Alejo Ramos Padilla llegó por el punto ciego de la Casa Rosada. El fiscal federal de Dolores no se encontraba en el radar de un gobierno nacional que se ocupó, con gran eficacia, de domesticar a la justicia de Comodoro Py, echando mano a un sistema de premios y, sobre todo, castigos. Por eso el gran desconcierto ante la irrupción de Ramos Padilla, un magistrado que alteró la paz judicial de la que disfrutaba Mauricio Macri mientras los tribunales se abocaban casi exclusivamente a investigar a Cristina Fernández, su familia y los antiguos miembros de su gabinete.

En lo que va de Cambiemos en el poder, sobran los ejemplos de jueces, camaristas y fiscales puestos en caja. Carlos Rozanski, Alejandra Gils Carbó, Luis Arias, Eduardo Freiler y Jorge Ballesteros figuran entre los que perdieron sus puestos, pero hay muchos otros casos en que las presiones bastaron para que los despachos judiciales se alinearan con las expectativas del PRO.

En parte, la sorpresa ante Ramos Padilla puede atribuirse a la raigambre eminentemente porteña de Cambiemos, lo que le impidió, por así decirlo, ver más allá la General Paz. Mientras todas las energías del Poder Ejecutivo y sus operadores estuvieron puestas en llevar con rienda corta a los habitantes de Comodoro Py y sus inmediaciones, se desentendieron de la complejidad y la diversidad de la justicia federal en su conjunto. Y la bala que más daño hizo entró por un juzgado que nadie pensó ni tuvo en cuenta: uno del interior, cuyo titular, si bien proviene de una familia judicial, no puede ser considerado un miembro del núcleo duro de la corporación.

Por eso la ya famosa causa D’Alessio-Stornelli no solo hizo pasar al estrellato a un juez hasta ayer desconocido, sino que descolocó a todos en Balcarce 50. “No generamos anticuerpos para esto”, decía unos de los alfiles judiciales más importantes del macrismo. Traducido, significa que no había informes de inteligencia, “carpetas” facilitadas por los servicios o una estrategia consolidada con la cual abordar la cuestión Ramos Padilla.

“Para colmo, la Cámara Federal de Mar del Plata tampoco nos responde. Sólo nos queda hacer todo para traer la causa a una jurisdicción que controlemos, sino esto no se sabe dónde termina”, aseguró a Diagonales un integrante de la cartera de Germán Garavano, ministro de Justicia de la Nación.

Junto con el ascenso de la figura del magistrado de Dolores, en la Rosada también perciben el deterioro del fiscal Carlos Stornelli, pieza clave para un oficialismo que hace por los tribunales gran parte de su estrategia política, más aún en un año electoral. Declarado en rebeldía por faltar cuatro veces a prestar declaración indagatoria, la actitud de Stornelli es difícil de sostener de cara a la opinión pública y amenaza con entorpecer la mayor apuesta del PRO en su pulseada con el kirchnerismo: la llamada “causa de los cuadernos”.

Con la soga al cuello, el gobierno busca aflojar el nudo y ensaya una estrategia de urgencia. La primera parte es ganar tiempo, todo el que se pueda; y la segunda, rascar la olla de los servicios de inteligencia para ver si tienen algo –o lo generan– contra el  juez de Dolores. La tercera vía, que puede darse en paralelo, es que las diputadas Elisa Carrió y Paula Oliveto, y la parlamentaria del Mercosur Mariana Zuvic –el golpeado trío judicial de la Coalición Cívica– presenten una batería de denuncias y se paseen por sus medios amigos. La cuarta alternativa que se baraja es quizás la más compleja: presionar, hasta llegar a la Corte Suprema, para que corran del expediente a Ramos Padilla. El obstáculo reside en que el máximo tribunal, que Cambiemos venía manejando sin sobresaltos, se ha vuelto ahora un territorio en disputa.

De todos modos, nada de esto podrá llegar a buen puerto si el macrismo no logra su primer objetivo: comprarse tiempo, llegar a octubre y ver si las urnas lo vuelven a favorecer. En la lista de tareas de ese eventual segundo mandato de Macri, entre signos de exclamación y subrayado, figurará destituir a Ramos Padilla. El pedido de juicio político ya fue hecho en el Consejo de la Magistratura, pero hoy el gobierno no cuenta con el número para llevar a cabo semejante batalla en el organismo que elije y sanciona a los jueces. En un contexto social y económico que expone al presidente en su momento de mayor debilidad, Macri no puede darse el lujo de encarar esa pelea y salir derrotado.