He defendido las virtudes de la Boleta Única Papel (BUP) –contra el sistema tradicional de boletas partidarias- desde hace varios años, así como también he cuestionado los vicios inherentes a las bondadosamente llamadas “candidaturas testimoniales”. Pero hace unos días, mientras observaba una propaganda de Osvaldo Jaldo (actual gobernador de Tucumán y “candidato” a diputado nacional en estas elecciones), volví a descubrir que la política siempre es más complicada de lo que uno espera.

Hablando a trazo grueso, la BUP presenta un par de claras ventajas sobre la “lista sábana horizontal” (la que engancha las opciones nacionales con las sub-nacionales en una misma papeleta). En primer lugar, es más barata la impresión, hay menos despilfarro de papel y -hasta cierto punto- se vuelve más parejo el acceso de los partidos grandes y chicos ante la consideración de los votantes. En segundo término, elimina de cuajo algunas típicas maldades de la política criolla: el robo, la alteración o la destrucción de boletas de otras agrupaciones políticas; la boleta única la hace el Estado y es la misma para todos.

Pero el asunto empieza a complicarse si observamos el cambio desde la perspectiva más exigente de un mejor funcionamiento del vínculo representativo, y por ende, de un eventual impacto positivo sobre la calidad de la democracia. Básicamente porque no hay que pedirle peras al olmo: el cambio en la modalidad de presentación de las boletas no modifica otros elementos clave del régimen político.

Como es sabido, la lista sábana horizontal permite que bajo el ala de unos pocos nombres conocidos (en algunos casos, solamente uno a nivel nacional), vayan “colgadas” candidaturas que difícilmente serían votados de tener la ciudadanía una opción práctica de elegirlos a través de categorías electivas separadas. Ciertamente, se nos dirá que siempre queda abierta la posibilidad del corte de boleta, pero todo el mundo conoce lo engorroso del procedimiento: los papeles no están troquelados, es necesario llevar tijera o hacer el corte desde nuestras casas, las boletas no siempre llegan a los domicilios, y en el mejor de los casos, sólo tienen la logística para hacerlo los grandes partidos o los oficialismos locales.

Asimismo, la lista que engancha las candidaturas sub-nacionales con las nacionales permite que candidatos poco presentables sean “guardados” en el período electoral debajo de los que están en mejores condiciones de mostrar la cara. Esta circunstancia lesiona tanto el vínculo representativo entre representantes y representados, como el sentido federal de la competencia por el gobierno: los candidatos poco agraciados no tienen necesidad de mostrar su programa a los potenciales votantes de su distrito o su región, ni debatir en paralelo con sus competidores en el mismo nivel gubernamental, ya que su suerte está atada –por lo general- al liderazgo de quien tracciona la boleta “desde arriba”.

Frente a ese panorama, al presentar en una papeleta distinta (o en otro renglón de la misma papeleta) los cargos ejecutivos y legislativos, los niveles nacionales y sub-nacionales, la BUP induce una especie de corte de boleta “pre-determinado”. Pero como la BUP no altera el carácter de la lista “cerrada y bloqueada” (la ciudadanía vota una lista completa en la que no pueden elegirse o desecharse candidatos), el fenómeno de la tracción “desde arriba” se traslada a los niveles sub-nacionales. Si a esto agregamos que en la BUP hay un espacio físico muy limitado para mostrar sólo los primeros candidatos e insertar la foto de quienes encabezan la grilla, entonces habrá mayores incentivos para poner al frente al dirigente más taquillero. De ahí a la proliferación de candidaturas testimoniales hay un breve paso.

A diferencia de lo que sucede en otros países latinoamericanos –donde la normativa obliga a un funcionario en ejercicio a renunciar varios meses antes de presentarse a elecciones para un cargo diferente- entre nosotros no hay una restricción equivalente. Si bien hubo algunos proyectos legislativos orientados a dificultar la postulación de candidaturas testimoniales, esas iniciativas cayeron en saco roto. Así, es  probable que estemos a las puertas de un renovado ciclo de testimonialismo: “si en el distrito de al lado encabeza la lista el intendente, y le va bien, por qué no vamos a repetir el truco nosotros”, empieza a escucharse con insistencia por ahí.   

A esta altura del partido debería quedar claro que las candidaturas testimoniales son un engaño: le decimos a la ciudadanía que fulano o fulana asumirá un compromiso de representación por un período completo, que impulsará tales proyectos, que defenderá ciertos reclamos, etc., pero antes de asumir –o después de un breve tiempo- ese fulano o esa fulana pide alegremente licencia al cargo para el que fue votado/a.

Si Ud. contrata a un abogado para defenderlo en un juicio o a un médico para una operación, ¿qué pensaría de ese profesional si lo abandonara antes de presentarse ante el juez o lo dejara plantado en el quirófano mientras le están inyectando la anestesia? ¿Por qué en el caso de los dirigentes políticos habría de ser distinto? Quienes creen que las falsas candidaturas deben anotarse en el interminable arsenal político de la picardía criolla, pierden de vista un dato elocuente: grandes porciones de la ciudadanía muestran una constante y creciente desafección hacia la vida política; y un segmento nada desdeñable está dispuesto a votar a cualquiera que proponga acabar con los privilegios de la “casta”.    

Me sigo anotando entre los que creen que la BUP es un avance respecto de las boletas partidarias tradicionales, pero también creo que mejorar el vínculo democrático  entre ciudadanía y política es un desafío que seguimos teniendo delante de nosotros. Y sobre todo, en materia de cambio institucional, nunca hay que perder de vista que hecha la ley, hecha la trampa; y que el diablo está en los detalles.