Obviamente, no deberían rasgarse demasiado las vestiduras muchos de quienes hoy esgrimen este argumento contra el gobierno de Javier Milei, teniendo en cuenta sus antecedentes, siendo esta una de las razones que el gobierno aduce contra parte de la oposición -en particular, contra quienes gobernaron hasta hace poco tiempo y que habrá que ver cuánto están dispuestos a negociar. Sin embargo, el gobierno tendría que saber que todo tiene un límite, más allá de que “no podemos ir al cielo en colchón de plumas”, como al parecer escribió alguna vez el humanista inglés Tomás Moro. Al margen de lo que haya querido significar el autor de Utopía, ello le cabe muy bien a todo político que se precie de tal.

En este contexto, parte de la ciudadanía que no se dedica a la política –tanto la que adhiere al gobierno como la que no- está expectante sobre cuáles serán los límites que se negocien ante las medidas libertarias propuestas por el actual ejecutivo nacional. Sería de esperar que esos límites los pongan las fuerzas políticas opositoras en el Congreso, tanto frente al DNU como al proyecto de ley, ambos “libertadores”según el gobierno. Aquí se abre la negociación y esperemos que los legisladores estén a la altura de las circunstancias. La relación gobierno/oposición siempre es fundamental y más aún en estos momentos, ante la zozobra de los argentinos que se hacen eco de la constante apelación de Milei a las fuerzas del cielo. Sea o no a modo de chiste, ya muchos podemos decir que nos brindamos a esas fuerzas, teniendo en cuenta la aceleración de la incertidumbre que estamos vivenciando. Los políticos del gobierno y de la oposición ¿también se librarán a las fuerzas del cielo o, como es propio de la política democrática, dialogarán en búsqueda de acuerdos y negociaciones que mejoren el bienestar de los ciudadanos?

Además de los magros y diversos niveles de bienestar, cabe agregar que si bien en la Argentina tanto los derechos civiles como los derechos políticos están vigentes,medir la democracia con solo esos indicadores haría que dejemos de lado la desdemocratización a la que venimos asistiendo desde hace tiempo. Y es que ya no sería tan solo la virtual vigencia y la gradación de esos derechos sobre lo que nos tendríamos que focalizar, sino que también tendríamos que preguntarnos cuál es la capacidad estatal heredada por los gobernantes recién asumidos y qué pretenden hacer con ella. Porque así como el sociólogo norteamericano Charles Tilly –para explicar la democratización o su contrario- nos señaló que es crucial, entre otras cosas, observar el incremento o la disminución de desigualdades y de centros autónomos de poder, a lo anterior se lo debe correlacionar con la baja o alta capacidad estatal. En efecto, según este autor, los gobernantes pueden tener mucha capacidad estatal o una muy débil; la cuestión central es si ella va en un aumento del bienestar de los ciudadanos o si, por el contrario, solo beneficia a pocos y atenta contra la mayoría.

Lo anterior nos remite, nuevamente, a la contradicción con la que comenzamos este breve escrito. En este marco, cabe resaltar las palabras de Tilly, quien sostiene que “tal como temen los anarquistas, libertarios y algunos conservadores, un Estado con capacidad extremadamente elevada permite a los gobernantes bloquear o socavar la democratización”. A pesar de que en el uso y el pedido de poderes extraordinarios que hace el gobierno se apela a la crisis sin igual que transita la Argentina, no deja de sorprender la paradoja que enfrenta el libertario: para achicar el Estado y desasnar regulaciones agobiantes, pide concentrar más Estado en sus manos. Ello nos hablaría de algo así como un libertarianismo desde arriba, lo que vuelve probable un desenlace desdemocratizador.

Ante esta situación y para finalizar, la pregunta que me hago es si los políticos-tanto los del gobierno como los de la oposición- están dispuestos a asumir que, en la hora actual, en definitiva son ellos quienes eligieron estar sobre un catre por demás terrenal en el que se están contraponiendo diversidad de intereses. Si no encuentran un equilibrio entre esta diversidad de intereses propios de cualquier sociedad, se corre el riesgo de que se profundice la desdemocratización y de que haya un Estado débil e incapaz de llevar adelante políticas públicas eficientes y eficaces.