A inicios de agosto, el superministro de Economía, Sergio Massa, expresó la intención del gobierno nacional de llevar adelante un “reordenamiento” de los planes sociales durante los próximos 12 meses. Por esta razón, el titular de la cartera de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, convocó a intendentes del Conurbano para organizar las auditorías que comenzaron a mediados de ese mes.

Cabe resaltar que auditar los planes sociales no tiene en sí mismo nada innovador, es algo que ya venía realizándose durante la gestión de Cambiemos (2015-2019).  Para ejemplificar, se puede hacer mención de la Resolución 1659/2016 del Ministerio de Desarrollo Social mediante la cual se les exigía a las cooperativas que brinden información mensual sobre el manejo de sus cuentas. En esa oportunidad, los resultados de dichas auditorías realizadas al Instituto Nacional de Economía Social (INAES) fueron transparentados y difundidos mediante medios de comunicación. Particularmente, en una nota publicada en La Nación (titulada “Miles de cooperativas quedaron bajo sospecha por lavado”) se menciona que en miles de casos no se reconocían los clientes de las cooperativas, no había detalles del origen de los recursos que se manejaron y no hubo controles internos sobre su operatoria. A partir de entonces, (segundo semestre del 2016) se determinó que los movimientos sociales que manejaban las cooperativas no estarían a cargo de los programas sociales y que estos planes serían distribuidos, manejados y controlados por funcionarios del Ministerio nacional.

Ahora bien, ¿cómo funcionaron esas auditorías? En primer lugar, se debe señalar que hubo auditorías de dos tipos: auditorías internas y auditorías externas. Las primeras se usaron para esbozar la recomendación de los posibles pasos a seguir para procurar corregir falencias detectadas. Estas observaciones tenían como objetivo incrementar la eficiencia y eficacia en el control interno y preservar la integridad del patrimonio público, trabajando coordinadamente con la Unidad de Auditoría Interna (UAI) y proponiendo investigaciones exhaustivas sobre aquellos expedientes en los cuales se advierten irregularidades o deficiencias de gestión de los programas.

Por otro lado, las auditorías externas eran realizadas, lógicamente, por organismos de supervisión y control externo por fuera de la estructura del propio Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Éstas tenían un papel importante en la prevención de la corrupción, la estructura del control y el desempeño general del organismo. En este sentido, fue necesaria la coordinación con las líneas de defensa internas, los auditores externos y los organismos de supervisión y control externo para poner en consideración instancias adicionales, y ofrecer garantías en relación a que el organismo asuma un enfoque proactivo para prevenir y disuadir actos de corrupción. Por caso, la Secretaría de Economía Social trabajaba conjuntamente y coordinadamente con la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación, y en convenios suscritos para investigar irregularidades en la implementación de los programas que se dejan a resguardo de las facultades de control y supervisión de los organismos de contralor, como también la obligación del contratante de mantener a disposición la documentación de respaldo por el término de diez años.

Posteriormente, se creó un “canal de reporte de irregularidades” que puso bajo supervisión continua a las políticas sociales más relevantes de esos años: el Hacemos Futuro y el Salario Social Complementario. En ese marco, según figura en el Informe de Gestión (2015-2019), se detectaron más de dos mil casos de exigencias de aporte y asistencia a marchas por parte de las organizaciones sociales a los beneficiarios de los distintos programas mencionados. Así, se crearon sumarios administrativos para corregir y prevenir nuevos sucesos, pero está a la vista  que nada ha cambiado desde entonces. Por el contrario, ahora se transparentó y se hizo público que organizaciones como el Polo Obrero le exigen el 2% del monto percibido a los beneficiarios de programas sociales para financiar a dicha agrupación.

Ahora bien, pese a que la intencionalidad de hoy en el Ministerio de Desarrollo Social parece ser la misma, el proceso actual que busca implementar auditorías a los planes sociales presenta varias diferenciaciones. Inicialmente, dada la micro-interna que se vive al interior del organismo entre Zabaleta y Pérsico (de la cual ya se habló en una nota publicada en este mismo medio), la máxima autoridad ministerial tuvo que ceder ante las demandas de su subordinado. Es decir, el Ministro Zabaleta “consensuó” la posibilidad de auditar a los movimientos sociales de la forma en que quiso el Secretario de Economía Social, Emilio Pérsico. Esto, que parece descabellado y podría interpretarse como un vacío de poder,  no parece tan extraño en el marco de un Gobierno nacional en donde la vicepresidenta concentra muchísimo más poder que el mismísimo Presidente de la Nación. De esta forma, en este contexto no parece llamar la atención que Emilio Pérsico, el representante de los movimientos sociales (y “gerente” de la pobreza) dentro del Ministerio, le imponga al propio Ministro cómo deben realizarse las auditorías de las organizaciones.

Es más, no conforme con determinar el “cómo”, el Secretario de Economía Social y referente del Movimiento Evita también impuso “a quiénes”. Según informaron varios medios, Zabaleta accedió a la demanda de Pérsico mediante la cual el Ministerio debía auditar no sólo a los beneficiarios de programas sociales que fueran miembros de las organizaciones, sino también a intendencias, gobernaciones, ONGs e iglesias. De esta forma, Pérsico no sólo logró “proteger a los suyos”, sino también embarrar y “marcarle la cancha” a los otros.

La trascendencia de este suceso pasó desapercibida en varios medios de comunicación y no fue objeto de análisis por parte de ningún analista. No obstante, hay que remarcar que corresponde a un hecho casi sin precedentes en la historia política reciente. Cabe recordar que el Secretario de Economía Social de la gestión anterior, Matías Kelly, no hubiese sido capaz de imponerle condiciones a la Ministra de aquel entonces, Carolina Stanley. Remontándonos aún más en el tiempo, difícilmente el anterior Secretario de Economía Social le hubiese impuesto condiciones a Alicia Kirchner. Justo a ella, con todo el capital político que concentraba al ser la hermana del popular ex presidente y la cuñada de la mujer más poderosa del país.

En suma, no hay nada nuevo en auditar las políticas sociales. Lo novedoso, en esta oportunidad, es la forma y el contexto en la cual se llevó la negociación para determinar cómo realizar las auditorías y a quiénes auditar. Habrá que esperar para conocer el resultado de las investigaciones en curso. Dicho informe llevará a un nuevo capítulo en la disputa entre Zabaleta y Pérsico. Éstos, por su parte, deberán decidir si trabajan juntos “con complicidad” para tapar los agujeros y esconder debajo de la alfombra las irregularidades que presenta la implementación de políticas como el Potenciar Trabajo, o si deciden “ensuciar” a otros actores políticos y sociales con alguna intencionalidad política-electoral en particular de cara a las internas que la coalición oficialista probablemente lleve a cabo en las próximas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para definir las candidaturas.