Pasaron varias semanas desde el rechazo al DNU 70/23 por el Senado, y los partidos de la llamada “oposición” no han hecho nada para su tratamiento en Diputados. Al contrario, han usado el rechazo para intensificar las negociaciones con el gobierno nacional. Milei aprovecha este tiempo ganado para profundizar la ofensiva contra los trabajadores y generar efectos jurídicos con la vigencia del DNU.

Los gobernadores y bloques parlamentarios de la oposición siguen negociando la “ley ómnibus”, mientras el gobierno ejecuta despidos masivos en el Estado -ellos mismos aplican en muchas de sus provincias despidos similares-, modifican por DNU la movilidad previsional para dejar de por vida las jubilaciones en el piso más bajo de décadas, liquidan el FONID a los docentes, y reduce el subsidio al transporte, entre otros. 

Con la certeza de que los gobernadores no abandonarán la mesa de negociación, Milei lanza  la ofensiva contra las 13 cajas previsionales que están en manos de los Estados locales, aunque debió retroceder y subordinar los envíos a una “auditoría”. La única “compensación” que el gobierno nacional estaría dispuesto a llevar adelante sería la reposición de ganancias sobre los salarios, a todas luces, un golpe durísimo sobre los trabajadores, que sufrirían una reducción de sus salarios cuando la inflación en todos los casos supera los ajustes salariales pactados por los sindicatos.

La CGT no sale de su estado de letargo. Al igual que la oposición patronal, su presión para que el Senado rechace el DNU 70 no era otra cosa que un recurso para forzar al Gobierno a una negociación. Los capos de la CGT trajinaron por todos los cónclaves empresariales diciendo que estaban dispuestos a negociar una reforma laboral, siguiendo la orientación de CFK en su carta pública sobre el gobierno de Milei. Allí, la ex presidenta afirma que está a favor de una nueva reforma laboral, así como también de avanzar en las privatizaciones y la enajenación de los recursos naturales. Desde el radicalismo, Martín Lousteau,  señaló que la eliminación de los derechos laborales sería necesaria para el sostenimiento de las PyMEs y una medida inevitable ante el desarrollo de las nuevas tecnologías. Así, en nombre de la modernidad quieren llevar a los trabajadores a la situación del siglo XIX.

Ante esta situación es necesario desarrollar una delimitación sobre una base de clase: de un lado están los que quieren derrotar a Milei ahora, mediante la acción directa de los trabajadores; y del otro lado, los que quieren colaborar con el gobierno, sea votando la ley Bases o los jueces presentados para integrar la Corte Suprema de Justicia.

Es necesario superar los obstáculos que imponen la burocracia sindical y la oposición patronal para poder generalizar la respuesta popular a la ofensiva capitalista comandada por Milei. Dado el nivel de la ofensiva planteada por el gobierno, esa acción directa debe tener como objetivo preparar la huelga general -es decir, una acción histórica de los trabajadores.

En función de este objetivo estamos impulsando la realización de una Asamblea Nacional de Trabajadores ocupados y desocupados, de las asambleas populares, del movimiento estudiantil y la cultura. Una asamblea de este tipo debería desarrollar medidas de acción que estén a la altura del plan motosierra y licuadora de Milei, en definitiva un plan de guerra, que debemos derrotar.