Un día antes de las elecciones a jefe de Gobierno porteño de 2015, la dirección de “cibercrimen” de la Policía Metropolitana allanó la casa de Joaquín Sorianello, un estudiante de informática admirador de Edward Snowden, a quien acusaron de “daño informático”. Sorianello había ingresado de forma remota a los servidores de la empresa Magic Software Argentina (MSA) -la encargada del voto electrónico- para dejar allí un “POWNED”, lo que en el lenguaje de los desarrolladores no es otra cosa que una bandera de “alarma” para dar cuenta de fragilidades en la seguridad del sistema. Sorianello resultó absuelto un año más tarde, y el actual diputado Martín Lousteau reconoció que en aquella elección, que perdió por un punto con Horacio Rodríguez Larreta, se detectaron “irregularidades” que podrían haberlo perjudicado. 

Cuatro años más tarde, en Neuquén se votó bajo la misma modalidad y con la misma empresa. MSA ganó la licitación para implementar el sistema de Boleta Única Electrónica en esa provincia por más de 90 millones de pesos. Fue la única empresa que se presentó. Y el día de la votación, volvió a estar en el ojo de la tormenta: diputados y apoderados del frente Unidad Ciudadana - Frente Neuquino denunciaron ante la justicia electoral que registraron al menos seis casos de electores que intentaron votar a Ramón Rioseco pero las máquinas imprimían la boleta de Omar Gutiérrez, quien logró la reelección.

Voto electrónico: negocios millonarios, denuncias de fraude y el fantasma de Venezuela

La diferencia entre ambos candidatos resultó mayor de la esperada y lo que se preveía podía llegar a ser un escándalo por un supuesto fraude terminó en anécdota. De todas formas, MSA reconoció que sufrió un “ataque externo” (que podría equipararse al caso Sorianello) y las dudas que ya existían sobre la fiabilidad de la empresa y de la boleta electrónica se profundizaron. “Que la empresa haya reconocido que sufrió un ataque externo ya de por sí es de una enorme gravedad”, explicó a Diagonales Beatriz Busaniche, experta de la Fundación Vía Libre. “Pero nosotros manejamos una hipótesis aún más desastrosa: en realidad fallaron las máquinas internamente, porque no estaban en condiciones ese día y además el 40 por ciento del espacio de la pantalla en las máquinas lo acaparaba Gutiérrez”, agregó.

Con todo, se especuló hasta último momento con que MSA sea una de las empresas que se presentaría a la licitación para la tercerización del conteo provisorio de votos de las elecciones nacionales, algo que finalmente no sucedió.

La licitación corre por cuenta del Correo Argentino y pese a que el Gobierno guarda los pliegos bajo sietes llaves, dejó trascender que se presentaron cuatro empresas: la española INDRA (encargada de la tarea desde el menemismo), Thomas Green & Sons, SCTYL y otra que desató polémicas durante las últimas semanas: SmartMatic SA. La ganadora, dice el Gobierno, se conocerá en abril.

Voto electrónico: negocios millonarios, denuncias de fraude y el fantasma de Venezuela

 SmartMatic es una empresa que se dedica a “hacer más accesible la votación, ofrecer resultados oportunamente y agilizar la logística de las elecciones”, según se describe a sí misma en su sitio web. Está radicada en Londres y Holanda, pero sus directores son venezolanos. Al igual que MSA, SmartMatic tuvo más de un traspié en procesos electorales tan disímiles como la interna republicana de 2016 en EEUU y la elección general de Fillipinas en 2008, que derivó en un escándalo. La empresa realizó los procesos electorales en Venezuela desde 2004, tan cuestionadas por el Gobierno.

Mientras espera ganar la licitación del conteo provisorio, Smartmatic ya se anotó un poroto: resultó ganadora, por un total de 1.365.232 de dólares, del concurso para la prestación de un software para la transmisión de los telegramas de forma digital hasta el centro de cómputos. El cambio fue impulsado por el Ejecutivo (según dijeron a este medio, a pedido de de la Cámara Nacional Electoral) y consiste en el escaneo de los telegramas desde la propia escuela, lo que ahorraría los tiempos “perdidos” durante el traslado del papel a través de los camiones del Correo. Así, dice el Gobierno, se agilizaría el conteo provisorio y la difusión de los resultados el domingo mismo de la elección.

