Nuevo capítulo de la disputa entre el Gobierno y el campo por las retenciones

Una vez más el campo presiona al Gobierno nacional e intenta ganar posiciones en una disputa que viene desde el inicio del mandato del Frente de Todos. Basta recordar el paro de principios de marzo del 2020, cuando el Covid era apenas una noticia lejana de otras partes del mundo, para enmarcar la tensa relación entre el sector agropecuario y el Gobierno que el día de ayer sumó un nuevo capítulo cuyo alcance aún está por verse.

En una conferencia de prensa el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, anunció que la entidad presentó un amparo para que el Congreso discuta un nuevo marco que regule las retenciones, aduciendo que hoy por hoy hay un vacío legal en la materia. El planteo de la entidad agropecuaria es que al no haberse aprobado el presupuesto 2022 en el Congreso, actualmente no hay ninguna ley que estipule cómo y cuánto puede cobrar el Estado por retenciones a las exportaciones al agro.

Hasta el año pasado, la Ley 27.541 de “solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública” que fuera sancionada a fines del 2019 constituyéndose en uno de los primero grandes logros políticos del Frente de Todos, facultaba al Gobierno a fijar retenciones por decreto. El presupuesto 2022 extendía por dos años esas facultades, pero su rechazo en el Congreso hizo que dicha ley quedara sin efecto desde el primero de enero de este año.

Con ese contexto, el reclamo de esos sectores del campo comenzó a hacerse oír apenas comenzado el 2022. El 8 de enero en una asamblea de la Mesa de Enlace en la localidad santafesina de Armstrong las entidades plantearon que las retenciones pasaban a ser inconstitucionales luego del rechazo al presupuesto y la caída de la Ley de emergencia pública. Este lunes avanzaron un paso más judicializando la cuestión, y el lugar elegido no fue azaroso. Córdoba es quizás una de las principales provincias de producción sojera y agropecuaria, y una de las más opositoras al Gobierno nacional. A sus tribunales federales fueron los dirigentes del campo a la espera de una rápida sanción que ponga entre la espada y la pared al Gobierno.

“Es una manera de poner en valor al federalismo, de estar donde las cosas suceden” expresó Nicolás Pino sobre la decisión de presentarse en tribunales cordobeses, y agregó que “presentamos este recurso de amparo porque las retenciones son inconstitucionales, ya que para que un tributo exista tiene que haber una ley que lo avale”. El titular de la SRA agregó también que la figura del amparo fue elegida por sobre la de una cautelar porque de esa manera puede contener a todos los sectores del agro sin que tengan que hacer presentaciones particulares y que la totalidad de la Mesa de Enlace apoya el reclamo. Por su parte, el abogado Carlos Laplacette, ligado a la entidad, explicó que una cautelar abogaría solamente por la suspensión de las retenciones y el amparo en realidad lo que persigue es una discusión en el Congreso que genera un nuevo marco legal.

La justicia será quien determine cuál de los dos planteos es se ajusta más a la ley, y la pregunta que surge es qué pasaría si le diera la razón al campo. En ese caso habría que mirar dos cuestiones: por un lado lo económico, cuánto le significaría en pérdidas de recaudación al Estado nacional que efectivamente se declararan inconstitucionales las retenciones y dejaran de cobrarse. El año pasado la recaudación del complejo agroindustrial fue de USD 8500 millones. Para este año se estima un monto prácticamente igual, unos USD 8400 millones.

La Bolsa de Comercio de Rosario calculó que el valor de la cosecha de la campaña 2021/2022 será de unos USD 37500 millones, de los cuales el Estado percibiría esos USD 8400 millones. De ese monto, USD 6500 millones corresponderían al complejo sojero, USD 900 millones al maíz, USD 550 millones al trigo, USD 70 millones al girasol y USD 40 millones a la cebada. Sin embargo, ese monto podría ser aún mayor.

La escalada de la tensión entre Rusia y la OTAN por el conflicto en Ucrania están llevando los precios de las comodities al alza, y  es de esperarse que si esa situación se acentúa los valores de las exportaciones agropecuarias argentina se incrementen significativamente por encima de las previsiones actuales. Además, mercados que hoy son abastecidos por Rusia y Ucrania como algunos países africanos, Turquía o incluso países asiáticos a los que esas naciones en conflicto les venden fundamentalmente trigo podrían ser nuevas oportunidades comerciales para el complejo agroexportador argentino. Todo un oasis en el desierto para un Gobierno sediento de dólares, que podría ver esa codiciada agua verde escurriéndose entre sus dedos si la justicia avala el amparo presentado por el campo.

El segundo aspecto será  el debate que se trasladaría al plano legislativo, con un nuevo Congreso tras las elecciones del 2021 que ya mostró los dientes con esta cuestión. A principios de enero se dio una de los primeros encuentros entre Diputados del PRO y los libertarios de La Libertad Avanza, en un proyecto que plantea justamente que sea el Congreso el único facultado para establecer impuestos, quitándole ese poder al Ejecutivo nacional.

El proyecto llevó la firma de 20 Diputados del PRO entre los que se encontraron Gerardo Milman, Waldo Wolff, Hernán Lombardi, Fernando Iglesias, Pablo Torello y Pablo Tonelli, entre otros, así como también las firmas libertarias de Javier Milei y Victoria Villaruel. La presentación se realizó en medio de los reclamos que el sector agropecuario empezaba a efectuar para eliminar las retenciones y tuvo la evidente intencionalidad política de respaldar ese reclamo.

La palabra a partir de ahora la tendrá la justicia cordobesa, pero cuesta creer que la SRA haya dado puntada sin hilo y no habría que sorprenderse si los tribunales de la provincia mediterránea hacen lugar a su planteo. Conflicto en puertas para un Gobierno que cuenta cada centavo de dólar, que necesita seguir financiando el crecimiento y la actividad económica en un contexto de escasez absoluta de reservas y todos los interrogantes alrededor del acuerdo con el FMI. Promesa de nuevos episodios para esta vieja novela de la Argentina.