Primer round: las organizaciones a la calle contra la motosierra de Milei y el protocolo de Bullrich
Distintas acciones de reclamos contra el Gobierno poblarán las calles del país esta semana. ¿Hasta dónde avanzará el Gobierno con su protocolo antipiquetes? Qué están viendo la izquierda, la UTEP y la CGT. El 20 de diciembre como termómetro de los meses conflictivos que se vienen.
Audiencias públicas contra el protocolo antipiquetes, verdurazos y protestas por el precio de los alimentos, ollas populares, asambleas en distintos puntos del conurbano y el país. En ese clima social terminará la segunda semana de gobierno de Javier Milei, con la marcha de este miércoles 20 de diciembre desde Congreso a Plaza de Mayo como punto de clímax. Frente al inicio del plan motosierra y su correlato represivo con el protocolo Bullrich, las organizaciones populares saldrán a la calle en lo que será un preludio de los meses calientes que se vienen.
La furiosa disparada de los precios producida por la devaluación y los anuncios de Caputo y Milei estarán en el centro de todos los planteos. También el derecho democrático a ejercer la protesta social, limitado desde el anuncio de la ministra de Seguridad en torno a la prohibición de cortar calles entre otras. Movimientos sociales del peronismo, partidos políticos de izquierda y las centrales de trabajadores oscilan entre el estado de alerta y la movilización callejera, enviando al Gobierno señales concretas de que no tolerarán un ajuste ruinoso para el bolsillo y la calidad de vida de los argentinos.
La movilización de este miércoles 20 de diciembre será un termómetro de lo que se puede venir. Con la incertidumbre de cuánto avanzará realmente el Gobierno con la aplicación del protocolo anunciado por Bullrich, las organizaciones se preparan para lo que entienden como un primer round de una pelea que recién comienza. Para la misma, la defensa del derecho a la protesta social será una cuestión medular, y este martes ya habrá una primera acción en esa dirección.
LA IZQUIERDA
El Frente de Izquierda convocó a través de sus cinco diputados, Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Christian Castillo, Alejandro Vilca y Romina del Plá, a una audiencia pública contra el protocolo de Bullrich. La misma se desarrollará desde las 16 de este martes en la Sala 1 del anexo de la Cámara de Diputados, y se espera la participación de legisladores de otros bloques, sindicatos y organismos de Derechos Humanos.
“Lo que anunció Bullrich es ilegal, inconstitucional y ya tiene denuncias de organismos de DDHH, no solo nacionalmente sino también internacionalmente. Venimos manifestándonos en las calles incluso desde los últimos años de la dictadura, pretender que una marcha multitudinaria no pueda hacerlo por la calle es un sinsentido que pretende instalar un estado policial que le va a ser muy difícil de sostener” expresó a Diagonales el diputado nacional del PTS, Christian Castillo.
El planteo que la izquierda viene sosteniendo desde el mismo día del anuncio del protocolo es la inconstitucionalidad de coartar un derecho democrático como el de manifestarse. Eso será lo que se intente instalar hoy en una agenda en la que el Gobierno pretende incidir con movidas como habilitar un número telefónico para que se denuncie a las organizaciones en caso de supuestos aprietes a quienes no quieran movilizarse. “Todo lo que han dicho estos días es ilegal, no se puede considerar a la protesta como un delito, no se puede hacer espionaje, no se puede sancionar a personas que van a a una marcha y tienen un plan, es una discriminación escandalosa; no se puede pretender cobrarle a una organización que convoca a una marcha ejerciendo un derecho, es como que te cobre por ir a votar, y además implica que si tenés plata podés protestar y sino no” sintetizó para Diagonales el ex candidato presidencial del Partido Obrero, Gabriel Solano.
El Gobierno comenzó a alertar a través de la app Mi Argentina que quienes concurran a la movilización de este miércoles pueden perder la asistencia social del Estado, y en su primera aparición rutilante, la ministra Sandra Pettovello se encargó de fortalecer el mensaje. “La amenaza a quienes cobran un plan social es transformarlos en ciudadanos de segunda. ¿Por qué si cobrás un plan no te podés manifestar y otras personas que cobran otros subsidios sí pueden hacerlo? ¿Cuál sería el fundamento? Es algo totalmente discriminatorio” opinó al respecto Castillo.
