Como ya lo hizo con organismos de suma delicadeza como los ministerios Nacionales de Trabajo y Salud, Mauricio Macri decidió eliminar por decreto la Secretaría de Deportes de la Nación, que ahora será remplazada por la Agencia Nacional de Deportes, dependiente de la secretaría de Presidencia. La medida fue recibida con descontento por parte de la comunidad deportiva. 

Los principales señalamientos refieren a que la nueva Agencia tendrá autarquía y autonomía para administrar sus bienes y recursos, hecho que permitiría que se abra la puerta a negociados particulares. Muchos observan allí un virtual rumbo de privatización del deporte argentino. 

Es que el Decreto indica que le otorgará a la Agencia la potestad de negociar con “las ventas, locaciones u otras formas de contratación de sus bienes muebles y servicios”. 

Según el artículo 4 de la norma, el organismo manejará lo producido de la organización de eventos; contribuciones, subsidios, cesiones, herencias, legados y donaciones de bienes muebles que reciba, entre otros puntos. 

Mientras tanto, las críticas comenzaron a hacerse oír a pocas horas de conocerse el DNU.  

“Qué sucio es lo que están haciendo que ni siquiera convocan a los deportistas a la firma. Además, al filtrarse el DNU en las redes y al recibir críticas, se dieron cuenta que era tan burdo que lo modificaron. Pero por más que lo vistan de seda gato queda”, se descargó en las redes sociales el ex secretario de Deporte, Claudio Morresi 

En esta línea, se pronunció el diputado Nacional y titular de la Comisión de Deporte del Congreso, Carlos Castagneto. Consultado por Página/12, afirmó: “Es una locura. Primero le sacaron la plata al Enard, ahora desaparecerá la Secretaría, quieren vender el CENARD que tiene instalaciones que son patrimonio nacional y además privatizar el deporte”. 

Cabe destacar que en los últimos meses el Gobierno celebró con entusiasmo el desarrollo de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Más tarde, generó polémica al conocerse este año la mudanza del Centro Nacional de Alto Rendimiento (CENARD) de su predio histórico en Núñez, maniobra que fue vista como un negociado inmobiliario sobre un predio de gran importancia institucional para el deporte nacional. 

Lejos de calmar las aguas, el nuevo DNU vuelve a generar revuelo por recortar, una vez más, en los principales recursos del Estado.