La promesa de una recuperación económica se desvanece frente a la dureza de los datos. Lejos de un repunte en la productividad o el consumo, la realidad que atraviesan millones de hogares argentinos es la de una crisis que golpea directamente el bolsillo. Un informe reciente del Instituto Argentina Grande pone cifras a esta situación: la tasa de morosidad en créditos personales alcanzó en junio de 2025 el 5,2%, la cifra más alta en 16 años. Este número, que no se veía desde la crisis de 2009, se complementa con 66.959 cheques rechazados (mayoría de PyMEs) en el mismo mes, un volumen que recuerda a los peores momentos de la pandemia.

Este sobre-endeudamiento familiar no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de un modelo que combina la caída de los ingresos con el encarecimiento del crédito. Según el mismo informe, el salario de los trabajadores públicos nacionales se desplomó un 33,2% desde noviembre de 2023, mientras que el de los privados registrados también muestra un retroceso. En este contexto, no sorprende que el Índice de Confianza del Consumidor (ICC), medido por la Universidad Torcuato Di Tella, haya registrado una caída mensual del 13,87% en agosto de 2025, con un retroceso mayor en los hogares de menores ingresos (-18,33%). La gente no solo tiene menos dinero, sino también menos esperanza.

EL CHANGUITO VACÍO Y LA TARJETA AL ROJO VIVO

El deterioro de los ingresos se refleja directamente en los patrones de consumo, que muestran una profunda fragmentación social entre niveles de ingreso y debilidad. Las ventas en supermercados, aunque con un leve repunte estadístico, se mantienen en pisos históricos. Pero el dato más alarmante es la caída en el consumo de bienes esenciales: la canasta de bienes no durables (alimentos y medicamentos) se encuentra un 8,3% por debajo de junio de 2023 (según el indicador de consumo del IAG). Particularmente, la venta de medicamentos marcó su peor nivel en la serie histórica reciente, un hecho que se vincula directamente con la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados y los recortes en la cobertura del PAMI.

Frente a la escasez de efectivo, la tarjeta de crédito se ha convertido en una herramienta de supervivencia. En junio de 2025, el 45,7% de las compras en supermercados se realizaron con tarjeta, un nivel históricamente alto que se mantiene desde hace diez meses. Este comportamiento, que en un principio podía interpretarse como una estrategia para licuar gastos en un contexto de alta inflación, hoy revela una realidad más cruda: los salarios de vastos sectores sociales no alcanzan para llegar a fin de mes.

UN MODELO QUE DESTRUYE EL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN

La crisis no se limita al consumo. El aparato productivo del país sufre una parálisis que se traduce en cierre de empresas y destrucción de empleo. Desde la asunción del presidente Milei, se perdieron 98.800 empleos privados registrados y desaparecieron 15.564 empresas entre noviembre de 2023 y mayo de 2025. Esta sangría laboral no es homogénea. El modelo actual beneficia a sectores de enclave, como la explotación de recursos naturales de bajo valor agregado adicional, que son incapaces de absorber la mano de obra expulsada por la industria y la construcción. Por ejemplo, mientras la Provincia de Buenos Aires perdió 33.156 empleos privados, Neuquén, impulsada por Vaca Muerta, solo generó 6.151. La cuenta no cierra: por cada 10 empleos que se destruyen en el corazón industrial del país, apenas se crean 1,8 en la Patagonia. Los sectores más golpeados son aquellos que más empleo generan. La construcción lidera la caída con la pérdida de 59.800 puestos de trabajo, seguida por la industria manufacturera con 33.100 empleos menos. En contraste, los únicos rubros que muestran un saldo positivo son la agricultura y el comercio, aunque con un crecimiento que no compensa ni de cerca la destrucción generalizada.

Los distintos torniquetes monetarios, cambiarios y las tasas súper altas para sostener el endeble equilibrio, están empujando a la economía a ningún crecimiento en 2025: diciembre 2025 sobre diciembre 2024 quedaría igualada, y el crecimiento 2025 sería sólo estadístico por la caída del primer semestre de 2024.

El Panorama Laboral 2024 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte sobre la persistencia de brechas estructurales y la urgencia de abordar la informalidad, que afecta a uno de cada dos trabajadores en la región. La situación de los jóvenes es particularmente alarmante, con una tasa de desocupación que casi triplica la de los adultos. La falta de un modelo productivo inclusivo no solo frena el crecimiento, sino que condena a las nuevas generaciones a un futuro de precariedad.