Por su parte, Gabriel Solano agregó que “un congelamiento de un plan muy escueto como el que anunciaron es una quita de hecho. Y si protestás contra eso te quitan el plan. Es como echar a un trabajador que protesta porque le reducen el salario”.
La jornada de protesta y conmemoración del 20 de diciembre ya es parte de la tradición de lucha y movilización de parte del campo popular argentino. En el contexto actual, además de su referencia histórica, cobrará la relevancia de ser el primer gran test al Gobierno de La Libertad avanza en las calles. “Lo que tiene que ocurrir mañana es que sea una marcha totalmente pacífica, como son todas nuestras marchas, y el Gobierno lo único que tiene que garantizar es que el derecho a la protesta se pueda ejercer” opinó Solano.
En las organizaciones no está claro cómo se comportará el Gobierno y hasta dónde lo anunciado por Bullrich será implementado o forma parte de una distracción del foco principal sobre el aumento de los precios. “Lo más serio es tomar las amenazas como reales, tengo que pensar que lo que dice un ministro es algo serio, e insistir en que el planteo es ilegal e inconstitucional” expresó el dirigente del PO a este medio en ese sentido. Por su parte, Castillo agregó que “Más allá de que como no hay pan quieran tirar algo de circo, esto es una disputa. En 2016 lo fue y logramos que no se imponga ese protocolo. La marcha de este miércoles tiene junto al reclamo contras las medidas económicas un componente democrático que es la defensa al derecho a la manifestación”.
En ningún caso, la dirigencia popular está pensando en cómo responderán en caso que efectivamente se avance en la baja de prestaciones sociales a quienes concurran a la manifestación de mañana o las que vengan hacia adelante. “No adelantarse a hechos que no han sucedido” definen. El punto está, dicen, en que el ajuste castigará a todo el pueblo trabajador y las protestas se multiplicarán en forma inexorable, generando un contexto imposible de controlar por vías como esa.
“Las medidas del Gobierno van a agravar la crisis social, y van a provocar protestas de sectores muy distintos que se van a ver afectados por esto. Ahora amenazan para intentar aplacar los efectos de la protesta. Pero pongan el protocolo que pongan, si hay descontento la gente va a protestar igual” afirmó Catillo en ese sentido y agregó: “Es un primer round, esto no va a terminar acá. No hay que dejarnos amedrentar porque es Bullrich la que está en la ilegalidad e inconstitucionalidad y no tenemos que dejar que nos quiten el derecho a manifestarnos. No hay que ceder y esa es la importancia que tiene la marcha de mañana”.
Solano, por su parte, se sumó a esa lectura y contradijo al ex presidente Macri: “Recién se están sintiendo los primeros cimbronazos de este ajuste. Seguramente una parte del pueblo que votó a Milei va a rechazar estas medidas. Macri dijo que la juventud que lo votó va a tener que salir a defenderlo contra los orcos, yo pienso que va a pasar lo contrario, que la juventud que votó a Milei va a estar con los orcos contra el Gobierno, porque este ajuste impacta a todos”.
PERONISMO
La marcha del 20 de diciembre es tradicionalmente conducida por la izquierda y en parte eso explica que movimientos populares peronistas no sean parte de la jornada. De todas formas e independientemente a que no adhirieron a la convocatoria, Juan Grabois y La Garganta Poderosa anunciaron hoy que conformarán una comisión veedora de los Derechos Humanos para garantizar el derecho a la protesta pacífica mañana. “Ahí estaremos nosotros y muchos otros, como personas comprometidas con el respeto irrestricto a los valores democráticos, sosteniendo una guardia de derechos e información, con nuestros propios ojos, nuestros equipos de abogados y nuestros comunicadores desplegados por toda la ciudad, protegiendo la integridad de los manifestantes, salvaguardando sus derechos ciudadanos, registrando eventuales delitos de las Fuerzas y efectuando las denuncias correspondientes” avisaron desde la comisión veedora, que hará base en la redacción de La Garganta Poderosa, en Adolfo Alsina al 1123.
La UTEP, por su parte, también planifica acciones para estos días. El jueves, desde las 9 am, realizarán una protesta en la Plaza de los dos Congresos con el foco puesto en el aumento de los alimentos. El formato será el de un verdurazo, donde más de 40 feriantes de la economía popular ofrecerán alimentos a vecinos y vecinas que se acerquen a la actividad. El objetivo es que el reclamo resuene en el Congreso bajo la idea de que “el ajuste lo pase la casta” y no la gente.
