En un nuevo episodio de las complicaciones judiciales que vive ahora Juntos por el Cambio,  una ONG de abogados solicitó a la Justicia que se aporten pruebas existentes sobre las presiones a jueces y fiscales llevadas adelante por la mentada “Mesa Judicial” de Cambiemos. Se trata de la entidad Abogados por la Justicia Social (AJUS) en su regional La Plata-Berisso-Ensenada, que pidió hoy en Tribunales al juez Sebastián Ramos que revea una presentación hecha en 2018 donde se denunciaba la misma situación de presiones al Poder Judicial.

En tanto, esta nueva interpelación hecha por AJUS ante el juez federal Ramos es un pedido para aportar en calidad de “amicus curiae” las pruebas que llevó ante la relatoría especial de Independencia de los Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas en 2018.

“La acusación formulada por AJUS ante la ONU en 2018 describe de modo exhaustivo el mecanismo diseñado por la Coalición Cambiemos junto a medios de comunicación para vulnerar la independencia de los magistrados y la existencia de un plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial de la República Argentina”, afirmó la entidad de bogados a través de un comunicado.

La solicitud también indica que tras la presentación de AJUS en 2018, el relator especial para la Independencia de los Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García Sayán, “intimó el 1 de noviembre de 2019 al gobierno de Mauricio Macri a elaborar un informe sobre las acusaciones”. En concreto, significa que la propia ONU calificó como veraz a la denuncia que había sido presentada por AJUS en 2018.   

La solicitud de amicus curiae presentada por AJUS aporta pruebas en torno a casos que tienen como víctimas a un conjunto de jueces y fiscales “perseguidos por la Coalición Cambiemos”: Enrique Arias Gibert, Graciela Marino, Luis Raffaghelli, Diana Cañal, Martina Forns, Daniel Rafecas y Gabriela Boquín. También aportar precisiones tal como lo hizo la ONG ante la ONU sobre la metodología implementada por la mesa JUDICIAL. Aspectos materiales que evidencian la presencia de un Plan sistemático para violentar la independencia y la imparcialidad de jueces y fiscales.