El bloque de diputados nacionales del Frente Renovador (FR), liderados por Graciela Camaño, se presentó ante el Poder Judicial para denunciar la inconstitucionalidad del mega DNU que firmó el presidente Mauricio Macri para recorta el gasto del Estado  en $100 mil millones por considerar que "no hay ni necesidad ni emergencia" y pidieron que las modificaciones introducidas por el Presidente sean tratadas en en Congreso Nacional.

El 10 de enero se publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)  27/2018 firmado por el Jefe e Estado de "desburocratización y simplificación", similar a uno firmado en 1991 durante la presidencia de Carlos Ménem. El mismo deroga 19 leyes y modifica otras 140 a través de 192 artículos entre los cuales pretende reformar el Estado y de esa manera, lograr recortar el gasto en $100 mil millones en los próximos dos años.

También los renovadores denunciaron en la Justicia el mega DNU de Macri por "inconstitucional"

En ese marco desde el FR hicieron una presentación ante el Poder Judicial por considerar que "el decreto es inconstitucional porque no hay ni necesidad ni emergencia", como expresó Camaño en Tribunales.  

A su vez la legisladora massista indicó que "esto tranquilamente se puede tratar por la vía de la ley, la discusión parlamentaria que es más rica". Además,  explicó que "en su contenido tiene aspectos penales que le están vedados tratar por decreto al Poder Ejecutivo y tiene aspectos impositivos".

Por eso, Camaño consideró que el DNU  "genera una preocupación social grande porque contiene la posibilidad de que se embarguen los sueldos de los trabajadores".

Finalmente, se refirió a un decreto similar en gobiernos anteriores y recordó que "en esa ocasión estuvimos haciendo la misma presentación junto con (Federico) Pinedo, con (Patricia) Bullrich, con (Elisa) Carrió, con algunos miembros de este gobierno con quienes reclamábamos en el palacio de Tribunales", deslizando una fuerte crítica al oficialismo.

La semana pasada, Eduardo Barcesat y Julián Domínguez, junto a decenas de dirigentes de Unidad Ciudadana, presentaron una denuncia penal por el mismo mega decreto y acusaron al Presidente y todo el gabinete "por violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, en concurso con malversación de caudales públicos y prevaricato".