El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a la Vicepresidente Cristina Fernández, considerándola penalmente responsable del delito de administración fraudulenta; en perjuicio de la administración pública, pero la absolvió en torno a la imputación de asociación ilícita conocida como “Vialidad”. Es la primera vez que a un Vicepresidente en ejercicio es condenado por corrupción. Ya que Amado Boudou fue condenado posteriormente a ocupar su cargo. Si bien el proceso no culminó porque es apelable,tiene ribetes que no son judiciales sino políticos.

Cuando el Fiscal Diego Luciani acusó a la funcionaria en agosto de este año, se profundizaron las críticas a todo el Poder Judicial por parte del oficialismo. Incluso del propio Presidente de la Nación. El grupo gobernante reduce la crítica en el “lawfare”, un neologismo inglés: law=ley, warfare=guerra, es decir que cada acusación a un político sería una “guerra judicial”; en una versión más castellana también se habla de “Partido Judicial”. Los argumentos más usados son: que los jueces no son sometidos al sufragio popular, que por su propia estirpe están en contra de los intereses populares, que responden órdenes de los grandes medios de comunicación. 

De la propia página oficial del Estado Nacional, de una manera irregular, publica una nota informando sobre el fallo https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-condena-la-vicepresidenta-cristina-fernandez-de-kirchner-constituye-un-ataque-al-proceso, pero denunciando que “La situación actual del funcionamiento del Poder Judicial y sus relaciones oscuras con el poder político y económico, que hoy cuenta con una sentencia ilegítima en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández, implica exponer la responsabilidad del Estado argentino ante los organismos internacionales, quienes deberán realizar un escrutinio exhaustivo sobre estos procesos judiciales irregulares”. Así, la página oficial del Estado, denuncia a uno de sus poderes.

A horas del fallo, el Presidente de la Nación realizó una cadena nacional en la que ordenó denunciar a jueces por unos chat obtenidos vía hackeo, el mismo Alberto Fernández reconoció “No dejo de advertir que lo que ha trascendido es, aparentemente, el resultado de la intromisión en una plataforma de comunicación. Pero eso no es obstáculo”. Es decir, los medios son turbios pero lo importante es la verdad.

Lo paradójico es que la teoría dice que para que este término tenga vigencia (lawfare) se requieren de tres protagonistas El amigo oficialista que detenta el poder, el enemigo opositor al cual se le declara la guerra judicial y, por último, quienes conducen el emprendimiento bélico a favor del poder de turno, quienes ofrecen el alejamiento judicial de las normas como proyectiles (algunos miembros del sistema judicial). Aquí no se produce nada de ello, por el contrario, quien es condenada, es la detentadora del poder en Argentina, por ser Vicepresidente y la figura política más importante del país.

Más aún, los jueces que la condenaron fueron nombrados por el kirchnerismo: Rodrigo Gimenez Uriburu, designado el 12 de Septiembre de 2011, en el final del primer gobierno de Cristina Fernández. Andrés Basso, designado el 25 de septiembre de 2015, durante el gobierno de Cristina Fernández. Jorge Gorini, fue nombrado Juez por Néstor Kirchner y también por Cristina Fernández. Los tres fueron elegidos por la hoy Vicepresidente; seleccionó de una terna, es decir podía haber seleccionado a algún otro, y no hizo. En aquél momento los consideró idóneos.

En el medio de todo esto, la Vicepresidente fue víctima de un atentado. Esto abre un nuevo escenario en el debate jurídico/político. No sólo el Poder Judicial la persigue sistemáticamente, sino que la oposición busca terminar con su vida.

Carl Schmitt consideraba que hacer política es construir un enemigo, así para este autor "Enemigo es sólo un conjunto de hombres que siquiera eventualmente, de acuerdo con una posibilidad real se opone combativamente a otro conjunto análogo. Sólo es enemigo el enemigo público, pues todo cuanto hace referencia a un conjunto tal de personas, o en términos más precisos a un pueblo entero, adquiere eo ipso carácter público”.

Dicho todo esto, la verdad le importa a muy pocos. Para el oficialismo y sus seguidores, son perseguidos políticos y no requiere el menor análisis. Para la oposición, el kirchnerismo es sinónimo de delincuencia. Su condena se justifica más allá de los argumentos jurídicos.

La realidad, por lo menos para mí, tan relativa, aunque sin la efervescencia subjetiva, es que el año que viene vamos a cumplir 40 años de vida democrática. La corrupción en la Argentina de la vida cotidiana, y la política se inscribe en ello; es estructural. Pocos dirigentes políticos han terminado en una prisión, esto lejos de un lawfare parece una suerte de complicidad. A punto tal que, en este caso en particular, si Cristina Fernández, dentro de 10 meses quisiera ser candidata a Presidente, o el cargo que fuera, podría serlo. Y su condena firme podría tardar unos 5 años, por tanto inefectiva.

Cualquiera puede apelar a la persecución política, pero lo cierto es que ningún político en los 106 años desde que nació la democracia en la Argentina, murió detenido en un penal. Esta no será la excepción, pero como en este caso, nunca jamás nos enteraremos  la verdad. Peor aún, a pocos le interesa la misma. Cada grupo ya prejuzgo su veredicto.