Recientemente, una auditoría del ministerio de Capital Humano delató una preocupante situación vinculada a la asistencia alimentaria proporcionada por el Gobierno anterior. Según la investigación, cerca de la mitad de los comedores populares que recibían apoyo estatal eran inexistentes y en uno de ellos, incluso, funcionaba un barrio privado.

En concreto, más de más de 2600 establecimientos presentaron serias irregularidades y no consiguieron revalidar su condición como comedores o merenderos. Esto refleja un evidente descontrol en el uso y manejo de los fondos para alimentos por parte de funcionarios y referentes de movimientos sociales.

Lo preocupante es que no es la primera vez que sucede este tipo de cosas. Según se evidencia en el Informe de Gestión del 2019, cuando Cambiemos llegó al Gobierno nacional la nueva administración, a cargo de Carolina Stanley, también auditó el otorgamiento de fondos para la implementación de políticas sociales.

En esa oportunidad se habían auditado cooperativas y no comedores, pero los resultados fueron similares. En el 93% de los casos, las cooperativas presentaban irregularidades de distinto tipo ante el Instituto Nacional de Economía Social (INAES) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Aquella vez, lo sorprendente es que los cooperativistas ni se conocían, porque muchas cooperativas fueron generadas “en escala” sin que existiese “affectio societatis”. De esta forma, eran muy pocas (7%) las cooperativas que realmente producían algo o brindaban algún servicio registrado a nombre de la cooperativa.

Por ese entonces, muchas cooperativas funcionaban con irregularidades como cheques sin fondos, graves fallas en el otorgamiento de matrículas, dinero de dudosa procedencia, y personal que recibía salarios sin asistir a sus puestos de trabajo. En muchos casos, también, se desconocían los clientes de las cooperativas, no había registro del origen de ciertos fondos, y no se efectuaban los controles internos que debían efectuarse en cada operatoria.

Esto terminó siendo determinante en el desprestigio y posterior desmantelamiento de programas sociales insignia del asistencialismo kirchnerista como el Argentina Trabaja y el Ellas Hacen, programas que, pese a su mal funcionamiento y sus escasos resultados, tenían nobles objetivos. El problema, entre otros, es que hay organizaciones que terminan apropiándose no sólo de puestos en el Estado, sino de parte de los presupuestos, dificultando que los programas sigan los lineamientos propuestos y moderando el debido impacto de las políticas sociales.

En suma, el mal manejo de “lo social” y los magros resultados económicos de la última gestión son una buena variable explicativa para entender la llegada de Milei a la Casa Rosada y, peor aún, el retorno de las ideas menemistas al poder que se ven reflejadas en el busto del ex presidente que se emplazó en estos días. Las políticas sociales sostenidas durante el primer período kirchnerista (2003-2015) redujeron temporalmente la pobreza pero no interrumpieron la reproducción intergeneracional de la misma y la reciente etapa de la administración Fernández-Fernández (2019-2023) empeoró aún más la situación manteniendo los mismos defectos de manejos espurios del presupuesto y cosechando pésimos resultados.