Este fin de semana el doble femicidio de Luna Giardina, una joven de 24 años, y su madre, Mariel Zamudio (56), sacudió al país. No solo por lo terrible del crimen, sino por lo predecible y evitable. Además del crimen, el femicida secuestró al hijo que había tenido con la joven, un niño de apenas 5 años, con el que intentó escapar del país. Pablo Laurta fue detenido en Concordia, Entre Ríos, donde según las autoridades, estaba preparando todo para cruzar a Uruguay, de donde es oriundo, y escapar con el menor. 

Como suele pasar (lamentablemente) en estos casos, Laurta tenía varias denuncias por violencia de género. Luna incluso se había vuelto de Uruguay escapando de su ex pareja y vivía con su madre en Villa Serrana, en la provincia de Córdoba. 

La distancia no fue un obstáculo para Laurta, quien siguió a Luna hasta la Argentina y, después de espiarla durante tres días, la asesinó. También a su madre. 

A pesar de las denuncias y del miedo que expresaba Luna en cada una de sus publicaciones en redes sociales en las que dejó ver el calvario, Laurta estaba en libertad. No solo eso, sino que alegaba que las acusaciones en su contra eran “falsas” y un intento de la madre de separarlo de su hijo. 

El hombre hizo de su intento de defensa una militancia. En 2018 fundó la agrupación Varones Unidos, que se dedica a reproducir discursos misóginos contra los derechos de la mujer y las diversidades, además de, ¡oh sorpresa!, defender el mito de las llamadas falsas denuncias por violencia de género. 

Con esa misma agrupación, Laurta participó de la organización de una charla de Agustín Laje y Nicolás Márquez en el parlamento uruguayo. Allí, los exponentes de la “batalla cultural” de La Libertad Avanza, protagonizaron una disertación en contra del feminismo y de lo que ellos llaman la “ideología de género”. 

Los discursos de odio y misoginia cruzaban de un lado a otro del charco. Tanto Laje como Márquez compartían la visión de Laurta y su grupo de Varones Unidos sobre el supuesto “flagelo” de las “denuncias falsas” por violencia de género. Ideas peligrosas si las hay. 
El doble femicidio de Luna y Mariel lo dejó en evidencia. 

Sin embargo, no todos lo tienen claro y por el contrario parece ser una noción que cada vez se extiende más. Ya no es una idea marginal entre grupos reaccionarios. Tal es así, que el mito de las “falsas denuncias” llegó al Congreso de la Nación de la mano de la senadora radical Carolina Losada y la diputada libertaria Lilia Lemoine. 

Las legisladores impulsan un proyecto que pretende agravar las penas para las “las falsas denuncias por violencia de género”. Incluso, fue el único proyecto que presentó Lemoine desde que asumió su banca en el Congreso. 

Es paradójico que en un país donde una mujer es asesinada cada 36 horas, las legisladores elijan poner el foco sobre casos aislados que ni siquiera están cuantificados en Argentina y que están muy lejos de ser un fenómeno social.

Militantes argentinos del mito de las falsas denuncias sostienen como “prueba empírica”, entre otras de similar confiabilidad, un estudio de Estados Unidos que asegura que 20 millones de hombres fueron acusados injustamente. 
Ahora bien, el dato surge de una encuesta online que no tiene ningún tipo de cotejo con datos judiciales oficiales. En otras palabras, Laurta bien podría haber contestado esa encuesta.

La realidad es que en el mundo, los países que registran denuncias falsas exhiben porcentajes que rondan el 0,1% de las acusaciones formales por violencia de género. 

Por otro lado, la legislación argentina ya contempla penas para las denuncias falsas. Por eso también resulta paradójico (aunque no sorprende) que los mismos que intentan borrar la figura del femicidio del Código Penal, bajo el argumento de que el homicidio de una mujer en un contexto de violencia de género no es diferente al de un hombre en ocasión de robo, quieran diferenciar la pena para denuncias falsas por violencia de género al resto de las acusaciones sin asidero.

En definitiva, no es un proyecto basado en un fenómeno o problemática social, sino que se trata de una iniciativa que forma parte de la famosa “batalla cultural” que impulsan Javier Milei y su gobierno para retroceder en materia de derechos y conquistas del feminismo. Es un proyecto que, de aprobarse, solo servirá para profundizar la impunidad de los violentos y el miedo de las víctimas. 

Es un proyecto que pretende asustar a las mujeres, mientras se recortan programas y políticas para prevenir la violencia de género y asistir a las víctimas. 

Es un proyecto cómplice de los agresores.