Hace pocos días, el ministro de Economía Sergio Massa conminó a los empresarios del calzado y textil para que presenten un plan de adecuación de precios a futuro, contemplando un crecimiento menor a la evolución de la inflación del conjunto de la economía. 

Se acepta que la remarcación está asociada a los costos de producción, en parte derivada de incrementos de insumos importados, pero se reclama que se adecuen a una tendencia que debe orientarse a una reducción de precios, de lo contrario se les eliminarán diferentes beneficios fiscales y se abrirán las importaciones.

El problema es que en el último año el sector textil fue el de mayor remarcación de precios y, por ende, lideran el proceso inflacionario local en la coyuntura. Si el índice anualizado de inflación a septiembre fue del 83%, las prendas de vestir y calzado alcanzaron el 118%; y alimentos y bebidas sumaron 86,6%, también por encima del promedio general de suba de precios. 

Desde el Ministerio de economía se sostiene que, si no presentan ese plan antes del miércoles 26 de octubre, se abrirán las importaciones. Es un tema delicado ante las restricciones actuales para colectar divisas que acrecienten las reservas según reza el acuerdo con el FMI. Incluso, el presupuesto 2023 prevé una baja sustancial de las importaciones para potenciar el superávit comercial.

La preocupación deviene de un registro probable de inflación anual de tres dígitos, muy por encima de la inflación en ascenso del sistema mundial. 

El propósito esgrimido desde el gobierno apunta a “estabilizar” la economía, lo que supone una tendencia consistente a la reducción del índice inflacionario, tal como levemente ocurrió entre julio y septiembre pasado con índices de 7,4%, 7% y 6,2%. 

No es la primera vez que se esgrime el argumento de habilitar importaciones para frenar alzas de precios en la producción local. Hace poco, el funcionario utilizó el argumento de la importación de para condicionar las demandas salariales de los trabajadores del neumático en conflicto. En este caso, el anuncio fue que se permitiría a las fábricas que en lugar de producir puedan importar, cambiando de una lógica productiva a otra de tipo comercial, de servicios.

Ayer fue una amenaza a los trabajadores del neumático, y ahora a los empresarios textiles y del calzado. El problema apunta a las dificultades gubernamentales para disciplinar a trabajadores y patrones de distintos sectores de la producción para adecuar sus demandas de ingresos a los objetivos de las metas macroeconómicas y un plan económico autónomo, soberano, especialmente condicionadas por el acuerdo suscripto en marzo pasado con el FMI. 

Un acuerdo que obliga a una fuerte disminución del déficit fiscal, al incremento de las reservas y por ende a una promoción del superávit comercial que acerque divisas para asegurar los compromisos externos del país con el exterior.

En síntesis, el cuadro de situación es complejo, ya que el gobierno no parece estar definiendo el rumbo productivo, de la industria, en este momento de tendencias críticas en la economía local y mundial. 

La realidad es la imposibilidad de contener el conflicto social y económico, ya que en definitiva la inflación es producto de la puja distributiva, entre perceptores de ingresos, entre el capital y el trabajo, pero también entre distintas fracciones de los propietarios de medios de producción.

Más, aún, los fuertes condicionantes de la negociación de la deuda, sea con inversores privados o con el FMI, agrava los límites para una política soberana de producción industrial, en un marco de tendencia histórica de favorecimiento de la producción primaria.

Otros fueron los tiempos donde el país definió una política de industrialización que diversificó la producción local. 

Esa política resulta ajena a la lógica dominante de apropiación del excedente económico definido por la subordinación a una dinámica de acumulación primaria exportadora, de extranjerización y dependencia, fuertemente condicionada por el endeudamiento, un legado estructural de la dictadura genocida.