La Sala I de la Cámara Federal Porteña, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero, hicieron lugar al pedido de su par Claudio Bonadío y procesaron a la senadora electa Cristina Fernández de Kirchner, por presunta asociación ilícita y lavado de dinero en carácter de "jefa" junto a su hijo Máximo Kirchner, mientras que Florencia Kirchner fue considerada "coatura".

El miércoles la ex Presidenta de la Nación juró en la legislatura para desempeñar su rol como legisladora en la Cámara Alta y un día después, la Cámara Federal confirmó lo solicitado por Bonadío y ratificó el embargo por $ 110 millones para la ex mandataria y su hija Florencia; y $130 para Máximo.

La investigación que se viene llevando a cabo sostiene que la familia Kirchner entre el 2003 y el 2015 habría alquilado plazas hoteleras a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, quienes también se encuentran procesados y más complicados porque se le suma la presunción de lavado de activos.

La Cámara sostuvo que "puesto que la matriz existente en el ámbito de la obra pública habría producido elevadas ganancias ilícitas - producto de las defraudaciones cometidas en 52 expedientes de contratación- que, en virtud de la propia naturaleza asociativa de la organización criminal, es razonable inferir que fueran repartidas o distribuidas entre sus principales socios. Esto es, los ex mandatarios Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y Lázaro Báez, quien en principio recibía los beneficios derivados de los ilícitos cometidos".

Respecto del hijo de los ex presidentes, desde la Justicia remarcaron que "se desempeñó como presidente de la sociedad familiar, recibió los pagos provenientes de las firmas señaladas y suscribió contratos de alquiler de inmuebles societarios".  

Mientras que Florencia se incorporó a la sociedad junto al resto de su familia, pasó a detentar el 50 por ciento del paquete accionario y desde 2015 integró el directorio y comenzó a percibir un salario de esa entidad, habiendo recibido el total de 3.700.000 pesos.

Finalmente, la Cámara Federal envió la causa al juzgado de Julián Ercolini, quien ya la investiga por la causa Hotesur, y le solicitó que embargue a las personas jurídicas que aparecen en la misma. Entre ellas se encuentran: Los Sauces S.A., Loscalzo y Del Curto S.R.L, Kank y Costilla S.A., Valle Mitre S.A., Austral Construcciones, Negocios Patagónicos S.A., Negocios Inmobiliarios S.A., Idea S.A., Inversora M&S S.A. y Álcalis de la Patagonia S.A.