una vendetta del Gobierno Nacional para con las provincias que una decisión administrativa necesaria. Si a eso se le suma que el oficialismo pisó prácticamente en un 100% las transferencias directas a las provincias desde principios de año, lo que emerge es un ahogo presupuestario a los gobernadores, muchos de los cuales se verán en dificultades para pagar sueldos, garantizar el inicio de las clases, etc.

Nada bueno surgirá si la dinámica que el Gobierno Nacional pretende tener con las provincias es la es la sumisión o el castigo vía ahogo presupuestario. Las históricas críticas que desde muchas provincias opositoras se le hacían al kirchnerismo en el poder, hoy se ven profundizadas a niveles desorbitantes por parte de un Gobierno que habla de libertad pero impone un yugo para quienes, en uso de su libertad, disienten en algo con el rumbo que traza. Esta semana se vio un país políticamente inviable. La responsabilidad de gestionarlo es pura y exclusivamente del Gobierno que encabeza Javier Milei, así como lo serán sus resultados.