En medio de las discusiones internas del Gobierno respecto a qué hacer con los planes sociales, el ministro de Desarrollo Social, Juan Pablo Zabaleta, recibió esta tarde a representantes de los movimientos sociales de la izquierda. Otra vez, no hubo acuerdo: “Juanchi” se niega a abrir nuevas altas en el programa Potenciar Trabajo, uno de los planteos principales del bloque Unidad Piquetera. El otro punto que estuvo sobre la mesa de negociación, según pudo saber Diagonales, fueron los bolsones de comida que se destinan a los comedores populares. Las organizaciones denuncian cada vez mayores faltantes y retrasos, en un contexto de emergencia dado los elevados índices de inflación en los productos de la canasta básica de alimentos. En ese ítem se consensuó, al menos, una agenda de trabajo conjunta a mediano plazo.  

“Nuestra voluntad es seguir apostando al diálogo para llegar a una solución, porque la situación en los barrios es realmente de emergencia. Pero todo va a depender de la voluntad que tenga el ministro de resolver la falta de alimentos, que es crítica. De ellos depende ahora que no vuelva a escalar la conflictividad”, resumió a Diagonales los detalles del encuentro la referenta de Barrios de Pie, Silvia Saravia. 

El resultado de la primera reunión fue un cuarto intermedio hasta la semana próxima, que se volverán a juntar. Las mesas de trabajo, en tanto, comenzarán este mismo jueves, y participarán funcionarios de segundas líneas. Por ahora no habrá nuevas movilizaciones como las del jueves pasado, que provocaron el corte durante varias horas de la 9 de Julio.  

Desde el entorno del ministro subrayan que la de este miércoles fue la séptima reunión con los movimientos de izquierda en casi once meses de gestión. Desde las organizaciones responden que sostienen la misma voluntad de diálogo, pero que esperan “soluciones concretas”. “No se trata de promover el conflicto por el conflicto en sí mismo. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad en la discusión pero es el Estado el que debe implementar las políticas públicas. Estamos en un contexto de emergencia, con gente que cada vez va más a los comedores”, sostuvo Saravia. 

La falta de alimentos es un problema que se arrastra ya desde el año 2020, pero se profundizó en los últimos meses. Según las organizaciones, de los 21 productos licitados por el ministerio sólo se están entregando entre 7 y 8. Las empresas encargadas de proveerlos, en muchos casos, son las mismas que la vicepresidenta Cristina Kirchner denunció como los formadores de precios este lunes durante el acto de la CTA en Berazategui. La alta inflación y el incumplimiento del contrato tanto del Estado como de las empresas -que se niegan a perder rentabilidad- son el nudo de la cuestión. “Los que la terminan pagando son los compañeros de los barrios”, denunció Saravia. Sólo su organización, Barrios de Pie, administra unos 3500 comedores y merenderos en todo el país.  

PLANES E INTERMEDIARIOS

Horas antes del encuentro, Cristina recibió en el Senado al intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, quien le presentó una propuesta “para transformar los planes sociales en empleo” en su municipio. La vicepresidenta había pedido terminar con los “intermediarios” en la administración del programa Potenciar Trabajo y criticó fuertemente al Movimiento Evita, varios de cuyos dirigentes son secretarios en Desarrollo y aplican las principales políticas sociales del Gobierno. 

Desde el entorno de Zabaleta, por ahora, la posición es no referirse al reemplazo del actual esquema de planes sociales, aunque sí afirman que comparten la idea de la vice de otorgarle transparencia a su administración. 

Para Saravia, cuya organización reclama la apertura de nuevas altas, el Potenciar Trabajo debe ser “universal”. “Debe abrirse el registro para que puedan anotarse quienes lo necesiten”. Desde Unidad Piquetera insisten en que hay al menos 1.800.000 personas en condiciones de recibirlo y que están por fuera, muchas más de las 1.200.000 que lo reciben. 

Respecto del rol de los intendentes en la administración de los planes, Saravia recordó que “así funcionó durante el propio gobierno de Cristina, con el programa Argentina Trabaja, que no funcionaba porque sólo lo recibían los municipios y las gobernaciones oficialistas”. “Diez años atrás ya nos movilizábamos para denunciar esos manejos clientelares”, advirtió.