OBRA PÚBLICA PARALIZADA: EL COSTO DE NO INVERTIR

El ajuste fiscal, presentado como la piedra angular del programa económico, se ha ejecutado con un costo social y productivo altísimo. La inversión en obra pública, medida a través del gasto de capital, se desplomó un 85% entre julio de 2023 y julio de 2025 en términos reales. Este recorte drástico se ha convertido en una característica estructural del modelo, con un impacto directo y medible en la calidad de la infraestructura del país.

Sobre la infraestructura vial también se registran problemas. En solo un año de gestión de Milei, el porcentaje de rutas nacionales en buen estado cay�� del 54,9% al 47,5%, mientras que la proporción de rutas en mal estado trepó del 23% al 29%. Hoy, casi un tercio de la red vial nacional presenta un deterioro importante, una cifra peor que la registrada al final de la gestión de Mauricio Macri. Lo llamativo del caso es que hasta al Sociedad Rural le reclama al gobierno que active estas obras necesarias para transportar la producción.

Esta desinversión es una decisión fiscal de corto plazo con consecuencias económicas a largo plazo. Según datos de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), el costo de recuperar la infraestructura vial dañada es diez veces mayor que el de mantenerla en buen estado. El gobierno no solo no está construyendo los kilómetros de autopistas prometidos, sino que está dejando que se destruya lo existente, comprometiendo la seguridad vial, encareciendo la logística y aislando a comunidades enteras.

LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, DIQUE DE CONTENCIÓN

Frente al retiro del Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires emerge como una jurisdicción que no solo ha resistido el ajuste, sino que ha incrementado su inversión en obra pública. Mientras el gasto de capital de la Nación se derrumbaba un 64,5% en el último año (acumulando los 4 trimestres que terminan en el 1er trimestre de 2025), la inversión de la provincia creció un 26,2% en términos reales en el mismo período.

Este esfuerzo fiscal se traduce en un intento por sostener la actividad y proteger el empleo en el distrito más poblado e industrial del país. Sin embargo, el esfuerzo provincial no puede compensar la asfixia financiera a la que el gobierno nacional somete a todas las jurisdicciones. Los recursos de origen nacional que recibieron las provincias cayeron un 15% en 2025 en comparación con 2023. Las transferencias no automáticas, una herramienta clave para financiar obras y programas, sufrieron un recorte brutal del 78%.

UN FUTURO DE ENCLAVES Y EXCLUSIÓN SOCIAL

Los datos analizados pintan un panorama sombrío. El modelo económico actual no está sentando las bases para un crecimiento sostenido e inclusivo. Por el contrario, está configurando una economía de enclaves, donde unos pocos sectores vinculados a la exportación de materias primas (energía, minería) logran sobrevivir, mientras que la industria, la construcción y el comercio —los grandes generadores de empleo— se hunden en una profunda recesión. La falta de una política industrial, tal como advierte un documento de Fundar, es una de las grandes falencias del país. La industria no es un sector más: explica el 19% del valor agregado de la economía, genera más de 2,5 millones de puestos de trabajo y ofrece salarios un 42% más altos que la media del sector privado. Abandonarla a su suerte es renunciar a un pilar fundamental para el desarrollo.

La crisis del bolsillo familiar, el endeudamiento récord y la caída del consumo no son daños colaterales de un ajuste necesario, sino el resultado de un modelo que, hasta ahora, solo ha demostrado su capacidad para destruir la producción y el trabajo, deteriorar la infraestructura y agravar la exclusión social. La pregunta que queda abierta es cuánto tiempo más podrá sostenerse una recuperación basada en el superávit fiscal a costa del bienestar de la mayoría de la población.

En última instancia, el ajuste del gasto público y la política de altas tasas de interés no son fines en sí mismos, sino herramientas para alcanzar las metas fiscales exigidas por el FMI. A julio de 2025, el gobierno sobrecumplió la meta indicativa de superávit primario en $3,37 billones, según CEPA. Este resultado se logró a costa del recorte en jubilaciones, obra pública, transferencias a provincias y salarios estatales. La crisis del bolsillo familiar, por lo tanto, no es un efecto no deseado, sino la contracara necesaria de un modelo que prioriza el ordenamiento de las cuentas fiscales por encima de la producción, el empleo y la inclusión social.