El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó sin prisión preventiva a Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, todos miembros de Revolución Federal. Las organización de ultraderecha está acusada de haber difundido mensajes violentos y haber hecho “escraches” con el “fin principal imponer las propias ideas de la agrupación y combatir las ajenas por medio del temor”.

Además, el magistrado dispuso un embargo sobre los bienes de los cuatro integrantes de Revolución Federal por un total de nueve millones de pesos. Para De Giorgi, los procesados “alentaron a la persecución, al odio y a la violencia de un sector determinado de la sociedad, concretamente de las autoridades públicas pertenecientes a la coalición política Frente de Todos y de sus simpatizantes”.

En el fallo al que accedió Diagonales, el magistrado aseguró que “se considera materialmente acreditado que, a través de esta organización, los/as imputados/as llevaron a cabo un plan criminal, que tuvo por objeto imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor”.

“Para ello -agrega el fallo- utilizaron sostenidamente en el tiempo manifestaciones intimidantes en distintas redes sociales -Facebook, Twitter e Instagram- y medios masivos de comunicación, repartiendo folletería y mediante protestas autoconvocadas, planificando, coordinando y difundiendo mensajes de odio, actos intimidatorios y manifestaciones violentas -principalmente en contra de autoridades del actual PEN y sus simpatizantes-. Así, generaron el impacto deseado de incitar a la violencia colectiva en un número indeterminado de personas que pueden acceder libremente a las redes sociales mencionadas”, añade el texto. 

Los ahora procesados habían sido liberados el martes pasado por orden de la Cámara Federal porteña, a pesar de los pedidos de la fiscalía y la querella de que permanecieran en prisión preventiva.

El fallo fue cuestionado por el Frente de Todos, cuyos dirigentes acusaron a los jueces de la Cámara de ser funcionales al macrismo. 

La Justicia Federal porteña consideró que no existían “riesgos procesales suficientes” para “mantener la medida de coerción personal dispuesta por el juez de grado”, en referencia a Martínez de Giorgi, que los había detenido. 

Además, sostuvo que los miembros de Revolución Federal no estaban relacionados con el atentado a la vicepresidenta. Sin embargo, De Giorgi planteó que la difusión de mensajes de odio por parte de esta agrupación culminó con el ataque a Cristina Kirchner.