Históricamente el horizonte de la política laboral, ya sea de manera práctica o discursiva, se estructuraba en torno a la cuestión de la formalización del mercado de trabajo. Para cualquier gobierno resultaba vergonzoso tener que explicar altos niveles de informalidad laboral. A su vez, los/as trabajadores/as informales anhelaron históricamente mejorar y  formalizar su condición laboral. No quiere decir que esto haya dejado de ser así, pero la persistencia de la informalidad junto a la irrupción de la doctrina liberal-libertaria ha puesto esto en tensión.

Conociendo las primeras medidas de gobierno se va comprendiendo que la casta no era solamente una burocracia que “vive del estado”, sino que las definiciones acerca de la justicia social pone a todo aquel que posee derechos laborales como un potencial “privilegiado”. Se trata de una perspectiva política que cuestiona la relación de los/as ciudadanos/as con el Estado principalmente en la esfera de la producción. Desde esta mirada, los derechos laborales garantizados a través del Estado constituyen un costo para el resto de la sociedad. El trabajo asalariado-registrado, aun cuando fuese en el sector privado, le costaría al Estado la manutención de los derechos adquiridos que conlleva.

La doctrina liberal-libertaria sin sonrojarse plantea "¿por qué el estado debe proteger con derechos?". Así, los “privilegios” de casta se extienden a cualquier ciudadano/a. ¿Quiénes son los “argentinos de bien” que no representan un costo para la sociedad y el estado? Esta pregunta solamente puede encontrar interlocutores/as en el universo popular si hay una mayoría laboralmente desprotegida y sin esperanza de mejorar su situación laboral.

Las clases trabajadoras se han volcado al voto de Javier Milei (más del 50%). Pero resultan significativos dos datos: la proporción de jóvenes varones de 16 a 30 años (el 68%), y el segmento laboral de trabajadores/as por cuenta propia (63%) que lo votaron masivamente. Esos dos datos cobran sentido al cruzarlos con las tendencias de mediano-largo plazo del mercado de trabajo. Desde el año 2012 comenzó a gestarse una mayoría de trabajadores/as sin derechos frente a una minoría con derechos laborales. Este problema se fue agravando con el tiempo. Hoy en día, considerando todos los segmentos laborales los/as trabajadores/as con derechos representan solamente el 40%, mientras que los/as trabajadores/as sin derechos representan el 51%, y los desocupados el 9% (ODSA-UCA).

Más aún, también desde el año 2012 comenzó un proceso de empeoramiento del universo informal que se agudizó fuertemente con la devaluación de 2018 y se profundizó con la pandemia. Son cada vez más los/as trabajadores/as que pasan del empleo informal a la subsistencia mediante el cuentapropismo de changas y/o que pasan a depender de los planes sociales. Este es el aspecto más complejo del inadmisible fenómeno de trabajadores/as pobres. Este proceso de empeoramiento impacta de manera particular en los jóvenes. Durante el año 2023, el trabajo sin derechos en el segmento de 18 a 34 años (58%) (ODSA-UCA) fue similar a los resabios de los primeros años posteriores a la crisis de 2001-2002. 

El discurso de Milei habría logrado interpelar políticamente a esta grieta previamente existente en el mercado laboral. Los datos mostrarían que estamos frente a la existencia de una mayoría de trabajadores/as sin derechos, sobre todo jóvenes, que, a raíz de su empeoramiento, sobre todo post pandemia, ya no tendrían la esperanza de mejorar su situación laboral. Frente a esto, la doctrina liberal-libertaria cuestiona a los derechos laborales como una injusticia y encontraría una masa disponible que se pregunta por qué no hay “igualdad de oportunidades” respecto a la minoría “privilegiada” con derechos laborales.

Posiblemente, estemos ante un fenómeno de ruptura de la tradicional demanda de movilidad social ascendente, mientras el sentido de las aspiraciones parecería reestructurarse en individuos que reclaman “igualdad de condiciones” para probar suerte en el juego de la competitividad.