La Marcha Federal Universitaria sigue sumando adhesiones, incluso a nivel internacional, y aunque promete ser realmente multitudinaria, el Gobierno no da el brazo a torcer, defiende el ajuste sobre la educación pública y sostiene que las unidades académicas serán auditadas a pesar de la autonomía universitaria. Sin embargo, lo cierto es que el oficialismo está preocupado y refuerza sus intentos por desacreditar la movilización que tendrá su epicentro en la ciudad de Buenos Aires y que se replicará en varios puntos del país. 

Es que el ataque a las universidades ha generado una fuerte polémica y rechazos incluso dentro de sectores que votaron al oficialismo y fuerzas aliadas. Por eso, horas antes de la marcha a Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni sostuvo que se trata de una “movilización incentivada por la política”.

“No vamos a permitir que las Facultades sean utilizadas por los políticos de turno”, afirmó el funcionario en su habitual conferencia de prensa. 

Además, desde el Gobierno amenzaron con implementar el Protocolo Antipiquetes para impedir el desarrollo de la Marcha Federal y que pueda llegar a Casa Rosada.

La semana pasada, el Gobierno anunció un supuesto acuerdo con las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para aumentar en mayo un 70% las partidas del gasto de funcionamiento, un ítem que apenas alcanza el 9% del presupuesto total destinado a las universidades, y una partida extraordinaria de $14.403 millones para las hospitales universitarios. Sin embargo, el CIN negó que tal acuerdo hubiera existido, remarcaron que dicho incremento sería más que insuficiente y mantuvieron la convocatoria a la movilización de mañana. 

“Nosotros consideramos que efectivamente existieron las conversaciones y que hubo acuerdo en virtud de los números presentados”, retrucó Adorni este lunes. “Nos seguimos preguntando por qué levantan la voz ahora y no el año pasado cuando la inflación fue del 211% y han sufrido tamaño ajuste real en sus partidas”, añadió. 

Lo paradógico de estas declaraciones es que el portavoz defendió el congelamiento de las partidas universitarias aún reconociendo una inflación superior el al 200 por ciento anual. Esto hizo que el presupuesto universitaria se redujera en más de un 60% respecto de 2023 y a eso se le suman los aumentos en las tarifas y costos de funcionamiento. 

Las Universidades advierten que de mantenerse la situación no podrán mantenerse abiertas después de mayo. Mientras tanto, hay instituciones académicas como la Universidad Nacional del Comahue que ya entraron en cese de pagos y todas han hecho recortes en becas, programas de extensión, investigación y han casi congelado el salario de sus trabajadores.