A su vez, el viernes el sindicato de los trabajadores de la economía popular desplegará ollas populares y asambleas por distintos puntos del país y el conurbano. Allí, además de visibilizar el descontento popular para con las medidas de Caputo y Milei, el objetivo es discutir y coordinar planes de acción con otras organizaciones populares como el FOL, Libres del Sur, el MST y La Patria es el Otro, la organización del Cuervo Larroque y buena parte de la Mesa de Ensenada que es hoy por hoy el principal respaldo de Axel Kicillof.
“Vamos a pelear contra el congelamiento del Potenciar Trabajo” afirmaron desde UTEP a Diagonales, aunque recalcaron que el Gobierno entrará en conflicto con el grueso de la sociedad más que con las organizaciones. “Los anuncios no atacan el problema principal, que es que en 96 horas aumentó todo al doble y esto se va a seguir agravando con el paso de las semanas. Esto ya no se trata de las organizaciones, sino de cualquier laburante que no va a poder comprar lo que venía comprando. El problema es más grande que las organizaciones y lo que hace el Gobierno es desviar la atención”
En relación al protocolo anunciado por Bullrich, desde UTEP se mantienen expectantes hasta ver cuál será su ejecución real. “No hay nada concreto todavía. Hasta que no se cristalice eso en alguna situación determinada, veremos” expresaron a este medio, y agregaron que “ya hubo bravuconadas de estas características en otros gobiernos”. Para los movimientos populares más cercanos al peronismo, el foco está en que “el máximo problema no lo va a tener con nosotros el Gobierno, lo va a tener con el grueso de la sociedad”, y en ese sentido sostienen “nos vamos a mover en unidad con los reclamos de las distintas expresiones de la sociedad que salgan a pelear”.
La CGT es otro de los actores de gran peso que salieron a repudiar el protocolo de Bullrich. En un comunicado de la semana pasada afirmaron que “El protocolo publicado por el Ministerio de Seguridad de la Nación se interpreta como parte de una estrategia para criminalizar la protesta social que, a la luz de los recientes anuncios económicos y de los consecuentes impactos en la calidad de vida del pueblo argentino, implica vulnerar el ejercicio efectivo del derecho constitucional de la libertad de expresión y la libertad sindical”.
El posicionamiento de la principal central de trabajadores del país no es para ser tomado a la ligera y difiere de la actitud que tuvieron, por caso, en el inicio del gobierno de Mauricio Macri y Cambiemos. Durante toda la primera etapa del ajuste macrista, desde muchos sectores de trabajadores y el campo popular se le reclamaba una actitud más combativa a la CGT, que recién llamó a un paro general en abril del 2017. Un mes antes, en una de las primeras manifestaciones de la central, un grupo de militantes llegó incluso a coparle el escenario y el mítico atril que usó el mismísimo Perón, reclamando un mayor protagonismo de los principales dirigentes en la resistencia a las políticas económicas y laborales de Macri.
Intentando no repetir el error de otorgar gobernabilidad por demás a un gobierno que ya ni oculta el daño social y económico que sus medidas producirán en el pueblo argentino, la CGT se manifestó en estado de alerta, y si bien no será el primer sector en salir a combatir el ajuste, tampoco habrá que esperar para ellos más de un año como en el anterior gobierno neoliberal. “No nos vamos a quedar de brazos cruzados” anticipó el propio Héctor Daer. Por lo pronto, la central ya consiguió el pronunciamiento de La Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas (CSA), que condenaron “de manera categórica” el protocolo bullrichista.
La posibilidad de articulación entre los distintos sectores del campo popular y los trabajadores es siempre un tema conflictivo y atravesado por lo político, pero en el novedoso contexto actual de un ajuste inédito y explícito sobre el conjunto de la sociedad argentina no aparece como un horizonte imposible. Por lo pronto, en estos días la batalla por la calle, el derecho a la protesta social y contra el plan motosierra de Milei tendrá su primer round, a menos de dos semanas de asumido el nuevo Gobierno. Difícilmente haya que esperar mucho más para que se vengan los próximos.