Enterado de la movida, el PJ puso el grito en el cielo. “Que no se les ocurra hacer fraude en las elecciones porque no estamos dispuestos a tolerar una cosa así”, disparó el presidente el partido, José Luis Gioja, durante un cónclave en Matheu 130 a fines del mes pasado. La preocupación en la oposición tiene que ver con la opacidad en el proceso: el Gobierno aún no ha publicado ningún decreto ni resolución respecto del proceso licitatorio para el conteo provisorio y los rumores sobre la posibilidad de que gane Smartmatic empezaron a volar. Y hay preocupación en torno a que el escaneo de los telegramas se haga extensivo también a las actas definitivas, que deben conservarse en papel para poder hacer reclamos si alguien mete mano en el resultado, aunque desde el oficialismo descartan esa posibilidad.

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 “Es puro humo, declaraciones pirotécnicas meramente políticas que nada tienen que ver con lo técnico. Hubo una reunión el 22 de febrero donde les contamos cada detalle de lo que pretendemos hacer”, le dijo a este medio un funcionario del riñón de Adrián Pérez, Secretario de Asuntos Institucionales. Pérez viene de explicar el proceso en varias rondas con ONGs este año y anunció que incluso convocará a la oposición a un simulacro “como si fuera el día de la elección” en 15 mil escuelas de todo el país.

Respecto de los cuestionamientos por el ganador de la licitación, el funcionario agregó: “Lo que buscamos simplemente es agilizar el trámite, y estamos seguros que el domingo de la elección eso se va a agradecer. Que haya ganado Startmatic la licitación de los escánners es un tema técnico y de precio. Sus antecedentes con Venezuela me suenan muy a chicana, nosotros somos los primeros en ser críticos de esos procesos electorales. Las críticas a la empresa son típicas de pujas de intereses, hay claramente un monto millonario en pugna por el conteo y se hacen campañas”, advirtió.

En efecto, intereses hay, pero como parece suceder con todo negocio en el país, detrás acecha el fantasma del Grupo Macri. El director para la región sur de INDRA, Ricardo Viaggio, fue también ejecutivo de la firma Siemmes-Itrón, de la que Socma supo tener el 40 por ciento de las acciones. MSA, sin ir más lejos, forma parte del entramado de empresas relacionadas a Eduardo Elsztain, histórico socio de Franco Macri y uno de los emprendedores inmobiliarios de la Ciudad más activos durantes las gestiones Pro. Como si fuera poco, en el PJ vinculan a Smartmatic con Cambridge Analytica, que robó datos de Facebook y admitió haber participado de una campaña anti-k en el país. Cualquiera sea la empresa que gane, la encerrona será la misma.

En el PJ, los últimos movimientos del Gobierno en la materia generan desconfianza. “Si están anunciando un proceso licitatorio es porque van a sacar una normativa al respecto. Pero como no la hay, ¿qué vamos a judicializar?”, contó a Diagonales el apoderado del PJ, Jorge Landau, un dirigente con bastante experiencia en la maquinaria electoral. “No quieren sacarlo por decreto porque saben que les vamos a caer encima, están viendo si pueden precipitar alguna resolución de la Cámara Electoral y estamos detrás de eso”, agregó.

 Desde la academia, si bien coinciden con que la digitalización en la transmisión de los datos es algo positivo, insisten con que hay alternativas mejores. “Lo que vemos con preocupación es la trayectoria de Smartmatic, no nos genera ninguna confianza. Ya en Santa Fe, se hizo con técnicos de la Universidad Nacional de Rosario, con grandes resultados en seguridad”, aclaró Busaniche.

Cuando se discutió en el Senado la reforma electoral impulsada por el Gobierno que incluía el voto electrónico, especialistas del Conicet fueron lapidarios: “existe un alto riesgo de comprometer los principio fundamentales del voto y alterar de forma indetectable el resultado de la elección”, concluyeron en el informe que presentaron durante el debate. El Gobierno, que sigue sosteniendo que la reforma la frenaron los gobernadores para sostener el clientelismo y las trampas, volverá a la carga con el tema el año que viene, si los números le dan.