La Argentina se encuentra otra vez al filo del estrangulamiento externo con una deuda pública que se vuelve impagable, y como ocurrió tantas veces en el pasado, el FMI es un actor central de la crisis. Decimos que es un actor central por el monto sin precedentes del préstamo que otorgó el FMI al gobierno de Macri, por el “acuerdo” (que es siempre más imposición que acuerdo) en vías de renegociación, por las fuertes limitaciones que impone ese acuerdo a la política macroeconómica, y por las dificultades adicionales del particular contexto económico y político de la Argentina actual.

UN POCO DE HISTORIA

¿Cómo llegamos hasta acá? Brevemente, luego de la descontrolada acumulación de deuda y posterior default de la década de 1990, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner iniciaron un ciclo virtuoso de reducción de la deuda pública (desendeudamiento), sobre todo de aquella deuda denominada en divisa. Este ciclo terminó cuando asumió Macri en 2015: se retomó una senda de endeudamiento vertiginoso, llevando al país al borde de un nuevo default. El default se evitó a mediados de 2018 con un escandaloso préstamo solicitado al, y otorgado por, el FMI. De esta forma, Macri entregó el control de la política macroeconómica argentina al control directo del FMI, control del que había logrado zafar el gobierno de Néstor Kirchner cuando canceló la deuda con la institución en enero de 2006.

Decir que el préstamo otorgado por el FMI al gobierno de Macri fue escandaloso no es mera retórica. En efecto, hay múltiples razones que avalan ese calificativo. En primer lugar, hubo por lo menos dos violaciones al estatuto del FMI. La primera está vinculada al monto del préstamo. Por estatuto, el FMI no puede prestar a un país miembro un monto mayor al 435% de su cuota de membresía. Sin embargo, el monto del préstamo fue de 57 mil millones de dólares, 1.100% de la cuota, en clara violación de su estatuto. En segundo lugar, el estatuto del FMI establece claramente que el préstamo no debe utilizarse para financiar la fuga de capitales. Sin embargo, como el mismo Banco Central de la República Argentina demostró en un informe, ese fue precisamente el destino que tuvo el préstamo del FMI: financió la fuga de capitales.

En tercer lugar, el staff técnico del FMI evaluó a la deuda argentina como insostenible. Esto significa que el FMI debió haber exigido al gobierno de Macri una reestructuración de la deuda privada existente antes de acordar un nuevo préstamo. Obviando las advertencias de sus propios técnicos, el FMI otorgó el préstamo sin reestructuración previa, tornando la estructura de deuda de la argentina todavía más insostenible.

Si estas violaciones de la propia legalidad del FMI no fueran suficientes, el cronograma de pagos acordado entre el FMI y el gobierno de Macri establecía que el monto entero del préstamo debía pagarse en tres años, un cronograma claramente incumplible dada la escasez de divisa que aquejaba al país y que había motivado la solicitud del préstamo.

A todas luces, el ilegal e irregular préstamo del FMI fue un préstamo político con objetivos múltiples. En primer lugar, según esto lo afirmó Mauricio Claver-Carone (representante de EE.UU. en la comisión directiva del FMI en el momento que se otorgó el crédito), el préstamo fue político con el objetivo de proveer oxígeno para estabilizar la macroeconomía y, de esta manera, incrementar las posibilidades de reelección de Macri y su modelo de negocios.

Sin embargo, a la luz de las negociaciones del gobierno de Alberto Fernández con el FMI queda claro un tercer objetivo, quizás de mayor peso que los anteriores: asegurarse que al margen de la orientación política de los eventuales gobiernos argentinos, el FMI tendría el control de la política macroeconómica por décadas, garantizando así la injerencia y los privilegios del capital financiero y las corporaciones estadounidenses en los asuntos del país y, como se ha visto claramente desde que asumió Biden, un renovado sometimiento argentino a los intereses geoestratégicos de los EE.UU., sobre todo en materia de recursos naturales como el litio.

SI NO HAY ACUERDO, ¿EL CAOS?

Las múltiples y escandalosas irregularidades del préstamo del FMI eran tales que ameritaban una investigación a fondo de la actuación del Fondo y del gobierno de Macri, incluyendo una evaluación si el préstamo debía pagarse y, en caso afirmativo, en qué términos, plazos, etc. De hecho, el mismo Alberto Fernández siendo candidato presidencial, mantuvo una reunión con representantes del Fondo en junio de 2019 donde detalló con lujo de detalles todas las irregularidades del crédito, tal como informó en el comunicado de prensa posterior.

Si uno se guiase por el comunicado, hubiese vaticinado una áspera negociación con el Fondo una vez ganadas las elecciones y un acuerdo que rompiera con las recetas históricas (y únicas) del FMI de ajuste, devaluación, eliminación de subsidios, altas tasas de interés, privatizaciones y flexibilización laboral. Sin embargo, el acuerdo eventualmente firmado por Alberto Fernández y Martín Guzmán fue un acuerdo clásico que, más que acuerdo, era un “contrato de adhesión”, según señala el vicepresidente mandato cumplido Amado Boudou. Tal es así, que ni siquiera se logró eliminar del “acuerdo” las escandalosas sobretasas que el FMI cobra a aquellos países con deudas mayores a la cuota establecida en el estatuto.

Uno de los principales argumentos de los que desde el oficialismo defendían a capa y espada el acuerdo, fue que de no firmar, la Argentina caería en un caos económico similar al del comienzo del corriente siglo. Claramente no podemos saber qué hubiese pasado de no llegar a un acuerdo, sólo podemos especular. Sin embargo, sí podemos ver qué ha pasado con la macroeconomía desde que se firmó el acuerdo y podemos afirmar que muchas variables macroeconómicas han empeorado sensiblemente.

En efecto, una publicación reciente del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) expone claramente lo desastroso que ha sido el acuerdo con el FMI: la inflación mensual promedio se duplicó (el promedio mensual diciembre2019 - febrero 2022 fue de 3,2% y el promedio desde el acuerdo hasta la actualidad fue de 6,4%), la tasa de interés de política monetaria se triplicó (de 51,9% en febrero de 2022 a 151,9% en la actualidad), el tipo de cambio oficial se incrementó por más del doble, y cayó en ingreso real promedio.

En otras palabras, los resultados de todo acuerdo con el FMI: más inflación, devaluación, tasas de interés que favorecen la especulación financiera y atentan contra los sectores productivos, y caída de los ingresos reales de los trabajadores. Cabe señalar que no existe en la historia del FMI un acuerdo que haya funcionado para reactivar la economía y mejorarle la vida a les trabajadores. El acuerdo actual no es la excepción.

Por lo tanto, cabe preguntarse: ¿este desastre macroeconómico era necesario para evitar el caos? Parecería, más bien, que las alternativas son el supuesto caos inmediato (pero liberándose de la tutela del FMI), o el caos prolongado con final y plazos inciertos tutelados por el Fondo.

¿QUÉ HACER?

Está claro que el principal cepo a la actividad económica en la Argentina hoy es la deuda con el FMI y los acuerdos que someten el control de la política macroeconómica a las directivas de Wáshington, que sólo perjudican a los países que las implementan, como nuestra historia de los últimos 50 años demuestra. Los resultados hasta ahora indican que seguir por el camino del acuerdo es llevar a una crisis prolongada con salida incierta. Por lo tanto, ¿qué alternativas tenemos?

Partimos de la premisa que en este momento, con elecciones a la vista y con una fuerte necesidad de estabilidad y previsibilidad por lo menos hasta diciembre, un default con el FMI no está en las cartas (aunque estaría más que justificada por las irregularidades descriptas más arriba). Por lo tanto, Argentina necesita encontrar una salida que no sea el default pero que a la vez evite el cepo que inevitablemente implicaría un nuevo acuerdo en los términos tradicionales del Fondo.

En este sentido, es interesante la propuesta de Federico Pinedo, que en parte es compartida por algunos del campo nacional y popular: cancelar el acuerdo actual y presentarle al FMI un plan de pagos de la deuda, con plazos que se consideren factibles y sin las perniciosas y típicas condicionalidades fondomonetaristas. En este sentido, Argentina retomaría el control de la política macroeconómica, condicionando los pagos de la deuda a la evolución de la economía local y mundial y no hipotecaría el futuro de generaciones de argentinos.

En este sentido son interesantes las iniciativas del ministro Massa con respecto a Egipto, también atrapado en una deuda impagable con el FMI. La acción conjunta de los dos principales deudores del FMI puede mejorar las perspectivas de soluciones por fuera de las imposiciones habituales del Fondo. También es interesante la alternativa que se viene debatiendo de cambiar la deuda con el FMI por deuda con China. Claro que es necesario ver el costo financiero de esta alternativa, como así también las condiciones. No se trata de cambiar un verdugo por otro.

Por último, está claro que sea cual sea la alternativa, tenemos que generar la divisa necesaria para pagar la deuda, en los términos que sea. Es fundamental que esto no sea a costa de un extractivismo exacerbado que termine devastando los recursos naturales y el medio ambiente del país. También es fundamental que no sea a través de mayor precarización laboral, para lograr “competitividad” como proponen los candidatos de la derecha vernácula. En resumen, que la Jujuy de Morales no sea el modelo.

Si una cosa queda clara de la experiencia argentina con el FMI, es que nunca más debemos recurrir al FMI. No sería descabellado proponer la cancelación de la membresía en ese club del terror para inhibir futuras pulsiones neoliberales autodestructivas. Es menester cerrar el ciclo abierto por la revolución fusiladora (como llama Boudou a la mal llamada “revolución libertadora”, que nos asoció al FMI) y recuperar las banderas de soberanía política e independencia económica para profundizar la justicia social.